La Gaceta Jurídica

La “justicia”, ¿está mal?

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 25 de enero de 2013

Sobre todo en el curso de los últimos años, se ha venido repitiendo que la justicia anda mal, la justicia es corrupta, la justicia siempre es venal, la justicia se atrasa tremendamente en los fallos, la justicia está enferma, la justicia está desprestigiada, y, así, podríamos seguir con más conceptos parecidos.

Pero aquellos no son correctos. Aclaremos primero, ¿qué debe entenderse por “justicia”? El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio dice que por justicia debe entenderse la “virtud que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde. En sentido jurídico, lo que es conforme al derecho”. Este último sentido no es muy exacto.

Por lo tanto, la justicia es un valor cuya efectividad y aplicación práctica siguen siendo un objetivo a perseguirse.

No acaba de entenderse que el tema que se analiza debe ser entendido desde dos puntos de vista que pueden estar directamente relacionados entre sí, pero que no son lo mismo.

En efecto, uno es el tema referido en forma directa a quienes son los operadores de la administración de justicia o sea, los que deben actuar en la tramitación y resolución de causas y en el manejo económico-financiero de aquella. Otro diferente es el que se refiere a las leyes y otras disposiciones legales que los magistrados y jueces deben aplicar permanentemente en la tramitación de las causas a su cargo.

En cuanto al primer aspecto, el mismo está directamente relacionado con el tema de organización y funcionamiento de los tribunales de justicia y también de los mecanismos de administración técnica, económica, financiera.

Lo anterior supone incluir, necesariamente, la respuesta a una interrogante básica: ¿quiénes deberían ser aquellos profesionales que deberían llegar a ocupar las funciones de magistrados, jueces y auxiliares de los tribunales de justicia? Este detalle nunca ha sido suficientemente analizado y menos resuelto.

Y es que aquí debería comenzarse el análisis desde la formación de aquellos futuros operadores de la administración de justicia. El tema debería comenzar desde las propias facultades de Derecho. Repito lo que me permitía señalar en años pasados cuando ejercía la cátedra en la Facultad de Sucre, e insisto en ello, que esas casas de estudio preparan fundamentalmente abogados “causídicos”, pero no preparan futuros jueces. Otro detalle dentro de este primer tema es el referido a la forma de elección y/o designación de los distintos operadores de la administración de justicia. Por lo general, el sistema vigente ha estado “politizado” y nunca ha existido una auténtica independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo.

La variante establecida entre las reformas constitucionales que dispuso el sistema de elección popular, previa “selección” de candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha resultado ser peor remedio que la enfermedad. En efecto, no se ha comprendido que “elegir” magistrados para de esta forma “garantizar” un correcto ejercicio de la tarea de tales es un craso error, porque aquellos y los jueces de todo nivel y jerarquía, conforman un grupo de funciones TÉCNICAS.

Y aquí está el principal problema. Quienes lleguen a ser operadores de la administración de justicia deberían asumir esas funciones y quienes hayan acumulado, comprobadamente, los méritos necesarios y así sí GARANTICEN, en la medida de lo posible, un desenvolvimiento idóneo, eficaz y sobre todo honesto.  Es decir que esos funcionarios, sin compromisos político-partidistas, se limiten a aplicar la normativa vigente. Sólo así se cortarían, quizás no en un cien por cien, los casos de corrupción.

Es que no es la justicia la que es CORRUPTA, son sus operadores, son los diferentes funcionarios del ahora llamado ÓRGANO JUDICIAL. Sólo las personas naturales cometen delitos. No es la JUSTICIA la que comete delitos.

Por tanto, es urgente ajustar los requisitos –actualmente muy esmirriados– para quienes postulen a magistrados, jueces y auxiliares o para cualquier otra función dentro de ese Órgano Judicial. También lo es modificar la forma o “elección”, vigente ahora, por otra que permita de alguna manera calificar los méritos de los candidatos sobre todo a magistrados y jueces.

El otro aspecto que queremos analizar rápidamente es el referido a la normativa que, sobre todo, magistrados y jueces están obligados a aplicar en cada caso que llegue a sus manos, en virtud de la jurisdicción y la competencia que ejercen en aquella calidad.

Dentro de este contexto aparece el otro gran estigma de la administración de justicia que la persigue hace ya décadas. Es el referido a la RETARDACIÓN DE CAUSAS.

Ya es conocido aquel concepto que dice que justicia tardía no es justicia. Hace poco se informó que, en todo el país, a fines de año había un rezago de alrededor de quinientas mil causas!!! Esta es una cifra escalofriante. Y lo peor es que la misma, tiende a crecer no sólo por el inevitable crecimiento poblacional, sino porque sobre todo no han desaparecido los motivos que originan aquél fenómeno.

Es que las cada vez más abundantes leyes sustantivas y adjetivas o procedimentales no se colocan junto a la nueva realidad que vive el país. En el campo penal el problema es patético. Ya deberían haberse aprobado algunas normas nuevas para, al menos, paliar este panorama. Pero tendremos que seguir esperando la reforma anunciada de los distintos códigos. ¿Para cuándo? De inmediato corrijamos al menos lo más urgente, por ejemplo, esas aberrantes características del recurso de nulidad y casación, que se acepta en todo y para todo.

*    Es abogado, analista constitucional y ensayista.

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