La Gaceta Jurídica

La justicia en manos de la comunidad

El 45% de los municipios de Bolivia no cuenta con un juez, según datos de la Defensoría del Pueblo. Del total de 337 municipios en todo el país, sólo el 23% tiene un fiscal y el 3% cuenta con un defensor público. Los centros de conciliación o mediación, que ayudan en casos especiales en el tema de justicia, sólo existen en áreas urbanas.

Los linchamientos son aún forma de confusión sobre la jurisdicción indígena cumunitaria.

Los linchamientos son aún forma de confusión sobre la jurisdicción indígena cumunitaria. Foto: Archivo La Razón

La Gaceta Jurídica / Infosurhoy

00:00 / 30 de octubre de 2012

La solución para la resolución de conflictos en áreas rurales que no cuentan con servicios de justicia es la justicia originaria indígena campesina, compuesta por autoridades, normas y procedimientos acordes a la tradición de los propios pueblos. La justicia originaria indígena campesina está reconocida oficialmente en la Nueva Constitución Política del Estado (ncpe) como un sistema parejo al de la justicia original.

La Constitución actual, en vigor desde 2009, es la primera en equiparar la justicia comunitaria con la ordinaria y con la agroambiental, que trata sobre conflictos emergentes de la posesión, derecho de propiedad y actividad agraria, así como de la actividad forestal y de uso y aprovechamiento de aguas.

Por mano propia

Debido a linchamientos que se produjeron desde los primeros años de la década pasada, el concepto de justicia comunitaria comenzó a criminalizarse.El caso del pueblo de Ayo Ayo, en el departamento de La Paz, es uno de los más conocidos.

El 15 de junio de 2004, Benjamín Altamirano, quien fuera alcalde del Municipio de Ayo Ayo desde 2001, murió después de haber sido secuestrado en la ciudad de La Paz, torturado y quemado. Los autores del linchamiento argumentaron que habían aplicado su sistema de justicia tradicional como castigo a los actos de corrupción que le atribuían algunos pobladores.

De los 25 imputados por la muerte de Altamirano, ocho fueron sentenciados a 30 años de cárcel.

Casos similares se fueron sucediendo hasta el punto de que el concepto de justicia comunitaria tuvo que ser rebautizado para aparecer en la Constitución 2009 como “justicia indígena originaria campesina”, explica Nelson Cox, director general de Justicia Indígena Originaria Campesina, unidad dependiente del viceministerio de mismo nombre.Sin embargo, los linchamientos continuaron.

Tipificación tradicional

En la noche del 14 de agosto de 2012, los brasileños Max Díaz y Jefferson Castro Lima fueron sacados de un cuartel policial por una turba de vecinos y quemados vivos en San Matías.

El pueblo está ubicado en el departamento de Santa Cruz, a 800 km de la capital, Santa Cruz de la Sierra, en la frontera con la ciudad carioca de Porto Limão.

Para las autoridades, lo que pasó en San Matías y en el altiplánico Ayo Ayo se trata de justicia por mano propia, o sea, un crimen. Todavía no hay culpables del caso del asesinato de los dos súbditos extranjeros y la fiscalía departamental, encargada de la investigación, no se pronuncia sobre el tema. El caso envolvió el acto violento de linchamiento, el cual es prohibido por ley.

Los ajusticiamientos, explica Cox, no son permitidos ni en el ámbito originario, ni en el indígena, ni en el campesino.

“La fenomenología de los linchamientos se presenta ante la falta de creencia del ciudadano en que la administración de justicia está respondiendo a cabalidad a sus expectativas de acceso a la justicia”, dice Cox.

Falta de profesionales

La falta de jueces y tribunales agrava el problema. Para una población estimada en 10,4 millones de personas, hay 764 jueces y tribunales en el país, según el Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (acnudh), de febrero de 2012.

Sin profesionales para todo el territorio, la justicia originaria indígena campesina tiene un importante papel pero no puede ser aplicada para solucionar todos los tipos de crímenes. Por ejemplo, los temas de terrorismo, asesinatos, narcotráfico y corrupción deben ser juzgados en la justicia ordinaria.Cox reconoce que el Estado no llega a todas las áreas de los municipios con la jurisdicción ordinaria, lo que “ha generado que exista mayor fortaleza en la institucionalización de lo que ya eran los saberes ancestrales”.

Uno de estos lugares dónde la justicia ordinaria no ha llegado es la ciudad de El Alto, urbe muy poblada colindante con la sede de gobierno.De decenas de postes de las escasas farolas de sus calles cuelgan muñecos ahorcados que portan un cartel con el mensaje: “Ladrón que sea pillado será linchado”. La costumbre también está en auge en los barrios populares de La Paz.

Los linchamientos han descendido durante los últimos cuatro años, según la acnudh. Sin embargo, según el informe de las Naciones Unidas, “no se han registrado avances en la mayoría de los procesos penales relativos a casos de años anteriores”.

Durante los primeros diez meses de 2011, la acnudh reportó 20 casos, entre linchamientos e intentos, que se saldaron con nueve muertos y 30 heridos. En el mismo periodo de 2010 fueron 45 casos de linchamiento o tentativa de hacerlo, con el resultado de 21 muertos y 58 heridos.

“En el Altiplano (en la parte occidental del país) es donde más se ve la violencia”, dice José Luis Vargas, experto en el tema y coordinador de proyectos de la Red Participación y Justicia (rpj), una asociación de organizaciones sociales.

En Bolivia, la justicia originaria indígena es una alternativa a la falta de jueces. La tradición de los pueblos bolivianos para juzgar crímenes puede acelerar las soluciones de conflictos en un país multiétnico del que el 62 por ciento de su población es indígena, según la acnudh.

“No creo que exista un pueblo indígena originario que no tenga su forma propia de administrar justicia”, comenta Vargas, quien apunta también las ventajas de este sistema frente a la jurisprudencia ordinaria: “Es rápida, gratuita y no está en manos de unos pocos”.

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