La Gaceta Jurídica

La justicia no responde a los indígenas de “El Retorno”

Siete meses de demandas

Los territorios Tacana, como los de otros indígenas, aún sufren avasallamiento.

Los territorios Tacana, como los de otros indígenas, aún sufren avasallamiento. Foto: ignorancia.org

La Gaceta Jurídica / Sonia Maldonado Poma

00:00 / 09 de agosto de 2013

Desde diciembre de 2012, los comunarios indígenas tacanas presentan recursos ante las autoridades correspondientes del departamento de Pando para hacer respetar sus derechos colectivos, reclamando su justo competencia en relación a la conservación de su territorio y respeto a la Madre Tierra.

El 31 de diciembre de 2012, los miembros del Directorio y comunarios indígenas de esa comunidad denunciaron ante el Ministerio Público, el Comando de Policía Amazónico y el Defensor del Pueblo de la ciudad de Riberalta a la familia Rivero Galarza por lesiones graves, privación de libertad, amenazas y allanamiento de domicilio y otros; de lo cual sólo el Defensor del Pueblo tuvo un acercamiento por los problemas suscitados, pero no así las instituciones públicas. Estas no emitieron respuesta alguna.

El 21 de enero de 2013 los comunarios de El Retorno presentaron las querellas correspondientes  por los delitos de tentativa de asesinato, amenazas, robo agravado y otros en contra de los señores Rivero Galarza, ya que existía el amedrentamiento a sus familias. Estas querellas fueron presentadas ante el fiscal de Distrito del Departamento de Pando y el Ministerio Público de Riberalta, pero no progresaron.

Como estas actuaciones no fueron atendidas en su momento, los comunarios indígenas determinaron recurrir a su ente matriz, la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob), para que realice las denuncias correspondientes en la ciudad de La Paz. Los hechos con toda la documentación pertinente fueron dados a conocer el 12 de marzo de 2013 ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia y el Defensor del Pueblo de Bolivia, solicitándoles se forme una comisión para que se investigue estos casos de violación de los derechos humanos. Tampoco se obtuvo respuesta.

Asimismo, el señor Ruperto Amutarui, Capitán Grande del Pueblo Indígena Takana OITA, solicitó al Ministro de Gobierno más uniformados policiales y condiciones para que éstos puedan cumplir con su trabajo, puesto que por falta de recursos su institución no podía cumplir el apoyo correspondiente a los pueblos indígenas.

Después de siete meses, los hechos son ampliamente conocidos porque una periodista de un matutino retomó el conflicto, aunque los hechos fueron dados a conocer en publicaciones de febrero y marzo, actualmente se hicieron públicas las violaciones cometidas en esta comunidad, pero ninguna autoridad a la cual se recurrió indica tener conocimiento.

Se ese modo, los comunarios que denunciaron esos atropellos se ven aún más desprotegidos, ya que no existe celeridad en las denuncias presentadas, siendo flagrantes las violaciones que los tacana sufren de parte de los barraqueros que saquean sus recursos naturales. Ellos hacen caso omiso a las denuncias presentadas, mientras los denunciantes pasan a ser denunciados.

Es de esperar que ahora que el Ministerio de Justicia y el Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina tuvieron conocimiento de estos hechos exista colaboración con las víctimas y se esclarezca y acelere el caso para hacer prevalecer los derechos colectivos de la comunidad Tacana.

Es abogada.

Tomado de: Boletín Sena Nº 167, 2 de agosto de 2013.

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