La Gaceta Jurídica

La justicia restaurativa en Bolivia: Sus fundamentos constitucionales

(Parte I)

Foto: www.biblio.dpp.cl

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Henry Álvaro Pinto Dávalos

00:00 / 24 de junio de 2014

“El fundamento del derecho de castigar, es la necesidad social de mantener las condiciones indispensables para la vida completa. Por tanto, si se ha violado una de esas condiciones, la primera cosa que se debe exigirse del culpable es que, en cuanto sea posible, vuelva a colocar las coas en su estado anterior, es decir, que repare el daño”.

Spencer

“Cuanto más tenga en cuenta la ley todos estos elementos y sepa buscar y encontrar la manera de que el ofendido obtenga una reparación pecuniaria aproximadamente justa, tanto más conseguirá disminuir en aquel el deseo de venganza.

Por consiguiente, el progreso en este sentido debe producir el efecto de dulcificar más cada vez aquellos sentimientos de venganza, que en su mayor fiereza existen cabalmente en la sociedad donde la acción de la justicia es débil e ineficaz.

En lugar de exigir el padecimiento del reo y su larga reclusión, el ofendido exigirá la reparación pecuniaria, con tal que esta no sea una irrisión, con tal que se compute con criterio amplio, con tal que el poder social no se limite a concederle un derecho, sino que obre con energía, para que el reo pueda sustraerse al cumplimiento que sobre él pesa”.

Garófalo

RESUMEN

Los sistemas tradicionales de justicia penal han concentrado su atención en la idea del castigo y la punición como elementos principales del proceso, situación que hoy en día se cuestiona a partir de la victimología y la criminología, a partir del concepto de justicia restaurativa que busca la armonía, el reencuentro y la recomposición del tejido social provocado por el delito, constituyéndose en una filosofía que nos invita a (re)pensar el problema central del Derecho Penal: la relación delito–infractor.

I. aproximacion conceptual a la justicia restaurativa

“¿Cuánto castigo necesita un ser humano para ser disuadido de su fechorías?”.

Nils Christie

A pesar de que no exista una sola definición que pueda asumirse como oficial, existiendo incluso varias denominaciones como “justicia comunitaria”, “hacer reparaciones”, “justicia positiva”, “justicia relacional”, “justicia reparadora” o “justicia restaurativa”1 empero, podemos mencionar algunas relevantes que describen de modo muy puntual los alcances y características de la justicia restaurativa.

Así, por ejemplo, según Julio Andrés Sampedro Arrubla, en su trabajo La Justicia Restaurativa – Una Nueva Vía, define a ella como:

“La justicia restaurativa constituye una visión alternativa del sistema penal que, sin menoscabar el derecho del Estado en la persecución del delito, busca, por una parte, comprender el acto criminal en forma más amplia y en lugar de defender el crimen como simple transgresión de leyes, reconoce que los infractores dañan a las víctimas, comunidades e incluso a ellos mismos; y por la otra, involucra más partes en respuesta al crimen, en vez de dar papeles clave solamente al Estado y al infractor, incluye también a las víctimas y a la comunidad. En pocas palabras, la justicia restaurativa valora en forma diferente el éxito frente al conflicto, en vez de medir cuánto castigo fue infligido, establece si los daños son reparados o prevenidos”2

El Manual sobre programas de justicia restaurativa de las Naciones Unidas (Office on Drugs and Crime)3, entiende la justicia restaurativa, como:

“Una forma de responder al comportamiento delictivo balanceando las necesidades de la comunidad, de las víctimas y de los delincuentes. Es un concepto evolutivo, que ha generado diferentes interpretaciones en diferentes países, respecto al cual no hay siempre un consenso perfecto”.

A su turno, José Benito Pérez Sauceda y José Zaragoza Huerta, en su trabajo titulado Justicia Restaurativa: del Castigo a la Reparación4, defiende a la justicia restaurativa como:

“Un proceso en el que las partes implicadas en un delito determinan de manera colectiva las formas en que habrán de manejar sus consecuencias e implicaciones. Representa una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y la equidad de cada persona, construyendo la comprensión y promoviendo la armonía social, a través de un proceso de sanación de las víctimas, los ofensores y la comunidad. Dicha respuesta se base en virtudes como: sensibilidad, apertura, confianza, esperanza y sanación”.

De igual modo, la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia Constitucional C 979-05, ha reconocido la justicia restaurativa como mecanismo alternativo para la resolución de conflictos, en los términos siguientes: “La justicia restaurativa se presenta como un modelo alternativo de la criminalidad, que sustituye la idea tradicional de retribución o castigo, por una visión que rescata la importancia que tiene para la sociedad la reconstrucción de las relaciones entre víctima y victimario. El centro de gravedad del derecho penal ya no constituiría el acto delictivo y el infractor, sino que involucraría una especial consideración a la víctima y el daño que le fue inferido.

Conforme a este modelo, la respuesta al fenómeno de la criminalidad, debe diversificar las finalidades del sistema. Debe estar orientada a la satisfacción de los intereses de las victimas (reconocer su sufrimiento, repararle el daño inferido y restaurarla en su dignidad), al restablecimiento de la paz social y la reincorporación del infractor a la comunidad a fin de restablecer los lazos sociales quebrantados por el delito, replanteando el concepto de castigo retributivo que resulta insuficiente para el restablecimiento de la convivencia social pacífica.

(…) El modelo de justicia restaurativa parte de la premisa de que el delito perjudica a las personas y las relaciones, y que el logro de la justicia demanda el mayor grado de subsanación posible del daño. Su enfoque es cooperativo en la medida que genera un espacio para que los sujetos involucrados en el conflicto se reúnan, compartan sus sentimientos, y elaboren un plan de reparación del daño causado que satisfaga interese y necesidades recíprocos”

En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, debemos indicar que el Anteproyecto de Código Procesal Penal presentado por el Ministerio de Justicia5 incorpora con eje transversal la noción de justicia restaurativa, definiéndola así:

“La justicia restaurativa se constituye en un mecanismo alternativo de enfrentamiento de la criminalidad, con el cual se modifica el entendimiento tradicional fundado en la idea de castigo o retribución, para optar por una visión basada en que para la sociedad no sólo tiene valor el castigo de la persona responsable sino que puede ser de mayor valía la reconstrucción de las relaciones que resultan afectadas con el delito, planteando un acercamiento entre víctima y persona infractora, siempre que medie la voluntad de las partes.

El modelo de justicia restaurativa parte de la premisa de que el delito perjudica a las personas y las relaciones, y que el logro de la justicia demanda el mayor grado de subsanación posible del daño, centrando su atención en la víctima. Su enfoque es cooperativo en la medida que genera un espacio para que las personas involucradas en el conflicto se reúnan, compartan sus sentimientos, y elaboren un plan o acuerdo de reparación del daño causado que satisfaga intereses y necesidades recíprocos”

Así, el artículo 29 del Anteproyecto del Código Procesal Penal de Bolivia, entiende así la justicia restaurativa:

“La justicia restaurativa es el proceso en el que la víctima, el ofensor, y cuando proceda, cualquier miembro de la comunidad, participan conjuntamente y de forma activa en la resolución del conflicto y en la reparación del daño causado por el delito, en busca de un resultado restaurativo.

Se entiende por resultado restaurativo, el acuerdo mediante el cual los intervinientes señalados en el párrafo anterior establecen las responsabilidades de los sujetos, la reparación integral de la víctima y la reintegración del imputado a la comunidad”6

Finalmente, también podemos citar  la Resolución 2000/14  de 27 de julio de 2000 emitida por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que establece los “Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal”, donde se incorporación los siguientes conceptos:

“I. Definiciones:

1. Por programa de justicia retributiva. Se entiende todo programa que utilice procesos retributivos e intente lograr resultados retributivos.

2. Por proceso retributivo. Se entiende todo proceso en que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador. Entre los procesos retributivos se puede incluir la mediación, la conciliación, la celebración de conversaciones y las reuniones para decidir condenas.

3. Por resultado retributivo. Se entiende un acuerdo logrado como consecuencia de un proceso retributivo. Entre los resultados retributivos se pueden incluir respuestas y programas como la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad, encaminados a atender a las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y del delincuente.

4. Por partes. Se entiende la víctima, el delincuente y cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito que participen en un proceso retributivo.

5. Por facilitador. Se entiende una persona cuya función es facilitar de manera justa e imparcial, la participación de las partes en un proceso retributivo.”

Ello nos lleva entender de modo diferente el problema de la justicia penal, por cuanto nos invita a transitar de la idea de venganza que se concentra sólo en el verdugo a la de justicia, la cual pone su mirada en la victima, por lo que el delito debe ser visto no tanto como un problema social, sino como una oportunidad para la (re) construcción de nuevas relaciones sociales entre las partes comprometidas, generando un escenario de armonía, de reencuentro y reconciliación, de modo tal que se supere la vieja dicotomía entre “ganador” y “perdedor”, puesto que el delito más que una afectación de las relaciones entre dos personas constituye una ruptura del tejido social, de la vida en sociedad, de modo tal que la visión de la justicia restaurativa, pretende –más que castigar o sancionar– recomponer el orden, la armonía, la vida en sociedad7.

II. CARATERISTICAS ESENCIALES DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA

José Benito Pérez Sauceda y José Zaragoza Huerta8 van a afirmar que la idea de justicia restaurativa se funda en las “3 r’s”, como son Responsabilidad, Restauración y Reintegración, que se pueden expresar de la siguiente manera:

a. Responsabilidad por parte del ofensor, porque cada persona debe responder por su acciones u omisiones;

b. Restauración de la víctima, quien necesita ser reparada. Requiere abandonar su posición de dañado, así como toda la sociedad;

c. Reintegración del infractor, quien necesita reestablecer los vínculos con la sociedad, la cual necesita la armonía en un interior 9.

Estos principios son lo que acoge el anteproyecto de Código Procesal Penal presentado por el Ministerio de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, Empero, existen otros aportes importantes como el expuesto por Julio Andrés Sampedro Arrubla10, quien señala que las coordenadas fundamentales de la justicia restaurativa, son tres:

a. El Derecho a la Verdad: tanto como derecho individual de la víctima, como el derecho colectivo de la sociedad a fin de conocer los hechos y evitar el ocultamiento y de rescatar el escenario judicial como escenario de la verdad, evitando “verdades oficiales” y criminalizando personas y hechos que no debían ser criminalizados; derecho que según la jurisprudencia en Colombia, implica además otras garantías implícitas: el derecho inalienable a la verdad, el derecho de recordar y el derecho a saber.

b. El Derecho a la Justicia: entendida, empero, no como la aplicación muerta de la norma positiva sino como la reparación efectiva de los intereses de la víctima, haciendo énfasis en la consecución de la paz social y no la venganza.

c. El Derecho a la Reparación: entendida lejos de su concepción reduccionista que la resume a una cuestión de orden patrimonial–civil, sino como una suerte de compensación simbólica, moral, pudiendo abarcara prestaciones materiales e inmateriales.

A su vez, la Resolución 2000/14  de 27 de Julio de 2000 emitida por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que establece los “Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal, establece algunos Principios Básicos como ser:

a. El derecho de consulta con un representante legal: que establece que tanto victima como infractor tienen el derecho a consultar con personal especializado en el tema, sobre todo en los alcances de la justicia restaurativa;

b. El derecho de los menores de recibir ayuda de un padre o tutor: en caso de menores de edad, se establece que tiene derecho a recibir la ayuda de un padre o un tutor;

c. El derecho a estar completamente informados: por lo que las partes, antes de participar de un programa o un proceso restaurativo, tienen el derecho a estar completamente informados, es decir, conocer los alcances del proceso y sus consecuencias;

d. El derecho a no participar: por lo que nadie puede ser obligado a participar del proceso o programa restaurativo, puesto que el consentimiento constituye la piedra fundamental para activar uno de estos procesos.

Adicionalmente a ello el Manual sobre programas de justicia restaurativa, aprobado por las Naciones Unidas, reconoce algunas garantías importantes, como ser:

a. La participación no es evidencia de culpa: por lo que la participación o no de un proceso o programa restaurativo, no debe constituir evidencia de culpa o incriminación alguna a efectos de procesos legales posteriores;

b. Los acuerdos deben ser voluntarios y razonables: es decir, debe mediar la aceptación  y contener acuerdos que no vulneren el orden público, debiendo ser razonables y proporcionados.

c. Confidencialidad del procedimiento: ya que los debates, las charlas y los compromisos verbales que vayan asumiendo gozan de confidencialidad, no pudiendo ser publicados, ni informados, más aun si no se llega a acuerdo alguno;

d. Supervisión judicial: es decir, que los acuerdos dentro un proceso restaurativo, pueden generar efectos judiciales, pudiendo ser homologados o ratificados por autoridad judicial posterior;

e. Falta de Acuerdo: La ausencia de acuerdo, no puede entenderse como indicio o responsabilidad alguna posterior, por lo que ello no puede usarse a efectos futuros.

f. No se incrementa la pena por falta de acuerdo: según el cual, la falta o ausencia de acuerdo no puede incidir negativamente en sentencias o fallos futuros.

De igual modo, a fin de dar una aplicación práctica a la justicia restaurativa se reconocen diversas experiencias expuestas en programas o métodos desarrollados en diversos países, ente los que destacamos:

a. Mediación entre la víctima y el ofensor: considerado como el primer proceso restaurativo contemporáneo, que consiste en la reunión voluntaria entre la víctima, mediado por un tercero que controla el escenario, a fin de comprender el delito, su responsabilidad y abriendo las posibilidades para llegar a un acuerdo;

b. Reuniones de restauración o conferencias comunitarias: en este caso, la participación de la comunidad es activa y con ellas se pretende lograr una solución colectiva del problema, reintegrando al infractor a la comunidad y logrando la reparación en la victima;

c. Círculos: aplicado en las culturas nativa de eeuu y Canadá en la década de los 80’s, que se caracteriza por ser un proceso en el que las víctimas y el infractor se reúnen, así como abogados, integrantes de la comunidad, de instituciones públicas, sociales y privadas, que guiadas por un facilitador, puedan lograr un acuerdo colectivo;

d. Asistencia a las victimas: destinado a brindar servicios de asistencia a las víctimas;

e. Asistencia a exdelincuentes: que parte de la noción de que el proceso de reinserción social no es fácil ya que existen muchas barreras por superar, colaborando en este proceso de transición de fin de incorporarlo como ciudadano productivo

f. Restitución: que comprende la satisfacción de la víctima del daño causado por el delito;

g. Servicio comunitario: que comprende el trabajo comunitario que realiza el infractor a fin de reparar el daño causado, así como el efecto rehabilitador del mismo;

h. La mediación y el encuentro: considerando las experiencias desarrolladas en Australia, Inglaterra o Bélgica, donde la policía trata de acercar a las partes antes de formalizar las acusaciones formales;

i. La conciliación post judicial: a fin de evaluar los avances reales, tanto en términos del ofensor como de la víctima;

Notas:

1. A pesar de que la doctrina reconoce varias interpretaciones, empero,  cabe apuntar que fue en el Congreso Internacional de Budapest de 1993 donde se impuso la denominación de justicia restaurativa.

2. Julio Andrés Sampedro Arrubla. La justicia restaurativa: una nueva vía desde las víctimas, en la solución al conflicto penal, 17 Internacional Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, 87-124.

3. Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa de las Naciones Unidas (Office on Drugs and Crime), Pág. 6. Serie de Manuales sobre Justicia Penal.

4. José Benito Pérez Sauceda y José Zaragoza Huerta, en su trabajo titulado Justicia Restaurativa: del Castigo a la Reparación. En: entre libertad y castigo. Dilemas del Estado Contemporáneo. Pág. 639.

5. Ministerio de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, Anteproyecto de Código Procesal Penal. Pág. 24 (http://www.justicia.gob.bo/)

6. De hecho, en el artículo 30 se establece que este acuerdo aún se puede presentar en ejecución de sentencia, con aspectos referidos a reparación material, moral o simbólica, el cual debe ser aprobado por la autoridad jurisdiccional, aun sin pronunciamiento del Ministerio Publico.  También se establece que el acuerdo restaurativo, será “valorado en la aplicación de medidas cautelares”, o como “atenuante general”, excepto en los delitos: a. Contra el Estado; b. De corrupción; c. Tráfico ilícito de sustancias controladas; d. Delitos contra la seguridad del Estado; e. Los previstos en los artículos 111, 112 y 347 de la Constitución, donde no se permite acuerdo restaurativo. En cambio, se puntualiza que si bien se permite acuerdo restaurativo, pero sin efecto extintivo, en los delitos que: a. Tengan previsto pena máxima de libertad; b. Delitos contra la vida; c. Delitos contra la libertad o afectación de personas en situación de vulnerabilidad; d. Delincuencia organizada, reincidencia o personas con segunda imputación por un mismo delito doloso o que se hubieran beneficiado con una salida alternativa o la suspensión condicional del proceso en los últimos 3 años.

7. Ellos nos invita también a superar la concepción reduccionista de “reparación del daño” el cual no solo se reduce a la concepción monetaria o pecuniaria, sino como una visión mucho más amplia que busque una reparación integral, simbólica o moral del problema, que lejos de buscar una recompensa económica, restaurar el orden social, el equilibrio y la armonía en la sociedad, mediante una disculpa pública o privada, el trabajo gratuito, el trabajo comunitario, la colaboración con la víctima, etc. Así, la justicia restaurativa (http:justiciarestautativa.org.), apunta que la idea de reparación comprende cuatro etapas: a. Disculpa Oral o Escrita; b. Cambio en la Conducta, de modo tal que el ofensor cambie y no cometa nuevos delitos; c. Generosidad, es decir el desprendimiento y la voluntad para lograr una satisfacción de la víctima; d. Restitución, recomponiendo el orden social.

8. Ob. Cit.

9. Este es el modelo que asume el anteproyecto de Código Procesal Penal en Bolivia, presentado por el Ministerio de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.

10. Ob. Cit. Pág. 97.

Abogado. Politólogo. Docente de las asignaturas de Derecho Procesal Constitucional  y Relaciones Internacionales (Bolivia - EEUU) en las Carreras de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Simón. Fue Secretario General de la Asamblea Constituyente de Bolivia.

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