La Gaceta Jurídica

La justicia restaurativa en Bolivia: Sus fundamentos constitucionales

(Parte final)

Foto: ilapr.iirp.edu

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Henry Álvaro Pinto Dávalos

00:00 / 27 de junio de 2014

III. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN BOLIVIA

Expuestos así algunos conceptos imprescindibles sobre la justicia restaurativa, corresponde ahora puntualizar el marco normativo constitucional que sustenta y permite impulsar programas de justicia restaurativa, no sin antes precisar que desde la vigencia de la Ley 1970 – Código de Procedimiento Penal, ya se incorporan algunos elementos propios de la filosofía restaurativa, como la conciliación, la transacción o la retractación, que vienen a constituir algunos escenarios para la aplicación de ella, empero, hoy en día, con la nueva Constitución Política del Estado1  existe un marco filosófico y conceptual acorde a los postulados de la justicia restaurativa, tal como exponemos a continuación:

a. Caracterización del Estado. El artículo 1 de la Constitución: El pluralismo jurídico

Un elemento central para avanzar en el reconocimiento y la aplicación de la justicia restaurativa en Bolivia nace justamente a partir del mismo artículo 1 constitucional, que reconoce el concepto de pluralismo jurídico2, el cual parte de la premisa central de que no existe un solo modo de entender el Derecho y el de administrar justicia, es decir, que no solo el Estado tiene la capacidad de hacerlo, sino fundamentalmente la sociedad –siempre y cuando ello no implique vulneración de otras garantías constitucionales–, razón por la que el pluralismo jurídico implica el reconocimiento expreso de que es la sociedad y no el Estado la fuente principal de legitimidad del Derecho, reconociéndose, por ende, no solo la noción de “democracia comunitaria” previsto en el artículo 11.I, constitucional, sino también el los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos  previstos en los artículos 30, 31 y 32, donde se incorpora el reconocimiento constitucional al “ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión” (artículo 30.II,14),  elevando a rango constitucional además, la existencia y validez plena de la jurisdicción indígena originaria campesina (artículo 179), normas todas que reconocen expresamente diversas formas o modos de entender el Derecho y administrar justicia, rompiendo con el monopolio del Estado.

A ello además se debe apuntar que la misma Constitución reconoce en su artículo 14 inc. 4)  el viejo y conocido adagio: “Lo que no está prohibido, está jurídicamente permitido”, por lo que la aplicación de mecanismos propios de la filosofía restaurativa pueden ser efectivamente aplicados.

b. Principios y Valores Constitucionales. El artículo 8.I. “SumaqQamaña” ­–8.II. “Armonía”, “Equilibrio”, “Justicia Social” para “Vivir Bien”

A pesar de la aclaración realizada en el punto anterior, considero que el argumento más fuerte que justifica la aplicación de la filosofía restaurativa en Bolivia, deviene de la misma esencia filosófica del “Vivir Bien– Buen Vivir” que FERNANDO HUANACUNI3, lo expresa así:

“En el Vivir Bien, nos desenvolvemos en armonía con todos y todo, en una convivencia donde todos nos preocupemos por todos y por todo lo que nos rodea. Lo más importante no es el ser humano ni el dinero, lo más importante es la armonía con la naturaleza y la vida; siendo esto la base para salvar la humanidad y a la Madre Tierra de los peligros que una minoría individualista y sumamente egoísta representa. El Vivir Bien apunta a una vida sencilla que reduzca nuestra adicción al consumo y mantenga una producción equilibrada”.

En la misma obra se resume también la concepción del Vivir Bien expuesta por el Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma4, quien expresa: “Nuestra visión de armonía con la naturaleza y entre los seres humanos es contraria a la visión egoísta, individualista y acumuladora de modelo capitalista. Nosotros, los pueblos indígenas del planeta, queremos contribuir a la construcción de un mundo justo, diverso, inclusivo, equilibrado y armónico con la naturaleza para el Vivir Bien de todos los pueblos.

Decimos Vivir Bien porque no aspiramos a vivir mejor que los otros. No crecemos en la concepción lineal y acumulativa del progreso y el desarrollo ilimitado a costa del otro y del planeta. Tenemos que complementarnos y no competir”.

A nivel jurídico, esta concepción del Vivir Bien implica, además, una crítica a la estructura jurídica actual, la cual es concebida como:

“La estructura jurídica actual, producto de la estructura colonial que rige el sistema de relaciones sociales, económicas, educativas y políticas en el mundo, es de concepción individual y emerge de una cosmovisión desintegrada y antropocéntrica. Esta estructura jurídica parte del supuesto de que los derechos individuales son los derechos fundamentales para la vida y, en consecuencia protege solo a los derechos individuales humanos.

Por otro lado, las leyes y la justicia bajo el paradigma occidental, son de carácter limitativo y coercitivo, es decir, que intentan normar las relaciones entre los individuos solamente estableciendo límites. Estas leyes y estructuras se enmarcan en garantizar derechos fundamentales e individuales del ser humano para que pueda convivir con otros seres humanos. Bajo el pensamiento occidental, cuando alguien infringe una ley se le aplican castigos, penas de muertes, se edifican espacios como las cárceles; es decir, se promueve lo punitivo y la privación de libertad, términos jurídicos considerados necesarios en la estructura legal occidental.

En cambio, el sistema jurídico comunitario antepone la vía y el respeto a la libertad. Frente a una ruptura en la armonía de la comunidad no se recurre a prácticas punitivas, sino que toda la comunidad coadyuva para que la forma de existencia o el ser humano que ha salido de este equilibrio y armonía vuelva a ellos, asignándole roles de trabajo para devolverle la sensibilidad y la comprensión de que la vida es conjunta y de la necesidad de complementación y cuidado entre todos”.

A su vez, el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional5, mediante sentencia constitucional, ha afirmado:

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0300/2012

Sucre, 18 de junio de 2012

“Conforme a ello, el vivir bien, está concebido como principio, pero también como fundamento último de los valores; lo que supone, entonces que la parte axiológica y principista de la Constitución Política del Estado está orientada, dentro de la pluralidad que caracteriza al Estado, a la consecución del buen vivir que implica un cambio de paradigma en todos los ámbitos: El buen vivir conmina a repensar el modelo civilizatorio actual fundado en el modelo industrialista y depredador de la naturaleza, sin que ello signifique frenar las actividades económicas, sino aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente, conforme lo determina el artículo 342 de la cpe.

El vivir bien es una apuesta a ‘recuperar la idea de la vida como eje central de la economía’ que se encuentra, fundamentalmente, en la visión y práctica de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. El buen vivir, entonces, se constituye en ‘un eje o paradigma ordenador que propone una crítica a los conceptos de desarrollo y al concepto de crecimiento económico’.

Ahora bien, el vivir bien es un principio-valor no sólo de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, para quienes ‘es la vida en plenitud, implica primero saber vivir y luego convivir en armonía y en equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia y en equilibrio con toda forma de existencia sin la relación jerárquica, comprendido que todo es importante para la vida’ [1]; sino que, como efecto de su constitucionalización se constituye en una de las normas fundamentadoras de todo nuestro ordenamiento jurídico y, por ende, en criterios orientadores a la hora de aplicar e interpretar las normas jurídicas.

Ello significa que, en virtud al pluralismo no sólo se deben respetar los diferentes modelos civilizatorios existentes en Bolivia, sino que todas las actividades económicas, todos los planes que se emprendan tanto en el ámbito público como privado deben estar guiados por el respeto a la  naturaleza y a la búsqueda del equilibrio entre los diferentes seres que habitan en ella, buscando aquellas medidas y acciones que tengan un menor impacto en el medio ambiente”

De todo lo expuesto se puede colegir, sin lugar a duda alguna, que si la filosofía del Vivir Bien es la filosofía del equilibrio y la armonía, entonces, la justicia restaurativa viene a ser un instrumento o una concepción complementaria de ella que lejos de pensar en castigo, venganza o punición tan importantes en el sistema tradicional de justicia penal, promueve el encuentro, la reconciliación, la armonía y el bienestar de las partes involucradas en un conflicto o delito, el cual debe ser visto como una oportunidad más que como un problema, apreciaciones que se relacionan estrechamente con la cultura de la paz que reconoce el artículo 10 constitucional, cuando afirma que Bolivia es un “Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz, el derecho a la paz, así como la cooperación entre pueblos de la región y el mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo, a la promoción de la interculturalidad…”, siendo además un fin del Estado el “garantizar el cumplimiento de principios, valores, derechos y deberes reconocidos en la Constitución”,  artículo 9.I,4, así como un deber constitucional previsto en el artículo 108.I,4 que señala “defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de la paz”.

c. Los derechos de la víctima, previsto en los artículos 113.I. y 121

Otro aspecto importante que merece especial atención y que no puede pasar inadvertido, constituye el hecho de que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,  en sus artículos 113.I y 121, reconoce elevando a rango de norma constitucional, los derechos de la víctima:

1. Derecho a la indemnización;

2. Derecho a la reparación;

3. Derecho al resarcimiento de daños y perjuicios;

Nótese que en la redacción del citado artículo, se incorpora no solo la noción reduccionista de daño material mediante el resarcimiento de daño y perjuicios, sino la dimensión inmaterial bajo la figura de la “reparación”, la cual puede tener un alcance simbólico, moral o comunitario.

d. El Principio de verdad material, previsto en el artículo 180, como base para la aplicación del derecho a la verdad.

Finalmente, otro elemento importante que justifica la aplicación de la filosofía restaurativa en Bolivia, constituye también el avance contenido en la redacción del artículo 180 constitucional, que reconoce como un principio rector en la administración de justicia, el Principio de la verdad material, como una concreción especifica que tienen los operadores de justicia de buscar la verdad de los hechos, sin infligir penas incorrectas a personas equivocadas, solo por cumplir una función o justificar una “verdad oficial”, siendo un derecho tanto individual como colectivo, el conocer la verdad de los hechos tal como se dieron, a fin de evaluar su alcance y afectación a la sociedad, así como la recomposición del tejido social.

Sobre el particular,  el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha pronunciado de la siguiente manera:

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1662/2012

Sucre, 1 de octubre de 2012

“II.3. Principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal

Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el artículo 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal.

Acorde con dicho criterio, la scp 0144/2012 de 14 de mayo, estableció: ‘…la estructura del sistema de administración de justicia boliviano, no puede concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para obtener el logro y realización de los valores constitucionales, por otra parte, impele a reconocer la prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales, que a su vez y en el marco del caso analizado obliga a los administradores de justicia entre otros a procurar la resolución del fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia dejando de lado toda nulidad deducida de formalismos o ritualismos procesales que impidan alcanzar un orden social justo en un tiempo razonable’.

Sobre la justicia material frente a la formal, en la SC 2769/2010-R de 10 de diciembre, se sostuvo lo siguiente: ‘El principio de prevalencia de las normas sustanciales implica un verdadero cambio de paradigma con el derecho constitucional y ordinario anterior, antes se consideraba el procedimiento como un fin en sí mismo, desvinculado de su nexo con las normas sustanciales, en cambio, en el nuevo derecho constitucional, las garantías del derecho procesal se vinculan imprescindiblemente a la efectividad del derecho sustancial, puesto que no se trata de agotar ritualismos vacíos de contenido o de realizar las normas de derecho sustancial de cualquier manera’.

'Lo que persigue el principio de prevalencia del derecho sustancial es el reconocimiento de que las finalidades superiores de la justicia no puedan resultar sacrificadas por razones consistentes en el culto ciego a reglas procesales o a consideraciones de forma, que no son estrictamente indispensables para resolver el fondo de los casos que se somete a la competencia del juez’ (Bernal Pulido Carlos, El Derecho de los derechos, Universidad Externado de Colombia, pág. 376). La Corte Constitucional de Colombia, en la S-131 de 2002, afirmó que ‘…las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico en lo que atañe a trámites y procedimientos están puestas al servicio del propósito estatal de realizar materialmente los supremos valores del derecho, y no a la inversa. O, en otros términos, las formas procesales no se justifican en sí mismas sino en razón del cometido sustancial al que pretende la administración de justicia’.

En efecto, el derecho procesal también constituye una garantía democrática del Estado de Derecho para la obtención de eficacia de los derechos sustanciales y de los principios básicos del ordenamiento jurídico, puesto que todos los elementos del proceso integran la plenitud de las formas propias de cada juicio, y no constituyen simplemente reglas formales vacías de contenido, sino instrumentos para que el derecho material se realice objetivamente en su oportunidad; no obstante ello, éste y sólo éste es su sentido, de tal manera que el extremo ritualismo supone también una violación del debido proceso, que hace sucumbir al derecho sustancial en medio de una fragosidad de formas procesales.

Dicho de otro modo, el derecho sustancial consagra en abstracto los derechos, mientras que el derecho formal o adjetivo establece la forma de la actividad jurisdiccional cuya finalidad es la realización de tales derechos. Uno es procesal porque regula la forma de la actividad jurisdiccional, por ello se denomina derecho formal, es la mejor garantía del cumplimiento del principio de igualdad ante la ley y un freno eficaz contra la arbitrariedad; y el otro, es derecho material o sustancial, determina el contenido, la materia, la sustancia, es la finalidad de la actividad o función jurisdiccional.

Resumiendo lo precedentemente señalado, se debe puntualizar que el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el artículo 1 de la cpe, por lo que debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez.”

IV. CONCLUSIONES

A modo de conclusión se puede afirmar que:

1. En el caso de Bolivia, no existen mayores experiencias y estudios sobre justicia restaurativa, concepto que recién se incorpora en el anteproyecto de Código Procesal Penal, como un intento de introducir una nueva dimensión en el Derecho Penal, revalorizando a la víctima y la comprensión del delito como un problema social y colectivo.

2. La justicia restaurativa constituye, por ende, un reto y al mismo tiempo una invitación para que podamos abordar la discusión del problema del delito y la criminalidad en nuestro medio, superando esa vieja concepción punitiva, que solo considera el delito como una cuestión de cárceles, castigos y policías, sin pensar que ello puede generar, quizás, mayor violencia de la que se quiere evitar.

3. Ello, a su vez, nos invita a construir  una nueva cultura jurídica, que permita la incorporación de estos nuevos mecanismos, destinados tanto a revalorizar el Derecho Penal, como a descongestionar el Órgano Judicial, debiendo tenderse a la creación de instancias y centros de justicia restaurativa.

BIBLIOGRAFIA

Fernando Huanacuni. Vivir Bien / Buen Vivir. Filosofía, Política, Estrategias y Experiencias Regionales. Pág. 38. La Paz, Bolivia.

Julio Andrés Sampedro-Arrubla. La justicia restaurativa: una nueva vía desde las víctimas, en la solución al conflicto penal, 17 Internacional Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, 87-124.

José Benito Pérez Sauceda y José Zaragoza Huerta, en su trabajo titulado Justicia Restaurativa: del Castigo a la Reparación. En: entre libertad y castigo. Dilemas del Estado Contemporáneo. Pág. 639.

Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa de las Naciones Unidas (Office on Drugs and Crime), Pág. 6. Serie de Manuales sobre Justicia Penal.

Ministerio de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, anteproyecto de Código Procesal Penal. Pág. 24 (http://www.justicia.gob.bo/)

Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Página web: www.tcp.gob.bo

NOTAS

1. Al respecto, cabe apuntar que en el caso de Bolivia, no existe disposición textual expresa que refiera o indique el término “justicia restaurativa” tal como sucede en la Constitución de Colombia, cuyo artículo 250 que fue modificado por el Acto Legislativo No. 03/2002, incorporando la siguiente redacción: “7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa”

2. En términos académicos, la noción de pluralismo jurídico implica tres cosas: (i) reconocer que el derecho oficial, el derecho del estado, no es el único existente; (ii) que distintas prácticas jurídicas (i.e. justicia indígena, justicias comunitarias) pueden ser reconocidas como formas de derecho; (iii) lo anterior supone, por tanto, que el reconocimiento de soberanía que algunos estados establecen al pretender el monopolio de la fuerza jurídica, se relativiza.

3. Fernando Huanacuni. Vivir Bien / Buen Vivir. Filosofía, Política, Estrategias y Experiencias Regionales. Pág. 38. La Paz, Bolivia.

4. Ob. Cit. Pag. 45

5. Ver: http://www.tcpbolivia.bo/tcp

Abogado. Politólogo. Docente de las asignaturas de Derecho Procesal Constitucional  y Relaciones Internacionales (Bolivia - EEUU) en las Carreras de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Simón. Fue Secretario General de la Asamblea Constituyente de Bolivia.

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