La Gaceta Jurídica

La justicia, tema repetido

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez G.

00:00 / 06 de febrero de 2015

El suplemento Animal Político del diario La Razón de La Paz, del pasado 25 de enero, publicó un artículo de Carlos Rocha Orozco, exministro de la Corte Suprema de Justicia y profesor universitario en Argentina, bajo el título La Reforma del fallido Órgano Judicial Plurinacional.

Señala de comienzo que, “reconociendo que el diseño e implementación del Órgano Judicial Plurinacional no fue acertado y, en consecuencia, la administración de justicia pasa por su peor momento, corresponde una im- postergable reforma de la Constitución Política del Estado (cpe)…”

De nuestra parte, nos animaríamos a plantear un esquema un tanto diferente. Si reducimos la temática de la administración de justicia a la forma de nombramiento de magistrados del Órgano Judicial y partimos de este hecho del fracaso de su elección por voto popular, dispuesto por los artículos 158(5) de la cpe más los artículos 182, 187, 194 (I) y 197 (I), es obvio que bajo el criterio de modificar dicho sistema solo sería posible REFORMANDO LA CONSTITUCIÓN.

Empero, es un análisis que acaba siendo evidentemente simplista y formalista de la temática referida a la administración de justicia. Y lo evidente es que hay detalles referidos a aquella función del Estado, que ni siquiera es atinado colocarlos en el texto de la cpe porque, a lo largo de la historia del funcionamiento del actual Órgano Judicial, convierte a ese texto en mucho más difícil de moverlo y actualizarlo.

Pero, existe un otro detalle que importa anotar, finalmente no es el texto de la Constitución el que va a agotar toda la temática referente a la administración de la justicia como una función del Estado. ¿En qué quedaría entonces el conjunto de LEYES, comenzando con la que se ha conocido y se conoce como LEY DE ORGA- NIZACIÓN JUDICIAL, para normar en detalle todo lo referido a aquella función? Este es un aspecto que no constituye solamente a este Órgano del Estado, desde luego.

En definitiva, en un enfoque integral que corresponde a la temática que estamos analizando, el análisis del texto constitucional referido a la función de administrar justicia no puede agotar aquella.

Dicho de otra manera, la reforma constitucional tampoco agotaría el tema. De otra parte, bajo tal criterio resultaría enredarse en la fácil perspectiva de que aquella lo ha resuelto todo, además, en la forma más fácil, pero también muy engañosa.

Posteriormente, el autor de la nota afirma que hay que “diseñar una política pública para la administración de justicia” y plantea cuatro objetivos que a continuación iremos resumiendo y comentando.

“Planificar para implementar gestión de calidad en la administración de justicia (gcaj)”.

No queda muy claro este objetivo, porque el primer detalle a definirse es ¿qué debería entenderse por “gestión de calidad”? Otro, ¿mediante qué estructura y esquema específicos se procedería en concreto a “medir” esa calidad? Otra más, ¿cuál sería el valor de esa gestión a nivel de la función de administrar justicia, como una de las funciones del Estado? El tema no es, por lo tanto, nada simple.

El segundo objetivo: “financiar una asignación presupuestaria, cuyo porcentaje deberá ser incluido en la reforma parcial”.

Aquí se plantea, de igual manera, otras interrogantes. ¿Qué se entiende por reforma parcial?, ¿por qué solamente con ese alcance? Del tema presupuestario, sobre todo para mejorar la asignación respectiva de cada año, se viene hablando hace mucho tiempo, pero prácticamente no se ha avanzado nada.

Es que, en buena medida, aquella asignación presupuestaria dependerá de qué tipo de soluciones y objetivos se han encontrado para la crisis de la administración de justicia. O sea, en definitiva, un verdadero círculo vicioso.

En el tercer objetivo se anota: “controlar a través del monitoreo y estudio de las sentencias y fallos de fondo que emiten los tribunales”.

Lo primero que tendríamos que preguntarnos en cuanto a este tercer objetivo es ¿quién podría efectuar ese “control” del que se habla? O sea, ¿qué entidad especializada del Órgano Judicial podría encargarse de esa tarea? Por otra parte, preguntarnos ¿de qué manera se ejecutarían las decisiones de esa entidad para que los resultados de un supuesto “control” sean efectivos y, sobre todo, fundamentalmente prácticos?

Finalmente, en todo lo relativo a este detalle, preguntémonos si los resultados de esa tarea de control, ¿no acabarían siento al final también el resultado inevitable de la actual crisis por la que atraviesa la administración de justicia en el país?

En el cuarto objetivo se dice: “Diseñar una currícula para la escuela Judicial Única (actualmente cada Tribunal y la Fiscalía tienen su propia escuela o instituto, ninguno funcional), ya que no basta la titulación de abogado para ser jueza o juez, se requiere dotarle de competencias específicas, desde interpretación hasta administración del despacho judicial”.

Estamos de acuerdo en las características de la Escuela Judicial, pero en el otro punto y respecto a la preparación del juez, más que dotarle de “competencias” tendría que proponerse la inevitable intervención de la universidad boliviana e incluso las privadas.

Hay que definir los alcances de la enseñanza superior en la ciencia del Derecho y, sobre todo, la directa relación de la misma con una futura función de magistrado, juez y funcionario auxiliar, más la de procedimientos.

En los hechos, este aspecto nunca ha sido motivo de verdadera preocupación, esta actitud tiene que cambiar radicalmente. Comencemos la tarea destinada a ese propósito final. De inmediato.

Es abogado, ensayista y analista de la constitucionalidad.

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