La Gaceta Jurídica

El legado de Pablo Dermizaky y su aporte al constitucionalismo

Apunte legal - (Parte II)

Alan Vargas Lima

00:00 / 07 de abril de 2015

Haciendo referencia a los alcances muy restringidos que tenía el control de constitucionalidad en la legislación boliviana hasta ese momento, el profesor Pablo Dermizaky señalaba que “(…) el control se ejerce a instancia de parte solamente, y no de oficio, y la declaración de inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia entraña la inaplicabilidad de la norma solamente en el caso concreto cuestionado, y no la abroga ni tiene efecto erga-omnes”.

Por ello, se constituye en uno de los primeros juristas bolivianos que planteó la necesidad de incorporar un Tribunal Constitucional en Bolivia, argumentando que “esta materia es la base del orden jurídico nacional y, por lo tanto, debe confiarse a un tribunal especial que se ocupe de examinar, de oficio, la legalidad de las leyes, decretos y resoluciones, antes de su aprobación (lo que no ocurre actualmente en Bolivia); que declare de oficio la inconstitucionalidad de leyes, decretos y otras normas vigentes; que falle en las demandas, a instancia de parte, sobre inconstitucionalidad de las mismas normas; que conozca, de oficio o a denuncia, sobre la ilegitimidad de los nombramientos de altos funcionarios de Estado, etc.” (1).

Posteriormente, y haciendo eco de ésta y otras propuestas, en 1993 el entonces Congreso Nacional declaró la necesidad de reformar la Constitución Boliviana, proponiendo, entre otros aspectos, la incorporación de tres instituciones esenciales para consolidar la democracia y proteger los derechos de las personas.

Estas eran el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional (tc) y el Consejo de la Judicatura, mismas que fueron incorporadas a la institucionalidad boliviana a través de la Ley Nº 1585 de Reforma a la Constitución Política del Estado (cpe) de 12 de agosto de 1994, que introdujo modificaciones al texto constitucional que se hallaba vigente sin cambios desde 1967.

Se debe agregar que dicha reforma indudablemente se constituyó en un hecho trascendental con importancia histórica sin precedentes dentro del sistema constitucional, puesto que en aquella oportunidad, y por vez primera en la historia republicana de nuestro país, se reformó la Ley Fundamental dando cumplimiento a los mecanismos y procedimientos especialmente previstos al efecto por la propia Cons- titución, vale decir que se aprobó, sancionó y promulgó la Ley de Reforma Constitucional en observancia de las normas previstas por los artículos 230 al 232 del texto constitucional vigente en ese tiempo.

No obstante la vigencia de la Constitución reformada, el tc de Bolivia no ingresó en funciones hasta julio de 1998, cuando el entonces Congreso Nacional, previa calificación de méritos, designó a los magistrados del primer tc de Bolivia, que fue instalado formalmente el 5 de agosto de 1998 e inició labores jurisdiccionales el 1 de junio de 1999 (luego de su “vacatio legis”) con el respaldo de la Ley Nº 1836 de 1 de abril de 1998, emitida para regular su estructura, organización y funcionamiento.

Fue en ese tiempo que los miembros del nuevo tc, por voto unánime, eligieron al doctor Dermizaky para que asumiera la presidencia de la institución; cargo que asumió el 4 de enero de 1999 y lo desempeñó con dignidad hasta el 15 de febrero de 2001, fecha en la que, por problemas de salud, renunció a los cargos de presidente y magistrado, privando al país de uno de los profesionales, juristas y magistrados más probos de los últimos tiempos.

En este sentido, cabe rememorar el solemne acto de inicio de labores jurisdiccionales, cuando el entonces presidente del tc de Bolivia afirmó enfáticamente que “el Tribunal hablará a través de sus fallos y no hará declaraciones que no sean constitucionales. Estará atento a las inquietudes políticas y sociales que tengan relación con su labor, pero no aceptará presiones interesadas ni críticas subjetivas. Se colocará por encima de las pasiones, de las rencillas parroquiales y de los intereses subalternos. Será austero y discreto; pero reclamará el sitial que corresponde a la dignidad de la Constitución” (2).

Por otro lado, una vez posesionado e instalado el primer tc en Bolivia (1998-1999), recién se comenzó a escribirse y difundirse ensayos y estudios sobre la supremacía de la Constitución y el control de constitucionalidad en el país, principalmente en la Revista del Tribunal Constitucional, que, precisamente desde 1999, compilaba las ponencias y conferencias de los seminarios organizados por el mismo Tribunal y que estaban principalmente referidos a la justicia constitucional y su importancia en el Estado de derecho, todo ello, dentro del Programa de Pedagogía Constitucional, instaurado acertadamente por iniciativa del entonces presidente del mencionado ente.

Sobre éste último aspecto, Dermi- zaky sostenía que las labores del tc podían agruparse en tres grandes áreas: control, interpretación y pedagogía constitucional, cuyos alcances los explicaba en el siguiente sentido:

“Interpretar la Constitución es una función que fluye naturalmente de la jurisprudencia a que da lugar el control de constitucionalidad… (de ahí que) en la importante y difícil misión que explica y legitima a un Tribunal Constitu- cional, su rol como intérprete último de la Constitución es, quizá, el más im- portante de sus trabajos. (Entonces) La interpretación del Tribunal Cons- titucional será una tarea constante, oportuna y activa, a diferencia de la interpretación esporádica encomendada al Órgano Legislativo por el artículo 234 de la Constitución (reformada en 1994). En cuanto a la pedagogía constitucional, es deber del Tribunal difundir el conocimiento, la comprensión y la valoración de las normas fundamentales, procesos necesarios para crear una conciencia constitucional indispensable en la construcción de una sociedad justa y progresista. (…)”.

Dicho programa, que incluía conferencias, cursos y publicaciones, estaba destinado a “formar una conciencia constitucional que conduzca al conocimiento, comprensión y acatamiento de la Constitución Política del Estado, así como de los fines y objetivos de la jurisdicción constitucional”, de acuerdo a la mentalidad visionaria del entonces presidente del Tribunal, quien era consciente de que el programa debía seguir desarrollándose “porque constituye una de las labores concurrentes del Tribu- nal, sin la cual no será posible cumplir su misión principal” (3).

He ahí algunos datos significativos sobre la obra trascendental y el pensamiento imperecedero del profesor y jurista boliviano Pablo Dermizaky, quien dedicó su vida a pregonar la importancia de estudiar el Derecho Constitucional, enseñando las virtudes y defectos de la Constitución en Bolivia, con el único fin de lograr una conciencia constitucional capaz de transformar la realidad boliviana.

Notas

1. Cfr. Constitución Política del Estado (con introducción, notas, comentarios y concordancias por el doctor Pablo Dermizaky Peredo), Segunda Edición, Cochabamba-La Paz, Bolivia, Editorial Los Amigos del Libro, 1992, pág. 39.

2. Cfr. Discurso del señor Presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Pablo Dermizaky Peredo (mayo 31, Salón del Senado de la Casa de la Libertad). En Poder Judicial de Bolivia. Labores Judiciales 1999, Sucre, Bolivia, Editorial Judicial, 2000, págs. 181-187.

3. Cfr. Dermizaky Peredo, Pablo. Justicia Constitucional y Estado de Derecho. Segunda Edición, Cochabamba, Bolivia, Editorial Alexander, 2005, págs. 11, 27 y 85.

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

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