La Gaceta Jurídica

Las leyes y la corrupción

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez G.

00:00 / 12 de junio de 2015

Todo lo sucedido en referencia al caso del ciudadano peruano Martín Belaunde se ha asemejado a una “telenovela”. En algunos momentos aquella tuvo situaciones de terror, pero en todos los hechos de este tema el país, en general, acabó haciendo el ridículo.

Pasado el acontecimiento con la recaptura del extranjero, varias entidades públicas quedaron seriamente comprometidas en situaciones irregulares, entre ellas la Policía. Pero el escándalo, comprometió al Comandante nacional policial y al propio Ministro de Gobierno, quien fue relevado de sus funciones.

No solamente en este caso, sino en otros parecidos, se dice que varias instituciones estatales tendrían que ver reestructuradas. O sea que para que se cumpla esa tarea, se tendría que dictar nuevas leyes.

¿Será así?, que es una solución más o menos fácil. Pero, ¿cuántas veces se ha optado por esa medida sin resultados concretos?, ese ha sido el caso del Órgano Judicial.

Hay dos aforismos que vale la pena citarlos ahora. Uno dice: “la corrupción rompe, sin duda, las buenas leyes”. Otro: “los que dan su voto por los corruptos, no son votantes, son COMPLICES”.

Por lo señalado, estamos hablando de un tema muy complejo y que responde a varios factores. Además, las soluciones no son solamente dictar leyes.

Y, ¿qué de la actitud militante del ciudadano? ¿Se va a limitar a protestar, a quejarse? Y, ¿cuándo debe votar? ¿Cuándo debe opinar?

Aunque la corrupción, desde el punto de vista solo jurídico, no se resume en el concepto que se ha divulgado, lo más común es que aquélla se asocie a funcionarios públicos que cometen actos delictivos relacionados con el ejercicio de sus funciones y, además, aprovechando su situación de funcionarios. Es como decir: “si no aprovecho ahora, entonces, ¿cuándo?”

Es muy difícil, sobre tales antecedentes, erradicar un mal que no es so- lamente de Bolivia, sino que se ha vuelto un fenómeno mundial.

Como veremos más adelante, en realidad, las leyes, o sea una normativa especial y concreta, existen en abundancia desde el nivel constitucional. Por tanto, pensamos que las normas referidas al tema nos sobran. El problema está en su escaso cumplimiento.

Sin duda que esta conclusión, que nos adelantamos a destacar, no es ajena a otras temáticas del país. Pero, se aprecia más si analizamos el tema de la corrupción en forma general y como un grave problema que se presenta en casi todas las entidades y todos los niveles.

La corrupción, por lo tanto, permanece como un elemento negativo y de desasosiego en toda la administración pública del país.

Veamos parte de esa normativa, tal como se destaca en el texto de la Constitución Política del Estado (cpe).

El artículo 112, en relación el tema de los funcionarios públicos, dice: “Los delitos cometidos por funcionarios públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y CAUSEN GRAVE DAÑO ECONÓMICO, son imprescriptibles y no admiten ningún régimen de impunidad”.

Es falso, por lo tanto, que, por ejemplo, de un Senador o de un ex Presidente, pasado un tiempo tras dejar sus cargos, todos los delitos que pudieran haber cometido prescribieron.

También es falso que desde el momento en que aquellos funcionarios lograron sus cargos gozaban de IMPUNIDAD y luego no se los puede juzgar.

Otra cosa es el tema referido a la FORMA de enjuiciamiento de ciertos funcionarios de alta jerarquía, como ocurre, por ejemplo, con los vocales del Tribunal Supremo de Justicia (tsj), del Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) y de otras instancias más que gozan de procedimientos especiales.

El artículo constitucional 113, a su vez, dice: “La vulneración de derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de los daños y perjuicios en forma oportuna (...)”.

Asimismo, el artículo 116 establece un principio que en nuestro país, es vulnerado con mucha frecuencia.

Aquél artículo garantiza la presunción de inocencia y que, “durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”.

En el reciente caso del ciudadano peruano, a éste se lo consideró culpable antes de cualquier juzgamiento, acabando con la presunción de inocencia que no debería haber sido ignorada.

¿Qué dice el artículo 117 de la misma cpe sobre estos temas?: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente EN SENTENCIA EJECUTORIADA”.

Anteriormente, el artículo 115, parágrafo II, apuntaba: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.

Como lo adelantábamos, estamos de acuerdo en que muchas de aquellas normas son discursivas, pero, de que existen, sí que las hay. Entonces, no digamos que la solución a la corrupción pasa por dictar más normas. Cambie- mos de actitud, cambiemos la postura ética de los funcionarios y la actitud del propio ciudadano, quien se sigue limitando a protestar o, a veces, ni siquiera a eso, solamente se restringe a comentar el hecho y dejarlo pasar como si los casos de corrupción fueran parte de nuestras costumbres.

Es abogado, ensayista y analista de la constitucionalidad.

Etiquetas

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia