La Gaceta Jurídica

La libertad de expresión y el “mensajero”

El hecho que origina el presunto tráfico de influencias (la relación sentimental de Gabriela Zapata con Evo Morales), fue reconocido por el protagonista.

La Razón (Edición Impresa) / William Herrera Áñez*

00:00 / 17 de abril de 2016

La persecución judicial al periodista Carlos Valverde por haber denunciado el presunto de tráfico de influencias que vincularía al presidente Evo Morales es una arremetida contra él, contra la libertad de expresión y la opinión pública informada.

Lo que sucede con este comunicador es propio de los regímenes autoritarios, que se caracterizan por el manejo oscuro de la cosa pública y cuando el periodismo independiente investiga al poder económico o político y saca a la luz casos de corrupción, a menudo es el propio periodista quien resulta acusado. En estos casos, lo que se busca es “matar al mensajero” que alude al rey de la historia quien, impotente ante su derrota, descarga su furia en el soldado encargado de transmitir la desgraciada noticia.

El hecho que origina el presunto tráfico de influencias (la relación sentimental de Gabriela Zapata con Evo Morales), fue reconocido por el protagonista. En este sentido, la persecución judicial al “mensajero” no tiene razón de ser, salvo restringir la libertad de expresión, que es una conquista de la civilización, requisito para una sociedad democrática, y que se constituye en instrumento para luchar contra la corrupción.

De ahí porqué la Constitución (arts. 106-107) proclama garantizar el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, así como a emitir libremente las ideas por cualquier me- dio de difusión, sin censura previa. La única limitante de los periodistas y medios de comunicación es que la información y las opiniones respeten los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercen mediante znormas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley. La libertad de expresión –de información o de prensa– es un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.Este derecho es esencial para el desarrollo del conocimiento y entendimiento entre los pueblos; cuando el libre debate de ideas y opiniones es obstaculizado, se limita el desarrollo del proceso democrático. Así, la libertad de ex- presión constituye un control social y afianza las instituciones democráticas, por cuanto garantiza el acceso a la información del Estado y busca transparencia en los actos del Gobierno.

Sin embargo, los gobiernos autoritarios buscan controlar a los medios de comunicación multiplicando sus propios órganos de prensa o con variedad de procedimientos. La amenaza viene del poder político, que utiliza propaganda y publicidad estatal pagada o la otorgación de licencias de funcionamiento condicionando contenidos. La norma regula a los medios de comunicación anteponiendo argumentos técnicos y administrativos a los preceptos universales de libertad de expresión.

El Estado debe garantizar el derecho a emitir libremente las ideas y opiniones por cualquier medio de difusión y así prevenir la corrupción, y garantizar que no haya algún tipo de censura. Mientras la democracia promueve la libertad de información, el secreto impide conocer qué se hace con la cosa pública y cualquier control es difícil si los procesos de toma de decisiones permanecen ocultos a la discusión pública.  

En realidad, sin libertad de expresión e información, la administración pública se convierte en una “caja negra” y la colectividad no conoce las decisiones que se toma en su nombre. Los gobiernos autoritarios, que buscan matar al “mensajero”, no solo que no comparten a plenitud los valores democráticos y las libertades públicas, sino que el debate, la crítica, las denuncias y los juicios de valor no tienen cabida: la libertad de expresión molesta a los gobiernos, porque les gusta que los fiscalicen y controlen, peor cuando se denuncia casos de corrupción.

*    Es jurista, autor de varios libros y presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC).

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