La Gaceta Jurídica

El límite al poder político como función primordial de la Constitución

El autor hace un recorrido teórico por la historia del constitucionalismo. Afirma la importancia de la Constitución como garantía para el ejercicio de las libertades, a la vez de explicar y contrastar las doctrinas opuestas al movimiento constitucional, así como los planteamientos modernos que pretenden llevar el Estado de Derecho hacia nuevas fronteras.

El límite al poder político como función primordial de la Constitución

El límite al poder político como función primordial de la Constitución FOTO: abcdelasemana.com

La Razón (Edición Impresa) / Eric Cícero Landívar Mosiño* Parte I

00:00 / 09 de agosto de 2015

El origen de la Constitución: Relación histórica entre gobernantes y gobernados

Desde la formación de los Estados y el surgimiento de la Autoridad y el Poder, ha existido una dicotomía permanente entre gobernantes y gobernados, tratando los primeros de justificar su derecho de mandar, gobernar y tener más poder, y los segundos, luchando por el reconocimiento y respeto a mayores derechos y por conseguir un mayor margen de participación en las decisiones sobre los asuntos de la vida pública.

Karl Loewentein señala por ejemplo que: La historia del constitucionalismo no es sino la búsqueda por el hombre político de las limitaciones al poder absoluto ejercido por los detentadores del poder, así como el esfuerzo de establecer una justificación espiritual, moral o ética de la autoridad, en lugar del sometimiento ciego a la facilidad de la autoridad existente (1).

Esta búsqueda de la que habla Loewenstein, colisionó frecuentemente con el uso degenerado del ejercicio del poder, lo que trajo como resultado, que la relación entre los individuos y la autoridad, no sea otra cosa más que una constante pugna por la libertad y el sometimiento, respectivamente.

Fruto de esas luchas y pugnas, los gobernantes van cediendo espacio a favor de los gobernados, dejando de lado los grandes excesos cometidos, y reconociendo los derechos reclamados por la generalidad de los individuos.

Cada victoria conseguida por los individuos ante la autoridad, fue convirtiéndose en un precedente fundamental para la conformación de una estructura rígida en contra del abuso del poder.

Sin embargo, este proceso como todo proceso histórico-social, no fue lineal, sino más bien, cíclico, puesto que algunas conquistas y avances conseguidos sufrían grandes retrocesos, esto por la aparición de personajes que echaban por tierra todo lo avanzado en cuanto a derechos ciudadanos, imponiendo nuevamente, regímenes autocráticos sangrientos y catastróficos.

Primeros precedentes constitucionales

El primero se da como consecuencia de la lucha entre gobernantes y gobernados, mismo que señalamos en el punto anterior. Fue la Carta Magna de 1215, mediante la cual, el rey de Inglaterra, Juan sin Tierra, después de haber sido derrotado en sangrientas luchas por la aristocracia inglesa, otorga a ésta distintos tipos de garantías, tales como la correcta administración de justicia, respeto a antiguas libertades y costumbres, además de prohibir requisas y embargos, entre otras cosas.

Además, mediante el mismo documento, el rey se comprometió a no buscar por ningún medio la revocación de estas concesiones, suscribiendo el documento en nombre suyo, de su familia y de sus herederos (2).

Posteriormente en 1679, también en Inglaterra, el rey Carlos II (Estuardo), mediante el Acta de Habeas Corpus, hizo extensiva a la burguesía las conquistas de la libertad personal y la sanción o pena previo juzgamiento, el que antes había sido reconocido para la aristocracia (3).

Luego, mediante la Bill of Rights de 1688, se extiende también para la burguesía todos los demás derechos y garantías reconocidos para la aristocracia, esto como resultado del derrocamiento de Jacobo II, quién trató de concentrar nuevamente todo el poder en el rey.

La primera Constitución escrita aparece en 1787 con la declaración de la independencia de los Estados Unidos de América, quienes se rebelaron contra la corona inglesa y recogieron todos los principios adoptados en los documentos señalados anteriormente.

Sin embargo, la proliferación plena de los principios constitucionales clásicos se da en 1789 con la revolución francesa, la cual fue una lucha de los ciudadanos franceses contra el absolutismo monárquico, que basaba su lucha en tres principios fundamentales: libertad, igualdad y fraternidad, los cuales son considerados como principios universales.

Esta revolución tuvo como consecuencia el derrocamiento y ejecución del rey Luís XVI, además de la promulgación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuyo espíritu serviría de base fundamental para la posterior aprobación de la Constitución francesa y todas las demás Constituciones del mundo que fueron influenciadas por el pensamiento denominado liberal.

Pero si bien la revolución francesa se constituyó en el hito que representa el triunfo del pensamiento liberal, bajo el cual se apoyaría la Constitución, no representó el triunfo del constitucionalismo en sí, ya que a tan sólo unos años de la revolución de los principios fundamentales señalados anteriormente, surgió en Francia el denominado Régimen del Terror (1793-1794), implantado por el Comité de Salvación Pública encabezado por Maximilien Robespierre, cuyas acciones eran completamente contrarias a lo establecido en la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

Durante esta época, los principios de libertad, igualdad y fraternidad, fueron reemplazados por los desvalores de inseguridad, violencia y caos.

Posteriormente, este mismo país, propulsor de los principios liberales, caería bajo el régimen del cesarismo Napoleónico. Pero de todos modos, la semilla del constitucionalismo ya había sido sembrada, y la conciencia de los hombres comenzaba a apegarse más a la idea del poder controlado y limitado.

Los países que ya contaban con una constitución, exigían a sus gobernantes el cumplimiento de la misma, pero lamentablemente, muchos de ellos seguían apoyando sus gobiernos en la fuerza y la arbitrariedad, y otros fingían respetar la constitución, pero sus actuaciones demostraban lo contrario.

No sería hasta después de la Segunda Guerra Mundial (SGM) que los principios constitucionales alcanzarían su máximo reconocimiento. Para ese entonces, no sólo quedaba demostrada la necesidad de proteger los derechos de los individuos, sino también, los riesgos que representa la existencia de un poder que esté por encima de las leyes y de la constitución.

La dura experiencia que trajo la sgm, conmovió las conciencias de los países considerados potencias mundiales, y en razón de ello se conformó la Organización de las Naciones Unidas (onu), como ente internacional encargado de preservar la paz en el mundo.

Con la conformación de la onu se suscribiría también la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en cierta forma, plasmaría los principios establecidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

Del Constitucionalismo Censitario al Constitucionalismo Democrático

En el periodo de la segunda posguerra, no sólo se desarrolló con mayor asimilación los principios constitucionales emanados de la revolución liberal francesa, sino que también se consolidó la democracia como sistema de gobierno ideal para los Estados, que si bien no es perfecto, es el que presenta menores imperfecciones.

Sin embargo, esta situación también se fue modificando, y pronto los derechos serían considerados universales de verdad, puesto que ampararían a todo individuo sin exclusión alguna, para ello fue fundamental el desarrollo de la democracia, ya que con la participación de la totalidad de los individuos en la vida política, sería imposible el negar para todos las conquistas sociales alcanzadas.

Por lo tanto, la aspiración de las sociedades políticas a convertirse en Estados Constitucionales sería insuficiente, ahora el objetivo sería encaminarse hacia una Democracia Constitucional (4), sólo así el sistema de garantías sería completo, porque se reconocerían los derechos de todos los individuos en su conjunto, bajo un verdadero principio de igualdad.

Al final, la democracia constitucional sería alcanzada relativamente más tarde, cuando la masa de los destinatarios del poder, organizada como electorado en los partidos políticos, y con la ayuda de elecciones honestas en base a un sufragio universal, participó en el proceso político, elevándose a la categoría de un independiente y originario detentador del poder (5).

La diferencia fundamental entre constitucionalismo y constitucionalismo democrático, es la ampliación del marco de aplicación de los derechos y de la participación en la conformación de la voluntad general del Estado a través del sufragio universal.

La Constitución como límite del poder político: derecho y poder

Uno de los principales debates que influyó en el desarrollo del constitucionalismo, fue el que se desarrolló alrededor de la relación entre el Poder y el Derecho.

Autores como Bodino y Hobbes, eran partidarios del absolutismo, y sostenían que el poder del Estado está por encima de todo, incluso al del Derecho.

Sobre estos autores, Antonio Torres del Moral, señala que: Para Bodino, el poder del Estado está por encima de las leyes, no ligado por ellas, es absoluto.

En la construcción hobbesiano del Leviatán […] todo es preferible antes que el desorden; el poder se justifica por el hecho de su establecimiento y ejercicio (6).

Entre los primeros defensores del Derecho se encuentran Aristóteles y Cicerón. Este último sostenía que el Poder debe atenerse al Derecho, caso contrario, sus dictámenes no son válidos.

Por su parte, Aristóteles decía que el poder debía ejercerse a través del Derecho, puesto que ni el mejor de los gobernantes, o el más sabio, podía prescindir de la ley, porque la ley es razón sin pasión (7).

Además, según Torres del Moral, Aristóteles fue el primer pensador que intentó crear una fundamentación teórica sobre la institucionalización jurídica del Poder, al señalar que: es peligroso […] que el poder no se halle regulado por las leyes y que esté exento de toda responsabilidad; pedir cuentas a los gobernantes […] es un principio saludable para evitar la corrupción del poder y el enriquecimiento en el ejercicio del cargo (8).

En este comentario que hace Aristóteles, no solamente vemos que se resalta la prevalecía de la ley sobre el poder, sino, que también notamos que Aristóteles hace referencia al principio de responsabilidad (9) que deben tener los gobernantes ante los gobernados, lo que sería otro punto fundamental para el desarrollo del constitucionalismo.

Pero, siguiendo con la relación entre Derecho y Poder, Ferdinand Lassalle decía que: Los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder (10).

Lo que básicamente coincidía con su idea de que la Constitución no es más que la suma de los factores reales de poder que rigen en un país (11).

Esta definición le causó varias críticas a Ferdinand Lassalle, pues se entendió que él ponderaba la idea de que el Poder (o lo político) estaba por encima del Derecho (o lo jurídico).

Sin embargo, Lassalle, simplemente hacia un análisis de la situación en la que se encontraba en esa época Prusia bajo el gobierno de Bismarck, quién no respetaba la Constitución vigente en su país, y sostenía sus decisiones políticas con el uso de la fuerza del Ejército, y a ese contraste, entre la Constitución que se vuelve ineficaz ante el poder real y efectivo de las Fuerzas Armadas, es al que hacía referencia el citado autor.

Por eso Lassalle sostenía que para que una Constitución sea efectiva, debía coincidir con los factores reales de poder, que eran los que tenían la capacidad material de hacer que se cumpla lo que dicta la Constitución, coincidiendo básicamente con Hobbes, quién señalaba que: No es la palabra de la ley, sino el poder de quien tiene en sus manos la fuerza de una nación, lo que hace eficaces a las leyes (12).

Pero, Lassalle reconocía también, que este Poder apoyado en las bayonetas, nunca iba lograr convertirse en un fundamento sólido y permanente de poder, por eso necesitaba fingir que se manejaba dentro del marco de una Constitución, y a esta falsedad fue a lo que Lassalle denominó como  pseudoconstitucionalismo (13), que no era otra cosa más que un Gobierno absolutista, disfrazado bajo la apariencia externa de ser Constitucional.

Posteriormente, ante las constantes críticas e interpretaciones forzadas que se hicieron sobre las teorías emitidas por Lassalle, éste decidió dejar en claro su posición sobre la relación del Poder con el Derecho, mediante una carta abierta escrita el 7 de febrero de 1863.

En ella explicaba que si de él dependiera, el Derecho mandaría sobre el Poder, pero la realidad demostraba que sucedía lo contrario, y en sus conferencias él no exponía sobre el deber ser, sino, sobre lo que real y verdaderamente es.

En concreto señalaba que: Aun siendo evidente que el derecho debía prevalecer sobre el poder, tienen que resignarse a la evidencia de que en la realidad ocurre lo contrario, que es siempre el poder el que prevalece sobre el derecho y se le impone y lo sojuzga, hasta que el derecho, por su parte, consigue acumular a su servicio, la cantidad suficiente de poder para aplastar el poder del desafuero y la arbitrariedad (14).

Con esto, Lassalle deja claramente establecido que estaba absolutamente convencido de que el Derecho debe primar sobre el Poder, pero lamentablemente, esta idea en la realidad práctica no se cumplía, puesto que quienes detentaban circunstancialmente el Poder, no respetaban las leyes, y abusaban en exceso del uso de la fuerza.

Esta reflexión es atendible tomando en cuenta la época en la que se encontraba Lassalle, toda vez que conforme lo señalamos en el anterior capítulo, los principios constitucionales lograrían consolidarse con mayor fuerza, recién durante la segunda postguerra (15).

Pero, por otra parte, tampoco podemos decir que el análisis que hace Lasalle es anacrónico, porque evidentemente la Constitución y el Derecho necesitan de la fuerza pública para castigar y reprender a quién vulnere sus dictámenes, y así conseguir su plena eficacia.

Al respecto, Norberto Bobbio señaló: Donde no hay poder capaz de hacer valer las normas impuestas por él, recurriendo en última instancia a la fuerza, no hay derecho, no hay otro derecho que el existente, directa o indirectamente reconocido por el poder político (16).

De igual manera, Torres del Moral decía que: Sin un poder que lo respalde, una norma no pasa de ser una recomendación (17).

Sin embargo, este mismo autor reconocía que: al mismo tiempo, el Derecho traza cauces, líneas de conducta, pautas organizativas; define competencias y establece sanciones, quedando el poder prendido en la trama y urdimbre jurídicas (18).

Esto quiere decir que, si bien la Constitución y las normas necesitan de la ayuda del Poder Público para hacer efectivas sus líneas trazadas, no es menos cierto que estos poderes, para cumplir con ello, deben restringir sus actuaciones dentro del mismo marco establecido y permitido por la propia norma, y de la manera que ésta lo manda, porque de lo contrario, todos los actos que cometieran serían ilegales, carecerían de legitimad alguna y, por lo tanto, no serían otra cosa más que un abuso de poder, simple y llanamente, por que el Poder solamente dentro del Derecho es autoridad, fuera de él, es tiranía.

Límites al Poder Político

El fin de la reglamentación del ejercicio del Poder, es precisamente, limitarlo para evitar sus abusos, puesto que como señalamos anteriormente, el peligro del abuso del Poder, se da cuando este Poder es ilimitado e incontrolado.

Es decir, que esta distribución equitativa del Poder, bajo la cual se estructura el denominado Estado Constitucional, no se refiere a una composición netamente funcional, o de simple organización de las actividades que debe desarrollar el Estado a través de sus Poderes u órganos, sino, que dicha distribución de funciones tiene como finalidad primordial y fundamental, el controlar y limitar al Poder Político, y de esa manera, garantizar el ejercicio de las libertades ciudadanas.

Continuará...

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