La Gaceta Jurídica

El límite al poder político como función primordial de la Constitución

El parlamento representaba, en determinada época, un verdadero ente fiscalizador y de contra peso para el Ejecutivo, el cual, a su vez, buscaba las formas de liberarse de aquel, algo que lograron muchos Gobiernos autócratas mediante su neutralización, pero no lo disolvían para mantener la apariencia de Estado Constitucional.

El límite al poder político como función primordial de la Constitución

El límite al poder político como función primordial de la Constitución FOTO: globalhisco.blogspot.com

La Razón (Edición Impresa) / Eric Cícero Landívar Mosiño*

00:00 / 12 de agosto de 2015

Parte Final

Control horizontal del Poder

El control horizontal del Poder, se desarrolla bajo una distribución funcional del mismo, basado en el clásico principio de Separación de Poderes, mismo que surge con la obra Espritdes lois de Montesquieu, quién a su vez lo tomó de Locke (1).

Posteriormente, este principio se contemplaría por primera vez en la constitución Estadounidense de 1787, y luego en el art. 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 (2).

Bajo este principio, todos los Estados Constitucionales dividieron las funciones de los Poderes estatales en: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales son necesariamente independientes entre sí, cada uno con sus respectivas funciones y competencias, pero estableciendo a la vez, principios de coordinación que llevarían a completar el mecanismo del check and balance.

Bajo este sistema, la concentración del Poder estaría evitada, puesto que se hace necesaria la intervención de distintos organismos para la conformación de la voluntad Estatal, lo que obligaría a una necesaria concertación, y fiscalización recíproca.

Controles intraórganos e interórganos

K. Loewenstein señala que el control horizontal está constituido conjuntamente con los controles intraórganos y interórganos.Los controles interórganos son las respectivas influencias que se dan entre los tres órganos o Poderes del Estado, es decir, entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, estos en el marco del proceso del poder (3).

Dichos controles varían dependiendo del sistema de gobierno adoptado por el Estado, es decir, si es de tipo presidencialista o parlamentarista (4), pero se dan necesariamente de dos formas fundamentales: de manera obligatoria y optativa.

Los de carácter obligatorio son aquellos en los cuales los detentadores de poder están obligados constitucionalmente a actuar de manera conjunta para desarrollar ciertas funciones.

Los optativos, por su parte, son los que determinado Poder u órgano está autorizado por la constitución para intervenir discrecionalmente en la actividad de cualquiera de los otros sobre determinadas tareas.

En cuanto a los controles intraórganos, Loewenstein señala que es esencial tomar en cuenta que una función del proceso político puede ser realizada a través de una institución constituida por una pluralidad de miembros (5).

Esto quiere decir que, dentro de cada órgano o Poder, concurren distintas instituciones ordenadas, para que las decisiones adoptadas no dependan de una única persona o institución.

Es así que, por ejemplo, en los órganos jurisdiccionales existen Tribunales Superiores que confirman o revocan las decisiones adoptadas por un Juez de primera instancia.

La organización colegiada de dichos Tribunales constituye a su vez, otra garantía para el ciudadano, puesto que la decisión adoptada sería resultado del debate y análisis desarrollado por los Magistrados que componen aquel Tribunal.

Asimismo, en algunos sistemas judiciales se permite la concurrencia de ciudadanos comunes y corrientes, para participar en la decisión de un determinado caso, lo que representa otra forma de control intraórgano en el Poder Judicial.

En el Ejecutivo, se permite al ciudadano recurrir a una decisión administrativa ante el superior jerárquico para que la confirme o revoque. Por otra parte, se requiere que las decisiones del Jefe de Gobierno sean respaldadas necesariamente por los Ministros del ramo.

En cuanto al Poder Legislativo, el control intraórgano se expresa con claridad en la composición bicameral del mismo, puesto que mediante este sistema, las decisiones adoptadas por la cámara baja son revisadas, y pueden ser rechazadas por la cámara alta, existiendo de esa manera, un control entre ambas cámaras.

El voto de mayoría calificada para ciertos casos, igualmente, ayuda a que las decisiones asumidas no se dicten mediante lo que en Bolivia se conoce como el rodillo parlamentario, puesto que mediante dicho procedimiento de votación, es necesaria la concurrencia de fuerzas minoritarias para la adopción de alguna decisión legislativa, promoviendo de esa manera, el debate previo, y protegiendo también a las minorías mediante la limitación del poder de las mayorías.

El control de las minorías

Históricamente, la aplicación del control horizontal se ha reflejado en gran medida en la constante lucha y fricción entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, puesto que el Poder Judicial es considerado como un órgano técnico más que político, y funciona mayormente como un órgano dirimidor de las controversias suscitadas entre los dos primeros.

El parlamento representaba, en determinada época, un verdadero ente fiscalizador y de contra peso para el Ejecutivo, el cual, a su vez, buscaba las formas de liberarse de aquel, algo que lograron muchos Gobiernos autócratas mediante su neutralización, pero no lo disolvían para mantener la apariencia de Estado Constitucional.

Pero en las actuales democracias de partidos, el Ejecutivo ha ampliado su poder sobre el congreso mediante las mayorías parlamentarias, de las cuales depende para desarrollar su programa de gobierno, mediante la creación de las leyes necesarias para ello.

Control vertical del Poder

El control vertical del Poder se realiza, fundamentalmente, bajo dos fórmulas: a) Una distribución territorial o espacial del Poder; y b) Mediante los derechos individuales y las garantías constitucionales (6).

La primera se configura bajo un sistema de administración pública del aparato del Estado mediante fórmulas de descentralización política y administrativas. Y los segundos, se reflejan mediante el respeto de los derechos de cada ciudadano y las acciones de defensas otorgadas a los mismos, para ejercitarlas de manera directa contra el Estado.

Por otro lado, la distribución territorial o espacial del Poder se basa en un principio de democratización del mismo, trasladándolo desde un centro dominante hacia gobiernos intermedios y locales.

Los gobiernos autocráticos tienden a centralizar el poder para controlar y dominar todos los espacios y así ejercer su hegemonía. Es decir que, cuando se habla de los riesgos que representa la concentración del Poder en un determinado ente o persona, no sólo se hace alusión a una concentración de tipo funcional, sino también de manera territorial.

Giuseppe De Vergottini indica que: “al principio de la separación de poderes mediante la atribución de las funciones estatales a órganos distintos, se añade la articulación del poder político también con base espacial” (7).

Por su parte, K. Loewenstein sostiene que: “el detentador  exclusivo del poder puede soportar difícilmente ámbitos de autonomía inaccesible a su dominio, ya que podrían servir como núcleos potenciales de una oposición a su ejercicio autocrático del poder” (8).

Del Estado Federal a las Autonomías Regionales

El Estado Federal representa la mayor expresión del principio de distribución territorial del Poder, puesto que en este tipo de Estado coexisten varios Estados menores con alto grado de independencia, cuyas soberanías reunidas conforman la soberanía del Estado mayor o Federal.

Estados Unidos ofreció el primer modelo de Estado Federal que luego se expandiría en el mundo (9), contraponiéndose al clásico Estado Unitario.

Pero para la constitución de un federalismo, era necesaria la concurrencia de la voluntad de todos los integrantes del Estado, quienes debían aceptar convivir bajo ese sistema.

Muchas regiones de distintos Estados contemporáneos, han logrado zafarse de la conformación unitaria y centralista de sus respectivos países, mediante la configuración de las denominadas Autonomías Regionales, que representan una nueva y moderna forma de descentralización política y administrativa.

Ossorio señala que las Autonomías simplemente son: una descentralización administrativa y política, que no debe confundirse con lo que en un Estado Federal representan las provincias o Estados miembros que no son autónomos, sino independientes, salvo en las facultades a que hubieren renunciado para delegarlas en el Estado Federal (10).

Para la configuración de los Estados Federales, así como también para los Estados con Autonomías Regionales, es imprescindible una regla clara de distribución de las competencias, tanto para el Gobierno central, como para los Gobiernos intermedios. Estas competencias deben estar señaladas en la Constitución, en ella se delimitan los campos de acción de cada ente Gubernamental.

Los derechos individuales y las garantías constitucionales

Toda la conformación y estructuración del Estado, tiene la finalidad de limitar y controlar al poder político para que el individuo pueda vivir en libertad.

Los derechos individuales y las garantías constitucionales, son el núcleo fundamental de un Estado constitucional,  y representan un espacio de autodeterminación individual sobre el cual el Estado no puede intervenir, y son además, una esfera de protección contra el Poder ejercido por éste.

La mejor forma de identificar si un Estado es Constitucional o no, es mediante la verificación del cumplimiento al respeto efectivo de las libertades de los individuos, puesto que la autocracia no puede tolerar zonas autónomas de autodeterminación individual, porque éstas interferirían la formación de la voluntad estatal desde arriba (11).

En muchos Estados con el pretexto de poder cumplir con los derechos sociales y económicos se llega a vulnerar la propia norma constitucional, lo que no puede ser aceptado, debido al carácter imperativo que tiene esta norma.

Asimismo, se debe tener en cuenta que no basta el simple reconocimiento de los derechos en la Constitución, sino que también el Estado debe proporcionar todas las condiciones materiales para que éstos sean exigibles, sin necesidad de ningún requerimiento previo.

Es decir, que la aplicación de los derechos individuales (a excepción de los derechos sociales y económicos), se hace de manera directa, sin necesidad de que sean desarrollados de ninguna forma (12).

Por otra parte, en caso de que a un individuo se le vulneren sus derechos, la Constitución le confiere mecanismos que pueden ser accionados de manera directa contra autoridades públicas o particulares, para exigir la restitución inmediata de aquel derecho restringido.

Es imprescindible que existan organismos especializados encargados de otorgar la tutela de los derechos individuales, cuando ésta sea requerida por algún ciudadano.

Esta configuración conlleva a completar el sistema de libertad, bajo el cual anhela vivir toda sociedad conformada por ciudadanos naturalmente libres.

El Estado Constitucional y el Estado Pseudoconstitucional

A lo largo del presente trabajo hemos podido evidenciar, que el espíritu de la Constitución no es simplemente darle vida a un Estado y configurar su funcionamiento.

La Constitución surge como un instrumento necesario para limitar y controlar al Poder, además de todos los principios bajo los que se funda, más los mecanismos que adopta.

Es por ello que Giovanni Sartori, acertadamente, propone que todo el planteamiento sobre la solución constitucional del problema de la libertad, presupone el rechazo de la definición formal de constitución, y el mantenimiento de su definición como garantía (13).

En concordancia a lo expresado por Sartori, podemos decir que, todo Estado cuya ingeniería Constitucional este configurada bajo los parámetros de controles horizontales y verticales del Poder descritos en el Capítulo precedente, es considerado como un verdadero Estado Constitucional.

También se debe tomar en cuenta que, tampoco basta el dotarse de una Constitución democrática donde se cumplan con todos los principios fundamentales y se reconozca la vigencia de los derechos ciudadanos, si en la práctica, ésta Constitución no se cumple ni se respeta, y lo que predomina en la sociedad, es más bien, el uso abusivo del Poder, asentado en la fuerza pública y la intimidación de los ciudadanos.

En este caso, estaremos ante un Estado Pseudoconstitucional, y lo que correspondería bajo esta situación, es repetir las sabias palabras expresadas por Ferdinand Lassalle hace décadas atrás y Proclamar la realidad de lo que es: un Estado Absolutista encubierto (14).

El citado autor explicaba: El pseudoconstitucionalismo consiste en que el gobierno proclame lo que no es; consiste en hacer pasar por constitucional a un Estado, que en realidad es un Estado absoluto, en otras palabras, consiste en el engaño y la mentira (15).

Por eso Lassalle exclamaba a sus conciudadanos en sus conferencias: ¡Obligad al absolutismo a quitarse la careta! (16).

Por otra parte, hablamos también de un Estado Pseudoconstitucional, cuando el Estado goza de una Constitución, pero en ella no se limita y controla el Poder político, ni tampoco se garantiza la libertad de los individuos, sino que más bien, mediante esta Constitución, se otorga al Estado facultades propias de la autocracia, en desmedro de los ciudadanos, utilizando esa Constitución como un instrumento de Poder, en vez de ser un instrumento para limitar el Poder.

En resumen, se tiene que tener en claro que la Constitución fue creada por y para los ciudadanos, puesto que es una conquista conseguida mediante las arduas e históricas luchas contra el abuso de Poder del Estado.

Entonces, no es posible que un Gobierno, como cabeza del Estado y centro del Poder político, utilice la Constitución para dotarse de más Poder.

Reiteramos, la Constitución es de los ciudadanos, y ellos deben utilizarla para protegerse del Estado. Si por el contrario, el Estado utiliza la Constitución para someter al individuo, aquella no es una Constitución stricto sensu, sino, una pseudoconstitución y, en consecuencia, nos encontramos ante un Estado Pseudoconstitucional.

Karl Loewenstein nos da un claro ejemplo de esta situación: la Constitución de Haile Selassie, en Etiopía (1931), en su art. 5 establece: “En el Imperio etíope el poder supremo yace en el emperador”, no podrá ser considerada como una auténtica Constitución, ya que prescinde de institucionalizar la distribución y la limitación del ejercicio del poder (17).

Asimismo, el art. 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 establece: Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.”

Esto quiere decir que, para que un Estado sea considerado como un verdadero Estado Constitucional, no es suficiente el simple hecho de tener una Constitución formalmente, ésta debe contener los mecanismos necesarios para limitar y controlar al Poder, para que de esa manera, se garantice la vigencia de los derechos de las personas.

Además, obviamente, esa Constitución debe ser plenamente respetada y cumplida. En caso de que no se den estas dos condiciones básicas y fundamentales, aquella Constitución será una simple carta orgánica, programática y fundacional, por ende, el Estado no será más que un Estado Pseudoconstitucional, regido por una autocracia encubierta.

NOTAS:

1. Según lo señalado por Karl Loewenstein, existen varios teóricos que afirman haber encontrado en la obra Política de Aristóteles el origen del principio de separación de poderes, puesto que en dicha obra, Aristóteles distinguió las funciones Estatales, que eran: 1. Las deliberaciones sobre asuntos de interés común;

2. La organización de cargos o magistraturas y; 3. La función judicial. Sin embargo, Loewenstein también señala, y de manera correcta para nuestro criterio, que Aristóteles sólo intentó realizar un análisis de las funciones estatales según su sustancia, pero en ningún momento sugirió que esas tres funciones debían ser atribuidas a distintas persona u órganos, y es precisamente, en ese punto, donde se encuentra el elemento fundamental del principio de separación de poderes. (Loewenstein Karl, Óp. Cit., p. 59) 2. Ver Gottini Giuseppe, Derecho Constitucional Comparado, Espasa-Calpe, Madrid 1985, p. 253

3. Loewenstein, considera al electorado como un cuarto elemento de control interórgano, pero por nuestra parte, coincidimos con el posicionamiento de los individuos (integrantes del electorado) en los controles verticales.

4. Los controles interórganos operan con máxima eficacia en el parlamentarismo: interdependencia por integración; son también eficaces, aunque en grado menor en el presidencialismo americano: interdependencia por coordinación; (Loewenstein K., Óp. Cit., p. 253.)

5. Loewenstein K., Ibídem, p. 235

6. Loewenstein identifica como un tercer  mecanismo de control vertical del Poder, al pluralismo (Vid. Loewenstein K., Óp. Cit., p. 422 y Ss.), que es ejercido por los grupos pluralistas de la sociedad, mismo que se interponen entre la masa de los destinatarios del poder y los detentadores del poder. Dichos grupos pluralistas son: los partidos políticos y los grupos de presión. Pero el propio Loewenstein reconoce que estos grupos son extra constitucionales, por lo tanto, no corresponde el estudio de ellos en el presente trabajo.

7. Ibídem, p. 266

8. Loewenstein K., Op. Cit., p. 384.

9. El federalismo es la aportación americana más importante a la teoría y a la práctica del Estado moderno. (Ibídem, p. 354).

10. Ossorio Manuel, Citado por Urenda Juan Carlos, Autonomías Departamentales, El País, Santa Cruz de la Sierra 2003.

11. Ibídem, p. 392.

12. El principio general en la actualidad es que los derechos y libertades fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, de manera que la Constitución resulta norma de aplicación directa, también en esta parte. (AJA, Eliseo. Estudio Preliminar de la obra ¿Qué es una Constitución?, De Ferdinand Lassalle. Ariel. España 1989. p. 54)

13. Sartori Giovanni, Óp. Cit., p. 240.

14. Lassalle Ferdinand 1989, Op. Cit., p. 147

15. Ibídem, p. 154.

16. Ibídem, p. 155.

17. Loewenstein Karl, Op. Cit., p. 151

*     Es Abogado y Politólogo, Magíster en Derecho Constitucional y Autonomías.

Tomado de: scielo.org.bo

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia