La Gaceta Jurídica

La literatura en la enseñanza del Derecho(1)

(Parte II)

Foto: arteyapuntesymonografias.blogspot.com

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Pablo Bonorino Ramírez

00:00 / 28 de abril de 2015

Ronald Myles Dworkin nació el 11 de diciembre de 1931 en la ciudad de Worcester, Massachusetts, Estados Unidos.

El desarrollo de su filosofía jurídica se suele dividir en tres fases. La primera etapa de su pensamiento está marcada por una profunda crítica al positivismo jurídico, representado por Hart, y por su oposición al utilitarismo como teoría política, principalmente a través del desarrollo de una teoría de los derechos individuales como derechos prejurídicos (Dworkin 1977).

En una segunda etapa o periodo de transición a partir de la segunda mitad de la década de los setenta comenzó a dar forma a una teoría alternativa del Derecho, pero sin precisar todavía cuales iban a ser los fundamentos que le permitirían diferenciarse de sus oponentes teóricos (Dworkin 1985).

En la tercera fase, Dworkin defiende una concepción interpretativa de la teoría jurídica y la expone de forma completa en su libro Law’s Empire (Imperio de la ley) (Dworkin 1986). De forma paralela, Dworkin ha realizado un aporte muy importante en el campo de la filosofía política, trabajando en la construcción de una concepción igualitaria del liberalismo, fundamentada mediante una estrategia que no requiere aislar la política de la concepción de la buena vida y en la que intenta compatibilizar la defensa de la libertad con la defensa de la igualdad; todo ello mientas protagonizaba algunas de las discusiones jurídicas más candentes en el seno de la práctica norteamericana (Dworkin 1994, 1996, 2000).

La producción académica de Dworkin comenzó como una crítica interna a la teoría que Hart expuso en The Concept of Law (El Concepto de Derecho) (Hart 1994), porque consideraba que era incapaz de explicar la pertenencia de los principios al Derecho.

La forma en que los distintos pensadores positivistas han intentado evitar las objeciones que surgen de esos argumentos de Dworkin ha marcado el desarrollo posterior de la corriente en el mundo jurídico anglosajón. El argumento central de Dworkin sostiene que en los casos difíciles los juristas discuten sobre derechos y obligaciones jurídicas apelando a principios.

El positivismo jurídico debía ser rechazado porque resultaba incapaz de explicar esta característica del razonamiento judicial sin renunciar a sus tesis básicas. En especial la llamada prueba de pedigrí, que en la teoría de Hart era proveída por la Regla de Reconocimiento.

A grandes rasgos podemos identificar dos líneas que han sido denominadas de diferentes maneras a lo largo de las discusiones según la posición que asumen respecto de la incorporación de los principios de moralidad como condición de validez jurídica:

1. Positivismo jurídico excluyente, no-incorporacionista o duro. El principal representante de esta línea es Joseph Raz. En ella se responde al desafío de Dworkin afirmando que se puede explicar cómo los principios jurídicos adquieren su validez jurídica de la misma forma que se hace con las reglas, esto es a través de los criterios que establece la Regla de Reconocimiento.

En pocas palabras, esta vertiente del positivismo no se compromete con un modelo de reglas, pero para ello no cree necesario abandonar la doctrina de la Regla de Reconocimiento ni la separación estricta entre Derecho y moral.

2. Positivismo jurídico incluyente, incorporacionista o blando. Uno de sus principales defensores es Jules Coleman, aunque después de la publicación del PostScript a The Concept of Law se puede decir que el representante más importante de esta corriente es el propio Hart (1994). También aceptan que la Regla de Reconocimiento puede incluir principios de la misma manera que reglas. Sin embargo, difieren en la forma en la que entienden el impacto de esta inclusión.

Las condiciones de validez de un sistema jurídico quedan establecidas de dos maneras: algunas pautas pertenecen al sistema por su origen y otras por sus contenidos morales. Esta presentación puede resultar sumamente esquemática, pero alcanza para mostrar la gran influencia que ha ejercido la crítica de Dworkin en la filosofía jurídica anglosajona.

Tesis y teorías de Dworkin

Hasta qué punto sus críticas al positivismo resultan aceptables y su propuesta permite superar esas dificultades, es algo que todavía se encuentra en plena discusión. Pero la teoría de Dworkin debe mantenerse en pie independientemente del éxito que pueda tener en sus ataques a Hart. La base de su teoría la constituye la aspiración de que los “derechos sean tomados en serio”. Esto significa preservar los derechos individuales frente a cualquier intento de avasallamiento por parte del Estado.

Todas sus tesis específicamente jurídicas, como la teoría del razonamiento judicial y la tesis de la respuesta correcta, fueron desarrolladas para defender su concepción liberal del derecho. Cuando en 1986 Dworkin publicó Law’s Empire muchos supusieron que en ella presentaría de forma sistemática todos los aspectos de su pensamiento filosófico y que contestaría a las críticas que había recibido a lo largo de casi veinte años de discusiones. Por ello, en un primer momento, la obra generó cierta desilusión.

El tono en el que estaba escrita resultaba poco técnico y riguroso, más apropiado para una obra de divulgación que para lo que los especialistas esperaban de ella. También sorprendió la despreocupación expresa de Dworkin por hacer compatibles sus viejas tesis con los nuevos fundamentos que ofrecía en su libro (Law’s Empire: viii). Pero de inmediato se reconoció su importancia y actualmente es considerada una de las obras más importantes de la filosofía jurídica anglosajona del siglo pasado. En pocas palabras, éste es el argumento que Dworkin desarrolló y defendió en Law’s Empire:

1. Las teorías semánticas del Derecho, como el positivismo que defiende Hart, deben ser rechazadas porque no permiten explicar adecuadamente los desacuerdos entre juristas en los casos difíciles.

El concepto de Derecho es un concepto interpretativo. Los jueces deben determinar lo que es el Derecho en cada caso, interpretando la práctica de otros jueces cuando deciden lo que es el Derecho. Las teorías generales de esta rama constituyen, a su vez, interpretaciones generales de nuestra propia práctica judicial (Law’s Empire: Cap.1).

2. Interpretar significa mostrar al elemento interpretado haciendo de él lo mejor que puede ser. Por ello, el resultado de dicha actividad debe ajustarse al elemento interpretado y, al mismo tiempo, debe justificarlo, esto es mostrarlo en su mejor perspectiva (Law’s Empire: Cap. 2).

3. Las diferentes interpretaciones generales de nuestra práctica constituyen distintas concepciones que pretenden explicar y justificar el uso que en nuestra práctica se hace de la fuerza pública (Law’s Empire: Cap. 3).

4. Tanto el convencionalismo como el pragmatismo (versiones interpretativas del positivismo y del realismo respectivamente), deben ser rechazadas porque no se ajustan ni justifican adecuadamente a nuestra práctica jurídica. (Law’s Empire: Cap. 4 y 5).

5. La tercera concepción del Derecho defendida por Dworkin es denominada “Derecho como integridad”. Está basada en la consideración de la integridad como virtud política en igual plano que la justicia, la equidad y el debido proceso. Esto se encuentra justificado por el hecho de ser esa virtud la que permite concebir a nuestra comunidad política como una asociación de principios (Law’s Empire: Cap. 6).

6. El Derecho como integridad se articula en torno al principio judicial de integridad. Este principio exige a los jueces que resuelvan los casos difíciles tratando de encontrar la mejor interpretación constructiva de la estructura política y de la doctrina jurídica de su comunidad, en algún conjunto coherente de principios respecto de los derechos y los deberes que tiene la gente en esa comunidad.

Esta concepción presupone la existencia de una respuesta correcta y verdadera en los casos difíciles, que los jueces deben buscar, aunque su verdad no pueda ser demostrada y siempre constituya una cuestión controvertida (Law’s Empire: Cap. 7).

7. El Derecho como integridad no solo justifica nuestras prácticas, sino que también se ajusta adecuadamente a la forma en que los jueces argumentan en los casos difíciles. Dworkin apuntala esta afirmación mostrando la forma en la que Hércules (juez hipotético que acepta el Derecho como integridad y que solo tiene en cuenta los compromisos con el Derecho) resolvería casos que caen en la esfera del common law (ley común) (Law’s Empire: Cap. 8), de diferentes estatutos (Law’s Empire: Cap. 9) y de una constitución escrita (Law’s Empire:  Cap. 10).

8. Finalmente, Dworkin sugiere que se debe distinguir entre integridad inclusiva e integridad pura. La integridad inclusiva se encuentra sujeta a los constreñimientos que la equidad y el debido proceso imponen al decidir lo que es el Derecho. Es la que determina el contenido actual de nuestro Derecho y constituye la guía en la labor de los jueces y juristas.

La integridad pura, por otra parte, solo toma en cuenta la dimensión de la justicia.

Lo hace para mostrar cuál es el camino que debe seguir la práctica jurídica en su desarrollo, a los efectos de reformarse y acercarse al ideal de justicia que solo parcialmente plasma. Esta tarea es la que constituye la principal labor de los filósofos políticos (Law’s Empire: Cap. 11).

Dworkin y el arte

Dworkin analiza el razonamiento judicial a partir de una analogía con la interpretación en el dominio del arte. Interpretar un texto artístico es tratar de mostrarlo de la manera que lo revele como la mejor obra de arte que él puede ser.

Quien interpreta una obra de arte lo hace a partir de ciertas creencias inarticuladas sobre los aspectos formales del arte (aquellos aspectos que hacen a la identidad de la obra de arte y que permiten distinguir entre las tareas de interpretar una obra dada y crear una nueva).

Pero también opera a partir de creencias tácitas sobre lo que es el buen arte (teorías estéticas normativas). Los dos tipos de creencias están presentes en el juicio de que cierta forma de leer un texto lo hace mejor texto que otra (Dworkin 1985, 1986).

Dado que el objetivo de Dworkin es utilizar la interpretación literaria como modelo para el análisis del razonamiento de los jueces, necesita mostrar cómo en ciertas circunstancias la distinción entre artista y crítico podría ser erosionada. Para eso supone la siguiente situación: un grupo de novelistas se reúne para escribir una novela, cada uno escribe un capítulo y se sortea el inicio.

El que comienza debe remitir lo que ha escrito al que debe escribir el siguiente capítulo, quien se compromete a continuar la novela, no a escribir una nueva. El segundo participante, al finalizar, hace lo mismo, y así se desarrolla una cadena hasta terminar la obra.

De esta manera cada novelista, salvo el primero, tiene la doble responsabilidad de interpretar y crear, porque cada uno debe leer todo lo escrito hasta el momento para establecer, en un sentido interpretativo, qué es la novela creada hasta ese momento. Esta interpretación no puede consistir en la búsqueda de las intenciones del autor, pues no hay ningún autor singular a cuyas intenciones pueda el intérprete apelar para apoyar su propuesta.

Según Dworkin, decidir un caso difícil en Derecho se parece a este extraño juego literario. Un juez, al tomar una decisión, debe escoger el principio que represente la mejor lectura de la cadena de decisiones precedentes que él debe continuar.

¿Sobre qué discrepan aquellos que no están de acuerdo sobre la mejor interpretación de un precedente jurídico? Siguiendo el paralelo establecido con la crítica literaria, Dworkin afirma que una interpretación plausible de las prácticas jurídicas debe también satisfacer una prueba de dos dimensiones: debe ajustarse a los hechos que constituyen la práctica y, al mismo tiempo, mostrar su valor o sentido.

Pero el valor en este caso no puede entenderse como valor artístico, porque el Derecho no es una actividad que persiga una finalidad estética, como lo es la literatura. El Derecho es una empresa política, por lo que una interpretación jurídica de un sector del Derecho debe mostrar el valor del mismo en términos políticos.

La mejor manera de entender la analogía que Dworkin propone con el dominio artístico es analizando la forma en la que interpreta la disputa constitucional norteamericana respecto del aborto (Dworkin 1994, 1996). Esto nos permitirá afinar la noción de “interpretación jurídica”, mostrando las fases que en ella se puede distinguir y, al mismo tiempo, introducir el otro elemento característico de su concepción del Derecho: la idea de “integridad”.

En Estados Unidos la controversia jurídica sobre la penalización del aborto fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia. En 1973 al resolver el caso Roe vs Wade este tribunal sostuvo que cualquier ley que prohibiera el aborto durante los seis primeros meses de gestación, fundándose en una supuesta obligación de proteger al feto, resultaba inconstitucional.

Lo esencial de esta línea jurisprudencial se ha mantenido a lo largo de los años, incluso con mayoría de miembros conservadores en la Corte, tal como quedó de manifiesto en la resolución del caso Casey en 1992. No obstante, las disputas en torno al fallo han sido constantes y muy virulentas.

Para Dworkin todos los involucrados en esa discusión aceptan la idea de que la vida humana es sagrada (intrínsecamente valiosa o inviolable). El origen de sus discrepancias se encuentra en las distintas concepciones que defienden sobre dicha noción. De esta manera, el desacuerdo respecto del aborto se presenta como el reflejo de un desacuerdo más profundo, de carácter espiritual, entre distintas concepciones respecto del valor de la vida humana.

En Life’s Dominion (Dominio de la vida) Dworkin (1994) pretende defender el contenido del fallo ante la posibilidad de que fuera cambiado si se alteraba la composición del máximo tribunal estadounidense durante el gobierno conservador. Sostiene que, para poder llegar a una respuesta constitucional satisfactoria a la cuestión del aborto, se debe resolver previamente dos problemas.

El primero es determinar si realmente las mujeres son titulares de un derecho constitucional a controlar su propio papel en la procreación. El segundo es analizar si el Estado puede imponer la concepción respecto de lo que hace valiosa a la vida humana que defienden la mayoría de sus ciudadanos.

¿Cuál es la forma en la que Dworkin cree que se puede limitar la arbitrariedad judicial al resolver estas cuestiones? La primera es haciendo visible los fundamentos morales y políticos presentes en todo intento por fijar el alcance de las cláusulas constitucionales abstractas. La segunda es exigiendo buenos argumentos para defender las opciones que en ese terreno se formulen.

Esto exige comprometerse, a su entender, con estas dos posiciones:

1. Rechazar la idea incorrecta de que ante un caso difícil, en ausencia de reglas mecánicas para resolver las cuestiones valorativas, no hay manera de determinar cuándo un argumento es mejor que otro.

2. Aceptar que a partir del concepto mismo de Derecho surge la idea que puede permitir elegir entre argumentos rivales. Es el principio de integridad que los jueces deben aceptar con independencia de las convicciones respecto de la justicia o de la equidad que posean.

La integridad en el Derecho establece que los jueces deben fundar sus decisiones en principios y no en razones de interés político. Estos principios deben ser consistentes con los principios subyacentes en los precedentes de la Suprema Corte y en las principales estructuras constitucionales.

Una vez aceptado un principio como fundamento para resolver un caso determinado, el juez debe aplicarlo toda vez que sea pertinente, incluso en otras esferas distintas a la que dio origen al caso inicial. A partir de estas reflexiones, Dworkin construye dos argumentos independientes en defensa de la interpretación constitucional realizada por la Corte Suprema estadounidense al resolver el caso Roe vs Wade.

El primero refuerza la existencia del derecho a la privacidad, que surge de la mejor interpretación de la cláusula de debido proceso contenida en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense y de la forma en que la Corte Suprema la ha aplicado en sus decisiones anteriores.

Este Derecho, aplicado al campo de la reproducción humana, da lugar al denominado principio de autonomía procreativa, que protege de las intromisiones estatales a aquellas decisiones relacionadas con engendrar o dar a luz a un hijo. Las decisiones en materia de procreación son consideradas fundamentales porque las cuestiones morales en las que están basadas deben ser consideradas religiosas en el sentido amplio antes descrito.

Las decisiones que esa corte tomó en materia de anticoncepción (desde el caso Griswold en adelante (1)) pueden ser explicadas como presuponiendo la existencia de este principio, formulado tal como Dworkin propone, y al mismo tiempo pueden ser justificadas apelando a él.

La integridad exige que los principios necesarios para dar fundamento a un conjunto de decisiones sean aceptados de la misma manera también en otros contextos (a menos que sean considerados erróneos). Esto requiere, a su vez, el reconocimiento general del principio de autonomía procreativa, lo que implica reconocer el derecho de la mujer no solo a decidir cuándo concebir, sino también a decidir cuándo dar a luz a un niño.

La prohibición del aborto antes de que pueda ser considerado viable el feto constituye una violación de este derecho y resulta, en consecuencia, inconstitucional.

El segundo argumento que Dworkin construye en apoyo de la interpretación realizada en Roe vs Wade sigue un curso diferente. También se basa en el reconocimiento del derecho a la autonomía procreativa y en la fuerza del ideal de integridad en el razonamiento jurídico, pero localiza el punto de partida de la argumentación no en la cláusula de debido proceso, sino en aquellas que establecen la libertad religiosa en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Estas cláusulas garantizan a todos los ciudadanos el “libre ejercicio” de su religión y prohíben al gobierno el “establecimiento” de una religión determinada. Se debe considerar creencias religiosas a todas aquellas que explican por qué y cómo la vida humana resulta inherentemente valiosa, aquellas que se presentan como respuestas a los interrogantes existenciales respecto de cuál es el sentido de la vida humana.

Continuará

Nota

1. La Suprema Corte estadounidense, al resolver el caso Griswold vs Connecticut en 1965, decidió que un estado no podía prohibir la venta de anticonceptivos a las personas casadas (lo que se extendió luego también a las solteras al resolver otros casos). El fundamento fue que el derecho a la privacidad protegía de las intrusiones estatales a las cuestiones relativas a la procreación. Ver Griswold vs Connecticut, 381 US 479, citado por el juez Stewart en su voto concurrente con el de Blackmun al resolver el caso Roe vs Wade.

Es profesor titular de Filosofía del Derecho, Universidad de Vigo, España.

Tomado de: eumed.net

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