La Gaceta Jurídica

La literatura en la enseñanza del Derecho

(Parte final)

Foto: haikudeck.com

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Pablo Bonorino Ramírez

00:00 / 01 de mayo de 2015

Dworkin sostiene que la Suprema Corte estadounidense ha operado en la práctica con esa concepción al resolver, por ejemplo, el caso Gillette contra United States en 1971. Si se acepta que las decisiones en materia de procreación (y, en especial, en lo relativo al aborto) presuponen convicciones religiosas en ese sentido, entonces la existencia del derecho a la autonomía procreativa en la constitución estadounidense puede ser defendida también fundándola en las cláusulas de la Primera Enmienda.

Se trata de una controversia religiosa en la que el Estado estaría tomando partido por una de las posiciones en pugna. Al exigir conformidad con un tipo determinado de convicciones religiosas, el Estado estaría violando las dos cláusulas de la Primera Enmienda. Por un lado, limitaría el “libre ejercicio” de su religión a quienes les prohibiese tomar libremente la decisión de abortar y, por otro, estaría “estableciendo” de forma coactiva una religión colectiva (1).

Según Dworkin, se puede distinguir tres fases en toda interpretación jurídica. En la primera etapa se selecciona el material objeto de la interpretación, considerándolo como el parámetro en el que se plantea la cuestión interpretativa que ha generado toda la actividad.

Esto no significa que dicho material, sean leyes o decisiones judiciales, no pueda ser objeto de una controversia interpretativa en otro contexto a los efectos de fijar su alcance o sentido. Pero no se puede cuestionar todas las convicciones que componen un dominio al mismo tiempo.

En el ejemplo que hemos presentado, en la etapa preinterpretativa fueron identificadas aquellas cláusulas constitucionales relevantes para resolver el problema de la constitucionalidad de las leyes que prohibían el aborto (decimocuarta enmienda), así como las principales decisiones del pasado en las que se resolvieron cuestiones de alguna manera relacionadas con la cuestión principal (Griswold entre otras), las que podían entenderse como paradigmas en la terminología del autor.

En la segunda etapa se evalúa las posibles interpretaciones que se puede proponer para dicho material en las dimensiones del ajuste y de la justificación. No es necesario que la interpretación propuesta se ajuste a todo el material considerado relevante, basta con que lo haga en su mayor parte.

Además, siempre se puede considerar algunas decisiones del pasado como erróneas si una nueva y mejor interpretación del resto del material así lo requieren. En esa obra Dworkin rechaza muchas de las interpretaciones alternativas valiéndose únicamente de la dimensión del ajuste.

También en ese caso quedó claro que a veces las cuestiones relativas a la justificación requieren salir del marco en el que se planteó originariamente el problema, apelando a aquellos principios que justifican mejor al Derecho como un todo (en el caso de Dworkin apelando a la idea de integridad).

En el libro comentado se consideró que la mejor interpretación de la práctica constitucional norteamericana era aquella que mejor cumplía las exigencias que la integridad impone al Derecho en general.

La denominada etapa postinterpretativa depende del tipo de interpretación que se haya considerado mejor en la fase anterior. Si se optó por una interpretación pacífica del material considerado relevante, entonces lo más probable es que proyectada en el futuro dicha decisión no altere la forma en que se venían resolviendo ese tipo de cuestiones.

Si se seleccionó, por el contrario, una interpretación que condena como errores a una parte considerable del material de partida y que muestra al resto en una perspectiva novedosa, entonces la decisión generará alteraciones importantes en la práctica.

Estas alteraciones pueden ir de la reforma de un área determinada hasta la revolución de todo el ordenamiento jurídico. En el caso Roe contra Wade el cambio fue importantísimo, todos los estados que forman Estados Unidos debieron adecuar su legislación a lo dispuesto en dicha resolución, aun cuando sus legislaturas habían optado por soluciones opuestas.

Con eso, Estados Unidos se transformó de un día para el otro en la democracia occidental con la legislación más liberal respecto del aborto.

Como hemos podido apreciar en este artículo, la base para entender qué es y cómo funciona el Derecho se encuentra, según Dworkin, en el campo de la interpretación literaria.

Borges, el autor del Quijote y la interpretación constitucional

En el relato “Pierre Menard, autor del Quijote”, Borges nos presenta la historia de Pierre Menard, quien escribió el Quijote reproduciéndolo palabra por palabra varios siglos después de su redacción por Miguel de Cervantes.

En el texto encontramos dos narradores, Borges y Menard, que nos pueden servir para reflexionar sobre las vicisitudes de la interpretación, tarea a la que los juristas se enfrentan a diario. Desarrollaré en las líneas que siguen algunas reflexiones relacionadas con esta cuestión, prestando especial atención a la tarea hermenéutica generada en torno al Quijote de Menard.

Propongo prestar atención a lo que Borges dice de su propia lectura del texto de Menard: “El texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo es casi infinitamente más rico” (Borges 1996: 61).

Apoya esta afirmación con dos argumentos:

1. el discurso de las armas y las letras, en la que Don Quijote decide la controversia a favor de las armas, en el texto de Cervantes puede ser explicado apelando a la biografía del manco de Lepanto. Sin embargo, en el caso del texto de Menard ha dado lugar a un sin número de interpretaciones diversas, entre las que cita 1.1. la subordinación del autor a la psicología del héroe, 1.2. la trascripción literal del Quijote, 1.3. la influencia de Nietzsche y 1.4. los hábitos retóricos del propio Menard, entre los que no cabe más que la tolerancia.

2. El fragmento de la primera parte, capitulo IX en el que Don Quijote reflexiona sobre la historia, resulta en la versión de Cervantes “un mero elogio retórico de la historia” (Borges 1996: 62) y en la versión de Menard una audaz concesión al insipiente pragmatismo.

¿Qué es lo que le permite a Borges realizar estas afirmaciones, a primera vista sorprendentes? ¿Qué es lo que permite que los mismos signos físicos (palabras o sonidos) adquieran tan diversos sentidos? El sentido de un texto no parece encontrarse en los trazos que lo componen, sino en el ejercicio de interpretarlo, en el que irremediablemente el intérprete juega un papel central.

El intérprete, para dar sentido a un texto, no solo debe conocer el lenguaje en el que está escrito, sino que debe realizar inevitablemente conjeturas sobre las creencias e intenciones del autor y, para ello, sobre el contexto de producción del texto.

Esta cadena, central en la concepción respecto del significado y de la interpretación que sugiere Borges, no tiene, sin embargo, un principio ni un final preestablecidos, como sugiere la mera posibilidad de un Pierre Menard y como resalta el final del texto.

La figura de Menard resulta totalmente prescindente, dado que siempre podremos ensayar las más interesantes e imaginativas interpretaciones de cualquier texto con solo modificar esos parámetros. Es más, parece ser que esta posibilidad, esta ambigüedad esencial, es lo que hace “clásicas” a ciertas obras.

El texto de Borges parece contradecir a veces aquello que ha postulado un par de líneas antes. ¿Qué dejar y qué abandonar para superar las paradojas? Esto es algo que el texto no puede decir sin perder sus aspiraciones literarias.

No obstante, podemos proyectar algunas consecuencias interesantes en el terreno de la interpretación de textos jurídicos permutando de manera precaria estos elementos, sobre todo en relación con las discusiones que genera la interpretación de textos constitucionales.

¿Puede fijarse el significado de un texto constitucional de manera valorativamente neutra, esto es sin que él mismo dependa de consideraciones políticas o morales?

Quienes defienden una respuesta positiva a este interrogante, denominados originalistas o textualistas, creen que es posible aplicar una cláusula constitucional; por ejemplo, una que dijera “se prohíbe los castigos crueles”, interpretando sus términos con el alcance que quisieron darle sus redactores.

Es el texto de la ley lo que debe mandar en un estado de derecho y a él debemos atenernos para determinar aquello que resulta prohibido u obligatorio. Ni las intenciones del legislador ni la historia legislativa pueden ser utilizadas para apoyar una interpretación determinada de un texto legal.

Solo el texto debe hablar y el texto habla con el significado que él mismo tenía cuando se emitió, ni más ni menos. En nuestro ejemplo, si en la época en que fue sancionada dicha cláusula no se consideraba a la pena de muerte como un castigo cruel, entonces no se la puede interpretar como prohibiendo la pena capital en nuestros días.

Quienes se oponen a esta concepción sostienen que las cláusulas constitucionales deben ser interpretadas como cláusulas abstractas, esto es como concebidas desde su promulgación para operar como principios abstractos de moralidad, los que deben ser actualizados cada vez que requieran ser aplicados.

En nuestro ejemplo, el mismo texto “se prohíbe los castigos crueles” puede ser el fundamento para declarar la inconstitucionalidad de una norma que imponga la pena capital, en la medida en que se la pueda considerar como un castigo cruel en el momento en que se lleva a cabo la interpretación.

En este caso nada importa el contexto de emisión de la orden ni mucho menos las expectativas que los constituyentes pensaban satisfacer con ella. El intérprete debe actualizar la ley cada vez que se encuentra ante la necesidad de valerse de ella para resolver un conflicto.

El relato de Borges puede servir de apoyo tanto a uno como a otro de estos enfoques, según la interpretación que adoptemos del mismo. Creo que la mejor interpretación de un texto literario enfrentado a estas cuestiones que le son tan ajenas es aquella que preserva su ambigüedad esencial, esto es que muestra sus distintas caras sin considerar a ninguna de ellas como la definitiva.

Por ello, esta resulta una herramienta útil para introducir al alumno en las discusiones jurídicas. Si el objetivo es motivar la lectura de los debates en el plano constitucional, un texto abierto como el que estamos analizando puede ser el mejor punto de partida.

En este sentido, el relato de Borges podría decir, a favor del textualismo, que si es cierto que lo que debe hacer un intérprete jurídico es dar significado a un texto, entonces la reconstrucción del contexto de emisión puede permitir fijar un significado que excluya cualquier otra posibilidad, que restrinja al mínimo los desacuerdos o que los haga resolubles mediante el incremento de la información respecto de dicho contexto.

Sin embargo, también le podría decir que no se puede dejar de lado las intenciones del autor al encarar esta tarea, porque en el fondo de lo que se trata es de fijar lo que el autor intentó decir con el texto que emitió en el momento en que lo emitió. Y que determinar estas intenciones, tal como el propio textualista señala al criticar a todo tipo de intencionalismo, no es una cuestión empírica.

¿Qué es lo que impide pensar a un constituyente con la intención de que su texto signifique aquello que signifique en el momento de su futura aplicación?

Pero los principialistas también podrían encontrar apoyo en el texto de Borges, cuando se señala que “atesorar antiguos y ajenos pensamientos... es confesar nuestra languidez o nuestra barbarie”, dado que “pensar, analizar, inventar... son la normal respiración de la inteligencia” (Borges 1996).

¿Debe un intérprete contemporáneo renunciar a su inteligencia glorificando el cumplimiento pretérito de esa función? Al mismo tiempo encontramos que descontextualizar una emisión resulta el camino hacia la renovación imaginativa de textos que de esa manera aumentan su interés en relación directamente proporcional al aumento de su ambigüedad.

¿Puede un intérprete jurídico adoptar una concepción de la interpretación que incremente la equivocidad de las normas a la hora de aplicarlas para determinar los derechos de ciertos individuos?

No pretendo seguir torturando el texto de Borges con la finalidad de hacerlo hablar sobre cuestiones que sin duda vuelan muy por debajo de las verdaderas preocupaciones del poeta. Quizás el ejercicio sirva para mostrar los límites de la tarea que nos planteamos al intentar cruzar la literatura y el Derecho.

No es el objetivo del poeta dar respuestas ni siquiera plantear claramente ciertos problemas al filósofo, aunque a veces lo haga. La literatura está allí para señalarnos aquello a lo que no podemos acceder mediante otro tipo de discursos.

La tarea del teórico es dar respuestas, las mejores que pueda, a ciertos problemas que su tiempo considera importante resolver. El poeta está allí para sembrar la paradoja, para recordarnos “que no hay ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil”, pero al mismo tiempo para darle valor al tramo que nos separa de ese final que se siente inexorable.

Conclusiones

He presentado tres estrategias didácticas para la enseñanza del Derecho en las que se puede utilizar la literatura como herramienta pedagógica. El desarrollo de un ejemplo detallado para cada una de ellas ha permitido evaluar su potencial heurístico.

La literatura puede servir para motivar al alumno. Constituye una inigualable fuente de ejemplos vívidos e interesantes para iniciar la discusión de ciertos problemas que, de otra manera, podrían resultarles sumamente áridos. También ofrece un amplio campo para trazar estimulantes analogías.

Existen otras formas posibles de usar la literatura en el ámbito de la enseñanza universitaria que no fueron examinadas en el texto, pero considero que los elementos que se han presentado resultan suficientes para mostrar la riqueza y utilidad del enfoque propuesto.

Bibliografía

-Binder, G. (1999), “The Law-as-Literature Trope”, en Freeman, Michael y Andrew Lewis (eds.). Law and Literature. Oxford: Oxford University Press, pp. 63-89.

-Bonorino, P.R. (2002), Objetividad y verdad en el Derecho. Bogotá: Universidad del Externado de Colombia.

-Bonorino, P.R. (2003a), Integridad, derecho y justicia. Bogotá: Siglo del Hombre-UNC.

-Bonorino, P.R. (2003b), El imperio de la interpretación. Los fundamentos hermenéuticos de la teoría de Dworkin. Madrid: Dykinson.

-Borges, J.L. (1996), Ficciones. Buenos Aires: Emecé.

-Calvo, J. (1996), Derecho y narración. Barcelona: Ariel.

-Dworkin, R.M. (1977), Taking Rights Seriously. Londres, Duckworth, 1977.

-Dworkin, R.M. (1985), A Matter of Principle. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

-Dworkin, R.M. (1986), Law's Empire. Cambridge, Mass.: Belknap Press.

-Dworkin, R.M. (1994), Life's Dominion: An Argument About Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom. New York: Vintage Books.

-Dworkin, R.M. (1996), Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

-Dworkin, R.M. (2000), Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

-Freeman, M. y Andrew Lewis, eds. (1999), Law and literature. Oxford: Oxford University Press.

-García Amado, J.A. (2003), Ensayos de filosofía jurídica. Bogotá: Temis.

-González Echevarría, R. (2005), Love and the Law in Cervantes. New Haven: Yale University Press.

-Hanafin, P.; Gearey, Adam, y Brooker, Joseph, (eds.) (2004), Law and Literature. Oxford, UK ; Malden, MA: Blackwell Pub.

-Hart, H.L.A. (1992), Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law. Oxford: Clarendon Press. Original edition, 1968.

-Hart, H.L.A. (1994), The Concept of Law. Oxford: Clarendon Press.

-Kelsen, H. (1974), La teoria dello stato in Dante. Bologna: M. Boni.

-Melville, H. (1986), Benito Cereno. Billy Budd, marinero. Madrid: Alianza.

-Morawetz, T. (1996), “Law and Literature”, en Patterson, Dennis (ed.), A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory. Cambridge, Mass.-Oxford: Blackwell, pp. 450-461.

-Nussbaum, M.C. (1995), Poetic Justice: The Literary Imagination and Public Life. Boston, Mass.: Beacon Press.

-Posner, R.A. (1988), Law and Literature: A Misunderstood Relation. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

-Ross, A. (1972), Colpa, responsabilità e pena. Milán: Giuffrè. Original edition, 1970.

-Simmons, A.J.; Cohen, Marshall; Cohen, Joshua, y Charles R., Beitz, eds. (1995), Punishment. Princeton: Princeton University Press.

-Stangerup, H. (1991), El hombre que quería ser culpable. Barcelona: Tusquets.

-Thomas, B. (1987), Cross-examinations of Law and Literature: Cooper, Hawthorne, Stowe, and Melville. Cambridge; New York: Cambridge University Press.

Nota

1. En el texto presento la argumentación de Dworkin sumamente resumida. Un análisis más detallado de sus argumentos se puede encontrar en Bonorino 2002.

Es profesor titular de Filosofía del Derecho, Universidad de Vigo, España.

Tomado de: eumed.net

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