La Gaceta Jurídica

El llamado secreto de imprenta

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez G.

00:00 / 30 de mayo de 2014

La decisión adoptada por el Procurador General del Estado, dirigiéndose a Juez Ordinario y pidiéndole que ordene a dos periodistas del diario La Razón levanten el secreto de imprenta, ha actualizado un tema de por sí polémico. Pero la polémica ha sido mayor todavía por otros dos detalles: uno, que el Juez accedió al pedido del Procurador y dos, que el tema que ha dado lugar al petitorio de éste tenía que ver con una investigación publicada en un suplemento de La Razón referida al tema marítimo, que es súper sensible. Aquí poco menos que el autor del trabajo y la directora de La Razón, conminados a levantar ese secreto, aparecen como espías a favor de Chile.

¿Cómo ubicamos lo sucedido dentro de la normativa existente? Tanto el periódico, como los interesados, más los medios de comunicación y organizaciones que agrupan a los periodistas, han lanzado el grito al cielo, esgrimiendo un argumento principal, el que contiene el texto del artículo 8 de la Ley de Imprenta de 19 de enero de 1925. Con todo lo obsoleta que ésta podría ser, pero no habiendo sido expresamente derogada, pues sigue en vigencia.

Aquél artículo dice: “El secreto en materia de imprenta, es INVIOLABLE”.

Mas, el artículo siguiente, el Nº 9, añade una serie de elementos de confusión y de imprecisión.

Veamos. Dice textualmente: “EL EDITOR O IMPRESOR, que revela a una autoridad política o a un particular, el SECRETO ANÓNIMO, SIN REQUERIMIENTO DE JUEZ COMPETENTE, es responsable, como DELINCUENTE, contra la fe pública, según el Código aquí existen varias cosas para comentar. La primera, que quienes eventualmente podrían revelar el secreto anónimo, son el EDITOR O EL IMPRESOR de la respectiva publicación escrita. Nadie más.

Por lo tanto, nos encontramos con la sorpresa de que entre los que podrían estar aquellos que acaben como delincuentes no figuran específicamente, como se viene sosteniendo, los PERIODISTAS. En efecto, ninguno de los que cumple esa tarea es ni editor ni impresor. Las funciones de éstos, son específicas, pero sobre todo DIFERENTES. Por lo tanto, ni el redactor de la nota periodística ni la Directora de La Razón puede ser o adquirir la calidad de SUJETOS DE LA ACCIÓN JUDICIAL respectiva.

Pero del texto del artículo 9 parece darse a entender que la forma concreta de excepcionar aquel principio de la inviolabilidad del SECRETO DE IMPRENTA resulta en los hechos, facilísima. Pues, sencillamente, si se consigue el “requerimiento del juez competente”, aquel secreto debe levantarse de inmediato. Lo anterior equivaldría a decir; si tú (editor o impresor) de un periódico revelas la fuente informativa o secreto anónimo, sin aquél requisito, te conviertes en autor de un delito, pero si es el Juez el que te lo ha ordenado, no pasa absolutamente nada. El respaldo para ello, es precisamente la orden del juez competente.

Pero el panorama que aparece así tan sencillo, no es tal. La primera interrogante que debemos plantearnos es la que encierra esta pregunta: ¿Qué se considera en nuestra expresa normativa vigente, como SECRETO DE IMPRENTA O ANÓNIMO? ¿Hay una reglamentación de la Ley que detalle específicamente cuáles son tales casos? Pues, sencillamente, no existe ninguna normativa expresa. En consecuencia, ¿quién decide qué es o qué no es secreto de imprenta? ¿El Ministro del ramo? ¿El que se ha sentido ofendido por un reportaje? O, como en el presente caso, ¿el representante del Estado, que cree (el) que se ha perjudicado nada menos que los intereses del Estado? 

O sea, en todos los casos, apreciaciones subjetivas sujetas a diversas valoraciones. Pero, además, y esto es más serio todavía, sujetas al capricho del que va a decidir.

Se podrá decir que precisamente por todo lo indicado la vieja Ley de Imprenta nos dice recúrrase al juez COMPETENTE. (a su requerimiento dice, que es más bien para los Fiscales y debería decir a la orden). Pero, preguntémonos ¿cuál es en concreto el juez competente? En la misma Ley de Imprenta hay un total silencio sobre el tema, por lo que habíamos apuntado su falta de reglamentación. La Ley del Órgano Judicial (ni la actual, ni la anterior), aclaran el caso, teniendo en cuenta que aquellas resultan en este ámbito las leyes “especiales”.

Volviendo en concreto al caso demandado por la Procuraduría del Estado, se supone que el juez “competente”, acabó siendo uno de Instrucción en lo Penal. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Con razón el Consejo de la Magistratura ha llamado al Juez citado a explicar su conducta y a destacar los motivos por los cuales decidió “levantar” el secreto de imprenta.

Por todo lo expuesto, el presente tema no es tan simple, ni se reduce el mismo a decir que el secreto en materia de imprenta es inviolable. Esto no parece ser motivo de debate. Pero tanto los organismos gubernamentales (cualesquiera que sean), como aquellos que corresponden a la prensa (escrita), que es la única a la que abarcan los preceptos de la Ley de Imprenta, entendemos que ya ha llegado la hora, dejando de lado posturas inflexibles, que se pongan de acuerdo para comenzar a debatir el tema referido a una reglamentación actualizada de la vieja Ley. Ésta es la única forma en que la misma podrá volver a ser realmente útil.

Desde luego, que aquél trabajo tendrá que hacerse manteniendo en vigencia determinados principios básicos que deberán respetarse por todas las partes, a fin de que no resulten vulneradas ni la libertad de expresión, ni menos en concreto, la libertad de prensa.

Es abogado, analista de la constitucionalidad y ensayista.

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