La Gaceta Jurídica

El manejo económico financiero del Órgano Judicial

Puerta opuesta

La Gaceta Jurídica / Orlando Rojas Baspineiro

18:30 / 02 de mayo de 2012

El significado de la palabra justicia no sólo debe ser identificado con democracia y legalidad, sino también con lograr la igualdad en la diferencia, con tratar de imponer la autoridad sin autoritarismo; por ello el esfuerzo de los actuales responsables del Órgano Judicial tendría que estar orientado a la obtención de mejores resultados en la cotidiana labor que cumplen en procura de satisfacer los requerimientos de la ciudadanía.

En ese noble propósito imagino que el Gobierno nacional está en la obligación de brindar todo su respaldo a las tareas que tienen encomendadas constitucionalmente las entidades que conforman el Órgano Judicial. Por ello, en este periodo de trabajo que ya alcanza a la tercera parte del año, las nuevas autoridades judiciales deberían mejorar la vinculación de los procesos presupuestarios, económicos, de adquisiciones, de obras, de servicios, en los que intervenga el Órgano Judicial a través de la Dirección Administrativa y Financiera, hoy dependiente del Tribunal Supremo de Justicia, pues se supone que ahora se cuenta con mayores y mejores herramientas para lograr que así sea, mucho más si en verdad las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo, en coordinación con la judicatura, se han planteado llevar adelante una Revolución Judicial.

En ese entendido cabe preguntarse si la nueva administración judicial está dando los pasos concretos en aras de tener todos los días una justicia más eficiente, más idónea, más pronta y que esté más accesible a los ciudadanos de los cuatro confines de Bolivia.

Por lo que se ha visto en los últimos días en Sucre, sede del Órgano Judicial, se deslizan muchas dudas respecto a una eventual respuesta positiva a la cuestionante antes planteada debido a los malentendidos o impases que parecen existir, principalmente, entre las autoridades del Consejo de la Magistratura y las del Tribunal Supremo de Justicia.

Disputas que llegaron hasta el pugilato entre dependientes de una y otra institución, servidores informáticos trasladados del edificio del Consejo de la Magistratura al Tribunal Departamental de Justicia, muebles y documentación transferidos de una instancia a otra, en apariencia sin verificar si era estrictamente necesario dicho traslado, son sólo algunos de los elementos que permiten visibilizar una tensa relación entre estas dos instituciones que derivaron –sólo para citar un ejemplo– en la suspensión del servicio de emisión de certificación del Registro Judicial de Antecedentes Penales por más de 24 horas.

Ahora la Dirección Administrativa y Financiera junto a un buen número de funcionarios que se trasladaron del edificio del Consejo de la Magistratura está “trabajando” en la infraestructura que corresponde al Tribunal Departamental de Justicia edificación que, recientemente entregada, ya era pequeña para albergar sólo a los Juzgados y a la representación distrital del Consejo en Chuquisaca.

Estos altercados que las actuales autoridades intentan minimizar nos remiten a hechos similares que se presentaban entre el ex Consejo de la Judicatura y la ex Corte Suprema de Justicia, rivalidades que sin pensar en el mejoramiento del servicio judicial enlodaban dignidades, duras acusaciones que cruzaban la calle en busca de certeros blancos en el edificio del frente.

En el pasado todo se remitía, y parece que también en la actualidad, al manejo de la chequera, hoy inexplicablemente en manos de las autoridades jurisdiccionales, cuando la única labor que deben cumplir éstas es la de administrar justicia, dejando para el órgano administrativo y disciplinario como fue y debe ser el Consejo de la Magistratura todos los aspectos referidos a procesos presupuestarios, económicos, adquisiciones y otros en los que los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no deberían tener nada que hacer, eso por el simple razonamiento de que estas autoridades fueron puestas ahí –única y exclusivamente– para resolver causas, actividad en la que por sus propios informes ya tiene un considerable retraso.

Lo que se logró es retrotraer, si bien no al pasado  inmediato, un periodo más antiguo todavía, tiempo en el que no existían Consejo de la Judicatura, ni Tribunal Constitucional y menos Tribunal Agrario, tiempo en el que los entonces todopoderosos Ministros de la Corte Suprema se hacían cargo de todo, menos de administrar justicia, construcciones faraónicas como el edificio del actual Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz corresponden a esa época, sobreprecios, padrinazgos, verdaderos viajes de turismo de ministros y secretarias por el oriente del país, son testimonios de ese aciago momento de la justicia nacional.

Lamentablemente, la errónea decisión de los legisladores de devolver la administración económica financiera a quienes no tienen en absoluto que ver con esos menesteres ha provocado un retroceso monumental, con ello también la Asamblea Legislativa tributó significativamente a la existencia de la tremenda rivalidad que hay entre el cm y el tsj, porque no se trata de atenuar lo que sucedió hace apenas unos 10 días, se trata de ver en su verdadera dimensión los hechos que se están produciendo y cuyo perjudicado –como siempre– es el usuario final de los servicios de justicia, es decir, el ciudadano de la calle que acude a esa prestación obligado por las circunstancias.

¿Había que hacer algunos ajustes? Contundentemente si, pero jamás se debió retornar a tiempos en los que la justicia era, a través del Tesoro Judicial, una agencia de viajes que convertía las inspecciones judiciales en verdaderas procesiones donde el “sarao” y los banquetes no estaban ausentes. ¿Se hicieron auditorías a esas gestiones? Definiti- vamente no, ahí quedaron como mudos testimonios del despilfarro lujosos vehículos adquiridos sin licitaciones, edificios construidos con sobreprecios impresionantes, pero sobre todo miles de causas sin resolver, que hasta la actualidad se siguen debatiendo en los tribunales.

Por ello es que despierta la susceptibilidad de gran parte de la ciudadanía el hecho de que los legisladores hayan decidido devolver el manejo de la chequera a las autoridades jurisdiccionales, mucho más cuando esta disposición ya empezó a generar los primeros malentendidos; ¿Qué pasará cuando el Consejo de la Magistratura comience a ejercer su potestad del control y fiscalización del manejo administrativo y financiero del Órgano Judicial? Ahí se buscará el desquite (porque no neguemos que los bolivianos sí tenemos memoria para tomarnos la revancha) y no me extrañaría que los resultados de la fiscalización sepulten la carrera judicial de algunos o varios magistrados, asimilados hoy a la administración económico-financiera.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia