La Gaceta Jurídica

El Estado tendría mayor control sobre bienes

El pleno de la Cámara de Diputados analizará en detalle la propuesta del Órgano Ejecutivo referente al proyecto de Extinción y Dominio de Bienes a favor del Estado, que pretende normar que las posesiones gananciales provenientes de determinadas actividades ilícitas pasen a manos estatales de forma independiente a un proceso judicial.

Los diputados discutirán también sobre el destino de los bienes que serían confiscados.

Los diputados discutirán también sobre el destino de los bienes que serían confiscados. Foto: Prensa Senado

La Gaceta Jurídica / Raúl Morales Romero

00:00 / 09 de octubre de 2012

El ministro de Gobierno Carlos Romero, argumentó ante el pleno Cámara Baja que la propuesta del Ejecutivo sobre el tratamiento del proyecto de Ley de Extinción y Dominio de Bienes a favor del Estado no sólo penalizará los delitos cometidos, sino también la pérdida del derecho propietario de los bienes obtenidos de manera ilícita.

El objeto que plantea la ley es instituir la acción de extinción de dominio a favor del Estado sobre bienes de procedencia ilícita por actividades de narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimización de ganancias ilícitas. Es decir, el dominio con la pérdida de la titularidad del derecho propietario sin contraprestación ni compensación para su titularidad cuando concurran las causales establecidas en la ley.

El titular de la cartera señaló que esta legislación tiene que ver con el hecho de perseguir “delincuentes de cuello blanco”, a aquellos que utilizan los bienes adquiridos ilícitamente para perpetrar la reproducción del delito o para manipular a discreción el accionar de jueces y fiscales por la vía de la prebenda, debido a que tienen la posibilidad material de realizar esas acciones y distorsionar las investigaciones y eludir la acción de la justicia.

Procedimiento

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la pasada semana en su estación en grande el proyecto de Ley Nº 625/2012-2013, pero esta semana la instancia congresal lo considerará en detalle perfeccionando la norma que luego será analizada en la Cámara Alta de la Asamblea Legislativa Plurinacional.Romero recordó que la acción de dominio de bienes se originó en la legislación estadounidense, inicialmente aplicada al ámbito de los derechos emergentes del tráfico de drogas y que se dirigía a afectar el poderío económico de los narcotraficantes, aspecto que los pone en situación de ventaja frente a la acción de aparato judicial.

Asimismo, dijo que es la Procuraduría General del Estado (pge) la encargada de ejecutar esta Ley, porque su naturaleza está referida al desempeño institucional dirigido a defender el patrimonio público.

Por su parte, la presidenta de la Cámara Baja, Rebeca Delgado, destacó la labor realizada por la Comisión de Constitución y Defensa Legal del Estado, pero, a su vez, reconoció que existe la necesidad de realizar algunas modificaciones a esta propuesta.

“Hemos coincidido en que tenemos que mejorar la norma, (en temas) como los fines sociales de la Ley y algunos otros, pero todos están de acuerdo (en) que exista una ley que determine la extinción de dominio de algunos bienes que se hayan obtenido de manera ilícita”, aseveró.

Particularidades

Esta norma se aplicará sobre los bienes cuyo valor sea igual o superior a 70.000 bolivianos y sobre los bienes adquiridos por sucesión o por causa de muerte con un valor similar.

El documento establece que, en caso de flagrancia, la Procuraduría procederá al decomiso e incautación de todos los bienes que sean producto de alguna actividad ilícita, otorgando a los afectados un plazo de cinco días hábiles para que presenten sus descargos.

Cuando se trate de un proceso judicial, esta norma establece que el poseedor de los bienes tendrá un plazo de 10 días hábiles para demostrar la licitud de la procedencia de los mismos.

Los bienes que hayan pasado a favor del Estado, serán monetizados inmediatamente después de la declaratoria de extinción de dominio, con resolución final a través de una subasta pública, con un precio base del 75 por ciento del valor del bien en el mercado. Los recursos obtenidos ingresarán al Tesoro General del Estado (tge) y serán destinados a políticas sociales de prioridad nacional.

El Ministro de Gobierno confirmó que, cuando proceda la incautación de un bien, el sujeto deberá haber sido condenado previamente por uno de los delitos de  narcotráfico, contrabando, corrupción pública y legitimación de ganancias ilícitas.

“Se ha previsto que un procedimiento administrativo pueda dar lugar a la extinción de la propiedad de los bienes obtenidos de manera ilícita y esta acción tendrá como condición que una persona se encuentre encausada judicialmente en el ámbito penal”, y haber sido sentenciada.

La oposición demanda cambio

El asambleísta Tomás Monasterios planteó la modificación del proyecto de ley, porque, según su percepción, no considera la presunción de inocencia del acusado, como un principio que se enmarca en la Constitución Política del Estado (CPE).

“Las leyes deben respetar los derechos de las personas y la cpe. Por ello, para que las personas pierdan sus bienes les corresponderá tener el proceso penal concluido con sentencia condenatoria”, argumentó.

Por su parte, el legislador Willman Cardozo indicó que la propuesta del Ejecutivo asigna tareas de investigación a la Procuraduría General del Estado, siendo que estas labores no están consideradas en sus funciones.

¿Usurpación y confiscación?

Asimismo, la diputada opositora Norma Piérola denunció que la propuesta del Ejecutivo “pretende apropiarse de lo ajeno”, pues ella considera que viola más de 20 artículos de la cpe.

En su explicación, señaló que se vulnera las leyes 04, 07 y 064 del Procedimiento Administrativo, además de varios tratados o convenios internacionales que hacen al bloque de constitucionalidad.

En su afán de combatir los delitos de narcotráfico, contrabando, legitimación de ganancias ilícitas y corrupción (artículo 5 del proyecto) se concede facultades extraordinarias e inexistentes a favor de una Sub Procuraduría que tiene funciones específicas y garantizadas por la ley 064, aseveró la asambleísta.

Más adelante, añadió que este aspecto contraviene lo dispuesto por el artículo 140 de la cpe, que establece que ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ningún otro órgano, institución, asociación o reunión popular de ninguna clase podrá conceder a órgano o persona alguna facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en la Constitución.

Aseguró la opositora que no podrá acumularse el poder público ni otorgarse supremacía por la que los derechos y garantías reconocidos en la cpe queden a merced de órgano o persona alguna.

No obstante, el proyecto de la Ley de Extinción de Dominio a favor del Estado dice que “cualquier persona sobre la que se tenga sospechas de que hubiera incurrido en los ilícitos señalados o que esté sometido a proceso y que no pruebe en dicho plazo la licitud de sus bienes, (éstos) quedarán confiscados o extinguidos a favor del Estado, sin compensación para el titular o simple poseedor”.

Consideraciones

Corresponde tomarse en cuenta que la doctrina penal mundial establece que de todo acto doloso o ilícito nacen dos acciones: uno, la imposición y sanción penal y, cuando es ejecutoriada esta etapa, se abre la parte dos, que es de averiguación de daños civiles para pagar costas a la víctima y al Estado, añadió la diputada Piérola.

“Cuando se pretende acusar y sentenciar antes de someter a proceso a las personas, es sólo para quitarles sus bienes y que pasen a dominio del Estado”, sostuvo.

Agregó que “todos los bienes del sindicado, contra quien no pesa sanción penal ejecutoriada y se presume sus inocencia, serán rematados a favor del Estado de inmediato, así se presume su culpabilidad; pero, primero, le decomisan todos sus bienes y no se salvan actos de buena fe”.

Al respecto, en una entrevista con La Razón, el diputado Javier Zabaleta explicó que la norma prevé afectar los bienes de gente ligada al narcotráfico, contrabando, corrupción pública y legitimación de ganancias ilícitas, para transferirlos de forma sumaria al Estado, pues “esta ley no tiene restricción para investigar el origen de los bienes de las personas implicadas” en estos delitos.

Sobre la aplicación, confirmó que “tiene que haberse iniciado un proceso penal por narcotráfico, contrabando o corrupción para poder recurrir a esta ley”, además que el proceso penal es independiente del proceso administrativo, porque, “un proceso puede durar muchos años hasta demostrar su inocencia o culpabilidad.

Pero, paralelamente, la Procuraduría pedirá que el acusado demuestre la licitud de los bienes que posee y, si no lo hace, procede la extinción de su derecho propietario y se da curso a un remate de esos bienes”.

Etiquetas

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia