La Gaceta Jurídica

Por la mejora judicial

Lo que puedan plantear las ideas y propuestas y lo que vaya a compendiarse en documentos y conclusiones podría no tener buenos resultados si la institucionalidad del Órgano Judicial y del Ministerio Público no queda formada por personal competente y si no tiene el “socorro” necesario de las arcas estatales…

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 06 de enero de 2016

Con la necesidad imperante en el país de que la crisis del sistema judicial sea resuelta lo antes posible y con la expectativa y críticas que ha provocado la preparación de una cumbre judicial, aún sin fecha, el ámbito de la administración de justicia será uno de los de mayor actividad en esta nueva gestión; por lo menos así parece dar a entender la ministra de Justicia, Virginia Velasco, en una entrevista concedida al periódico La Razón el fin de semana.

Y no es para poco, el tema más candente es precisamente ése, solucionar la embarazosa situación en la que se encuentra la justicia boliviana en cuanto a factores como la corrupción, el difícil acceso a la justicia y la retardación o la mora procesal; aspectos que, junto al tema de la política criminal, la formación de los abogados y la elección de las autoridades del Órgano Judicial, están identificados como ejes de discusión para ese encuentro.

Además de estas materias, para la cumbre podrían adicionarse otras, pues el tema judicial es tan amplio y complejo que dará mucho que hablar y discutir. Todo esto tal vez conforma el motivo suficiente como para que este evento, que alcanzará dimensiones notables, todavía no sea anunciado de manera oficial en fecha y lugar, pues, de seguro, de manera interna el Órgano Ejecutivo discute las perspectivas y alcances.

De igual modo, en la esfera legislativa se supone que se hace análisis de diverso orden para entregar propuestas para la cumbre, asimismo, de parte de varias entidades se ha conocido planteamientos que esbozan soluciones para el problema judicial, los que, combinados con otros, podrían convertirse en soluciones a corto y mediano plazo, como requiere el sistema jurídico.

Pero las actividades de este año no quedan en la preparación y, quizás, la ejecución de este magno evento, sino que la cartera de Justicia pondrá en práctica una agenda que incluye otros aspectos como la modificación de la Ley de la Abogacía con el objetivo de endurecer las sanciones contra los juristas que cometen delitos y otras irregularidades en el desarrollo de sus funciones, lo que también apunta a que la corrupción disminuya entre estos servidores públicos y redundará en un mejor acceso a la justicia por parte de personas de bajos ingresos.

Esto lleva a la consideración que la reforma judicial debe incidir con mayor empeño en sus postulados de celeridad, gratuidad y oportunidad, lo cual se garantizará cuando existan autoridades judiciales designadas de manera adecuada (sea cual sea el mecanismo), administradores distritales y de juzgados idóneos y suficientes, defensores y acusadores capaces e insobornables, infraestructura judicial apropiada y suficientes recursos entregados por parte del Estado para sostener todo este aparato.

Lo que puedan plantear las ideas y propuestas y lo que vaya a compendiarse en documentos y conclusiones podría no tener buenos resultados si la institucionalidad del Órgano Judicial y del Ministerio Público no queda formada por personal competente y si no tiene el “socorro” necesario de las arcas estatales para mantener un engranaje conveniente. Será algo así como cuando las nuevas leyes nacionales, muy “avanzadas”, según la visión nacional e internacional, parecen no servir debido a su falta de aplicación y conocimiento correcto.

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