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Gabriel Peláez G.

00:00 / 10 de julio de 2015

Se podría pensar que para designar a funcionarios públicos de jerarquía debe suponerse que es lógico dar por hecho que para concretar esta designación va a tomarse en cuenta los méritos que el respectivo candidato ha conseguido acreditar en cada caso.

Pero, lamentablemente, aquel extremo es justamente la excepción y no la regla para nombrar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (tse). El tema, por otra parte, se ha presentado después de una serie de actuaciones al menos irregulares no solo en ese órgano del Estado, sino en los tribunales departamentales. La renovación de vocales debería haber abarcado también a estos últimos.

Las normas contenidas a partir del artículo 205 de la Constitución Política del Estado (cpe) nos dicen que aquél es el máximo nivel del Órgano Electoral y que está compuesto por siete miembros que durarán en sus funciones seis años.

Seis de aquellos deben ser designados por la Asamblea Legislativa Plu- rinacional (alp), “por dos tercios de votos de los miembros presentes, y el restante será elegido por el Presidente del Estado”.

Se añade que “la elección de los miembros del Órgano Electoral Pluri- nacional requerirá de convocatoria pública previa y calificación de capacidad y méritos a través de concurso público”.

El artículo 207 tendría que ver con esa “capacidad” cuando dice que para ser designado vocal del Tribunal Supremo Electoral Plurinacional se requiere cumplir las CONDICIONES GENERALES DE ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO; HABER CUMPLIDO TREINTA AÑOS DE EDAD, AL MOMENTO DE SU DESIGNACIÓN Y TENER FORMACIÓN ACADÉMICA”. 

Se podrá apreciar que el texto constitucional no es claro ni preciso, en cuanto a los requisitos básicos para ocupar una vocalía del Tribunal Supremo Electoral.

Y no solo eso, sino que dice poco en relación al tema. No se puede, y más en un texto de la Constitución, ser tan poco exigente en el caso. No se dice nada al afirmar “condiciones generales de acceso al servicio público”.

Nos preguntamos, ¿cuáles son en concreto tales condiciones? Asimismo, ¿qué debe entenderse por tener formación académica? ¿Es solamente poseer un título profesional? ¿A qué nivel? ¿En qué campos? Nada de esto se aclara.

La convocatoria lanzada tampoco fue demasiado precisa, sin embargo, al menos se ha ganado un detalle: que los méritos personales, esta vez sí se tomarán en cuenta. Empero, en una entidad política como es la Asamblea Legislativa Plurinacional, nadie puede garantizar la forma en detalle de cómo ha de cumplirse este aspecto, o sea la forma de su futura aplicación.

Se mantiene, en consecuencia, una evidente y clara desconfianza sobre la manera en que aquella habrá de aplicar sus reglamentos y decidir, finalmente, sobre el nombramiento.

Creemos que, sin embargo, existe hasta el momento un avance en cuanto a las formas que se utilizaron antes; esas  que nunca garantizaron ni de lejos la designación de profesionales que garanticen una actuación imparcial y no favorezcan particularmente al partido oficialista.

Ninguna elección, lamentablemente, podrá efectuarse si no existe un Órgano Electoral que reúna por sí mismo ciertas características necesarias.

Para lograr este extremo, se requiere no solamente cambiar unos vocales por otros, porque así solo habremos cambiado nombres, pero con los mismos defectos.

Se requiere, por ende, lograr un desempeño con ética de las funciones respectivas. ¿Será la condición de haberse prohibido a los postulantes el pertenecer a un determinado Partido Político?

Puede ser, pero este detalle es algo estrictamente personal y muy difícil de probar. Una persona puede jurar –si se quiere– que no milita en un determinado partido político y puede que eso no sea cierto en la práctica.

El primer problema, luego de emitida la Convocatoria, ha sido el número de postulantes, superior a los cuatrocientos; se trata de un número excesivo y de una demostración de la verdadera angurria que existe en este país cuando de estos cargos de trata.

Al tiempo de escribir este trabajo todavía quedaba cerca de un centenar, lo que nos demuestra que se ha avanzado bastante en la aplicación de los sistemas de calificación de méritos y otros métodos como las entrevistas.

En todo caso, lo sucedido hasta el momento, incluyendo la actuación de los anteriores tribunales electorales tanto el nacional como los departamentales, muestra algunas cosas que no se tomó en cuenta.

De nuevo se pensó solamente en los intereses partidistas al designar al anterior Tribunal y se hizo muy poco en forma rápida y oportuna ante la actuación irregular de aquél a nivel nacional y en los departamentos. Así, la conformación del tribunal de este modo, en total impunidad, acabó empañando los procesos electorales, a los que se les quitó credibilidad.

En consecuencia, esta última condición es lo que hoy debe devolverse a los tribunales electorales y a los procesos electivos. De otra forma, la convocatoria, su aplicación y hasta los nombramientos que resulten de la misma no habrán servido de mucho.

Y no se olvide que los procesos electorales y su transparencia son parte importante y muy valiosa de todo proceso democrático y de su aplicación práctica. Si esta aplicación no es transparente ni goza de la confianza ciudadana, la democracia se reciente.

Es abogado, analista de la constitucionalidad y ensayista.

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