La Gaceta Jurídica

La migración y los derechos del niño

(Parte II)

Foto: escrutiniopublico.blogspot.com

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La Gaceta Jurídica / María Laura Serra

00:00 / 07 de septiembre de 2012

Ecuador, con su nueva Constitución (entrada en vigor el 20 de Octubre del 2008) (1), logra un avance en el respeto de los derechos humanos, consagrando la afiliación voluntaria de los inmigrantes al seguro social, considerando ecuatorianas a las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en ese país; y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad, entre otras reformas empleadas.

Ecuador tiene la particularidad de ser uno de los pocos países que ostenta la doble calidad de emisor y receptor de migrantes, situación a la cual se suma la acogida de los desplazados de otras naciones –fenómeno diferente pero complementario a la migración– que lo ha convertido en el primer territorio de refugio de América Latina y últimamente el de país de tránsito (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de Ecuador, 2007).

En febrero del 2007, el gobierno ecuatoriano declaró mediante Decreto Ejecutivo Nº 1981 “Política Prioritaria del Estado el combate al plagio de personas, tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual y laboral; y otros medios de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores”. Constituyendo un avance en el diseño de políticas, planes y programas de la materia.

En su declaración, establece que estas políticas, planes y programas se implementen sobre la base de cuatro principios: derechos humanos; derechos de los niños, niñas y adolescentes; perspectiva de género y participación.

Considero que México debería tener un ensayo aparte, puesto que en su frontera norte y frontera sur se instauran los puntos más críticos que ha marcado el proceso migratorio, dentro de la región. México no es únicamente un país emisor, sino también de tránsito y destino de flujos migratorios provenientes del centro de América a fin de entrar a Estados Unidos de Norteamérica.

De acuerdo al Informe Indicadores del Desarrollo Mundial, publicado por el Banco Mundial en 2007, entre el 2000 y 2005 la emigración desde los países latinoamericanos alcanzó la cifra de cuatro millones 12 mil personas, de las cuales la mitad son mexicanas. Así, México se coloca como el mayor expulsor de migrantes en el planeta, por encima de China, Pakistán e India (Nerio, Almaraz, 2007).

En México existe un subregistro importante de niños, niñas y adolescentes migrantes, especialmente de aquellos cuya condición migratoria es irregular (Gallo Campos, 2005).

Pese a ello es posible establecer cierta magnitud del conflicto, mediante cifras oficiales que indican que en el proceso migratorio de la frontera norte de México los niños y niñas que alcanzan a cruzar la línea y luego son repatriados son aproximadamente 39.000 al año (Gallo Campos, 2005).

Dentro de esos números se agrega el alto porcentaje de niños no acompañados que emigran hacia otras fronteras (2). Asimismo, y de acuerdo a cálculos de Organizaciones no Gubernamentales entregados a la Organización de Naciones Unidas (onu), aproximadamente tres mil menores de edad indocumentados sobreviven parcialmente en la frontera sur de México.

Investigaciones de campo indican que estos niños pertenecen a El Salvador, Guatemala y Honduras, sobreviviendo como vendedores callejeros y empleadas domésticas (Olivares, 2009), entre otras formas de trabajo infantil. La política mexicana tiende a confundir el combate al narcotráfico con los trámites administrativos de control migratorio, llegando así a la criminalización de los migrantes, lo que conlleva graves y frecuentes violaciones a sus derechos humanos al ser víctimas de abusos sexuales, mutilaciones, robos y homicidios (Nerio, Almaraz, 2007).

Como un pequeño avance se puede nombrar la reforma efectuada en la Ley General de Población y su Reglamento. En el apartado de Migración declara que “en el ejercicio de estas facultades, la Secretaría de Gobernación velará por el respeto a los derechos humanos y, especialmente, por la integridad familiar de los sujetos a esta ley” (3).

También la “Propuesta de Política Migratoria Integral en la Frontera Sur de México”, realizada en 2005, la cual define cuatro líneas estratégicas:

a) Facilitación de los flujos migratorios documentados que tienen como destino temporal y definitivo los Estados de la frontera sur de México;

b) Protección de los derechos de los migrantes que se internan por la frontera sur de México;

c) Contribución a la seguridad en la frontera sur de México;

d) Actualización de la gestión de los flujos y de la legislación migratoria, tomando en consideración las particularidades del fenómeno en la frontera sur de México.

De estos pilares se desprenden 28 puntos específicos, pudiendo resumirse de la siguiente manera: una propuesta con enfoque integral y de largo plazo; responsabilidad compartida entre los gobiernos involucrados en la dinámica migratoria además del diálogo y la cooperación entre los mismos; atención especial a grupos vulnerables (mujeres, niños, indígenas, infantes que transmigran solos); repatriación digna, ordenada y segura;

Por otra parte, reconocimiento a las aportaciones que realizan a México; facilitar la circularidad migratoria; combate al tráfico y trata de personas en todas las modalidades; aceptación y protección de refugiados, asilados y apátridas, facilitar la entrada y salida de extranjeros y creación del Grupo de Alto Nivel y Seguridad Fronteriza (Vega González, 2008).

Sí es de destacar al Estado de Chiapas, el cual ha puesto en práctica programas, reformas a leyes locales y nueva legislación a favor de los migrantes. Se implementa un Plan Estatal de Desarrollo que promueve el respeto a los derechos humanos incluyendo a los migrantes y se crea la Secretaría de la Frontera Sur que incluye la dirección de atención a migrantes.

Desde ahí se instala un mecanismo de reuniones bimestrales con los representantes consulares de Guatemala, Honduras y el Salvador, con los tres órdenes de gobierno para atender los asuntos de salud, seguridad del migrante, procuración de justicia, trata de personas, educación y empleo temporal. Adaptaron un lugar especial para atender a niñas y niños en materia de salud física y mental dentro de la estación migratoria.

Asimismo, se sancionó la Ley que Previene y Combate la Discriminación en el Estado de Chiapas, en esta nueva ley queda prohibido referirse o calificar a cualquier persona, y en particular a los extranjeros con estancia indocumentada, con el término de “ilegales” por ser un término denigrante, ofensivo y equívoco.

Quedan también previstas en esta Ley sanciones a las conductas discriminatorias en contra de las mujeres, niñas, niños, adultas mayores, personas con discapacidad, de distinto origen étnico nacional o regional, por su condición físico mental, por su ideología o creencia religiosa, por su preferencias sexuales, por su condición de preliberados y liberados por sus patrones de conducta social (Andrade, 2009).

Guatemala finalizó su guerra civil de 36 años en 1996, esta guerra causó que miles de refugiados políticos huyeran a países vecinos. Los Acuerdos de Paz de Guatemala en 1996 marcaron el fin de las hostilidades abiertas, pero no disminuyeron las tensiones sociales, la violencia política, la desigualdad cruda y graves dificultades económicas que alimentan las presiones de emigración (Organización Internacional para las Migraciones (oim), 2009).

Debido a su ubicación geográfica, Guatemala es el país más afectado por la migración irregular, porque los centroamericanos que regresan de México tienen que atravesar Guatemala, aumentando cada vez más estos flujos migratorios (oim, 2009).

La Constitución de Guatemala reconoce que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos (artículo 4 C). En general, la Constitución guatemalteca reconoce derechos y libertades fundamentales por igual a nacionales y extranjeros. Sin embargo, en materia de derechos laborales, se les otorga preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros (Idhuca, 2006).

Durante los últimos años, los gobiernos de Guatemala y México han realizado modificaciones a las leyes y procedimientos para regular los movimientos migratorios en sus respectivos territorios. En particular, Guatemala adoptó una nueva Ley de Migración y México introdujo reformas a la Ley General de Población y su Reglamento, en los apartados correspondientes al tema (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), 2009).

Sin embargo, el rasgo más preocupante es la prevalencia de una lógica de seguridad sobre consideraciones acerca de la relación entre la migración y el desarrollo. De ahí que el hecho más notable haya sido la orientación hacia medidas cada vez más restrictivas y la adopción de otras, para el aseguramiento, detención, devolución/ deportación de extranjeros no autorizados. Se puede afirmar que los cuerpos jurídicos y los procedimientos administrativos han sido ampliamente desbordados por las dinámicas migratorias (Flacso, 2009).

Los procesos migratorios entre Guatemala y México ocurren en el marco de un conjunto de asimetrías estructurales, que, en diversos planos, atraviesan las relaciones entre ambos países. Ello influye en la forma en que estos gobiernos definen políticas diferenciadas respecto de la migración, a pesar de que comparten el carácter de países de origen, tránsito, destino y retorno de flujos migratorios (Flacso, 2009).

El Salvador, en su Constitución Nacional, dispone que los extranjeros están estrictamente obligados a respetar a las autoridades y a obedecer las leyes y adquieren, en consecuencia, el derecho a ser protegidos por ellas (artículo 96).

La Ley de Migración de 1958 (lm) y la Ley de Extranjería de 1986 (le) son los principales cuerpos normativos que regulan el régimen jurídico especial aplicable a los extranjeros, previsto por el artículo 100 de la Constitución (Idhuca, 2006). El artículo 5 de la Ley de Migración establece tres calidades de ingreso al país: turistas, residentes temporales y residentes definitivos; y sólo autoriza la realización de actividades laborales a residentes temporales y definitivos (artículo 7 y 9 lm), aunque a ciertos turistas –identificados como “negociantes”– les permite llevar a cabo algunas actividades remuneradas (artículo 22 lm).

En general, la Ley de Migración da un amplio poder discrecional al Ministerio encargado del control migratorio para la expulsión de extranjeros mediante un proceso gubernativo y para la imposición de sanciones (Idhuca, 2006). Así, el artículo 63 dispone que el Ministerio del Interior “podrá, por motivos discrecionalmente calificados, acordar la expulsión de cualquier extranjero cuya presencia sea contraria a los intereses nacionales. El procedimiento será gubernativo”.

Aproximadamente 2,5 millones de salvadoreños habitan en Estados Unidos, asimismo, El Salvador, como varios de los países del centro de América, es también un país de tránsito, lo que crea un gran reto para los gobiernos.

Pese a ello, El Salvador no tiene una política migratoria específica, sigue los caminos implementados por las políticas de Norteamérica, agregando a ello que la entrada de remesas es el sostén de los salvadoreños. Esta falta de políticas genera una gran cantidad de pobres y, en consecuencia, de inmigrantes.

De acuerdo a la Constitución hondureña, la inmigración está condicionada a los intereses sociales, políticos, económicos y demográficos del país. La ley secundaria debe establecer los requisitos, cuotas y condiciones para el ingreso de los inmigrantes al país, así como las prohibiciones, limitaciones y sanciones a que estarán sujetos los extranjeros. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana (artículo 35 C).

La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad (Artículo 61 C).

Al igual que México, Honduras en su proceso migratorio, tiene un gran porcentaje de niños no acompañados que emigran a aquél país y a Estados Unidos. A esto se le agrega que ante el problema político que padece Honduras, ya se ha observado la presencia de infantes de ese país en México (Zúñiga, 2009). Sin embargo, la falta una buena política de Estado para retenerlos hace que su condición sea precaria, siendo detenidos o en algunos casos mutilados al cruzar las vías del tren en la frontera.

Se registró hasta 2008 más de 600 niños y niñas emigrantes deportados, mientras en todo el 2007 sólo se contabilizó unos 800 (Vásquez, 2008), estableciéndose, como consecuencia, un asenso de la problemática.

Los países de Nicaragua y Costa Rica van de la mano cuando se analizan sus procesos de migración, puesto que la migración de nicaragüenses a Costa Rica se ha presentado en forma sostenida a lo largo de toda su historia, debido a las características de ambos países y a momentos coyunturales específicos, sobre todo por parte de Nicaragua (Chinchilla Cervantes, 2005). Pese a ello el porcentaje de niños inmigrantes nicaragüenses es relativamente bajo, puesto que la mayoría de los niños hijos de inmigrantes nicaragüenses son nacidos en Costa Rica.

En el 2004, el 18% de los nacimientos (12.977) ocurridos en el país, correspondían a madres extranjeras. De ese total, un 85% correspondía a madres nicaragüenses (4). Los datos oficiales también revelan que de los menores de 12 años, el 54,4% es costarricense (5).

Nicaragua ni Costa Rica han fijado una política explícita en torno a los flujos de población nicaragüense hacia Costa Rica. El papel de los gobiernos ante los flujos de migración ha sido pasivo, vinculado a respuestas unilaterales de corte coyuntural más que a estrategias y políticas binacionales debidamente concertadas y de largo alcance (Barahona, 2006). Como en el caso de Costa Rica, quien pretende controlar y ordenar las migraciones con un claro propósito de reducir la inmigración y ser selectivo en la admisión de extranjeros (Varela Jara, s/f).

Con estas complejidades que se observan al describir brevemente la temática involucrada en cada país de América, se demuestra que el problema es grave y complejo y requiere un debate internacional, el cual adquiere, como señala Liwski, una cierta contradicción entre fronteras seguras y fronteras con respeto a los derechos humanos de los niños.

Regionalmente, los países de América Latina comenzaron a dialogar respecto a la migración de sus nacionales. Así, el I Encuentro Sudamericano sobre Migraciones, Integración y Desarrollo, realizado en Lima en julio de 1999, convocó a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En su breve Declaración, estos países reconocen que la intensificación de los movimientos migratorios dentro de la región se debe a problemas de desarrollo económico y social. En la Declaración los países que participaron del Encuentro constatan que han optado por una respuesta asociativa e interactiva a través de los procesos de integración subregional (Mercosur y Can), asimismo afirman que existe una preocupación de los países de la región respecto a los derechos humanos de los migrantes.

Luego de estas premisas que son los considerandos, declaran que la importancia de los procesos migratorios exige soluciones y recomiendan “incrementar y profundizar el análisis e intercambio de información”, “la modernización y el fortalecimiento institucional de los organismos nacionales competentes en el tema” y la “cooperación técnica y financiera internacional”.

A este primer encuentro le siguieron las Conferencias Sudamericanas desarrolladas en Buenos Aires, Argentina (mayo de 2000), Santiago de Chile (abril de 2001) y Quito, Ecuador (agosto de 2002). En dichas ocasiones, los gobiernos participantes destacaron en forma conjunta la necesidad de abordar el fenómeno migratorio en la región como una cuestión de fundamental importancia en lo que concierne a las relaciones internacionales entre los países (Comisión Especial de Asuntos Migratorios de la oea, 2008).

La IV Conferencia Sudamericana sobre Migraciones realizada en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en noviembre del 2003; así como la V realizada en La Paz, Bolivia, en noviembre de 2004; la VI en Asunción, Paraguay, mayo de 2006, y VII Caracas, Venezuela (2007), y la VIII Montevideo, Uruguay (2008), tuvieron, todas ellas, el objetivo de consensuar una posición sobre temas migratorios, reafirmando que “el ser humano debe ser el centro de las políticas y programas migratorios y que, por ende, los Estados deben “garantizar el respeto de los derechos humanos del migrante, independientemente de su condición migratoria, nacionalidad, condición social, religión, opinión política, origen étnico, género o edad” (Comisión Especial de Asuntos Migratorios, oea, 2008).

Continuar

Notas

1. Publicación Registro Oficial Nº 449.

2. Sobre ello, v.: ACNUR; La Protección Internacional de las Niñas y Niños no Acompañados o Separados en la Frontera Sur de México, 2008, 24 pp.

3. Capítulo II, artículo 7º IV, Ley General de Población, México, última reforma, publicada DOF 17-04-2009.

4. Estimaciones del CCP-UCR con base en cifras del Inec, en Migración sin retorno: el desafío de la integración social, http://www.docstoc.com.

5. Inec, censo 2000.

*    Es abogada, becada en la Facultad de Derecho UNMDP, Mar del Plata, Argentina.

    Tomado de: derecho.uba.ar

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