La Gaceta Jurídica

La migración y los derechos del niño

(Parte final)

La Gaceta Jurídica / María Laura Serra

00:00 / 11 de septiembre de 2012

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (oea), el 17 de abril del 2008, con su Comisión Especial de Asuntos Migratorios convocó a un foro. Los panelistas de este foro especial realizaron comentarios y recomendaciones. Uno de ellos estuvo relacionado con las políticas públicas. Los panelistas coincidieron con la acción a elaborar y promocionar mejores políticas en materia migratoria, tanto en países receptores como en países emisores de migrantes.

También resaltaron que es necesario contar con información confiable sobre tendencias y flujos de la migración en el Hemisferio. Se destacó la importancia de contar con sistemas de información integrales de recursos humanos que permitan conocer, estudiar y caracterizar el problema de la migración, de personal de salud para la formulación de políticas tendientes a mitigar o revertir sus efectos.

En las recomendaciones hablaron de promover un mayor vínculo de políticas entre migración y desarrollo, procurando incorporar las cuestiones migratorias en los planes nacionales de desarrollo (Comisión Especial de Asuntos Migratorios, oea, 2008).

Uno de los temas de tratamiento fueron las migraciones de niños, niñas y adolescentes bajo el enfoque de derechos, allí el iin (Instituto Interamericano del Niño) señaló que es fundamental impulsar y promover acciones conjuntas dirigidas a garantizar la observancia de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes, particularmente los que se vean sometidos a manifestaciones de discriminación y situaciones de explotación, alentando el desarrollo social de la niñez y sus familias a través de la migración planificada y protegida, así como su participación activa en las sociedades de destino (Liwski, 2008).

Sumado a ello, generó los siguientes comentarios y recomendaciones que fueron consideradas por un grupo de Estados miembros:

Proteger y respetar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes migrantes, independientemente de su condición migratoria.

.Garantizar el derecho a la cobertura universal y de calidad de los servicios sociales básicos para todos los niños, niñas y adolescentes en sus países de origen, fundamentalmente los relacionados con la nutrición, salud, educación y vivienda digna.

.Prestar especial atención al respeto del derecho a la vida, la participación y la identidad de los niños, niñas y adolescentes migrantes.

.Atender prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados de sus familias a fin de que cuenten con el acceso a los mismos derechos que los niños nacionales y en pie de igualdad con éstos.

.Proteger el derecho a la identidad de las niñas, niños y adolescentes migrantes desde, hacia o entre nuestros países, estableciendo como meta la erradicación de los subregistros de nacimientos y proveer acceso a la documentación de identidad.

.Contar con políticas migratorias con enfoque de derechos humanos que armonicen con las políticas públicas destinadas a la niñez, la adolescencia y sus familias.

.Implementar mecanismos de cooperación técnica internacional y elaborar acuerdos de cooperación internacional, regional y bilateral, para desarrollar programas interinstitucionales e intersectoriales que aborden integralmente la problemática.

.Asumir el compromiso de capacitar y sensibilizar en Derechos Humanos a los funcionarios y voluntarios encargados de interactuar con niños, niñas y adolescentes migrantes y sus familias.

.Promover en los Estados involucrados en procesos migratorios la prevalencia de condiciones que favorezcan una mayor armonía, tolerancia y respeto entre los migrantes y el resto de la sociedad en los países de tránsito o destino, a fin de eliminar las manifestaciones de racismo, xenofobia y formas conexas de intolerancia, dirigidas contra los migrantes, incluidos los miembros de sus familias.

.Fortalecer a las familias a través de la implementación de políticas sociales y económicas alrededor del empleo y la inversión en educación, y específicamente el desarrollo de programas integrales de atención a la niñez y adolescencia con el propósito de brindar a las familias las oportunidades y condiciones para poder cumplir su rol como unidad básica de formación, garantía y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

.Establecer lineamientos regionales consensuados, sistemas de información y protocolos para la protección especial en los casos de retorno de los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas.

.Aumentar la coordinación interinstitucional e intersectorial en cada país como forma de proteger a las niñas, niños y adolescentes de todas las formas de explotación sexual comercial, manifiesta y encubierta detrás de otras actividades.

Regionalmente, también se puede hablar del Plan de Acción de la Conferencia Regional sobre Migración (crm) o del llamado Proceso Puebla (1). La primera reunión de la crm se celebró en 1996 en Puebla, México, por ello se la conoce como Proceso Puebla.

El objetivo de la primera reunión fue la constitución de un foro regional sobre migraciones internacionales con la participación de países que comparten, desde distintas perspectivas pero un contexto común, con base en experiencias que involucran situaciones de origen, tránsito y destino de las migraciones.

Uno de los grandes logros del Proceso Puebla es permitir e impulsar diálogo franco y abierto sobre cuestiones migratorias de interés común, a partir de temas como la migración regular e irregular de personas dentro de la región y desde fuera de ella, al mismo tiempo, tratar de encontrar el debido balance entre la protección de los derechos humanos de los migrantes y la necesidad de los países de salvaguardar el bienestar y seguridad de sus nacionales. El proceso trabaja con base a consensos (Ecosoc, 2005).

Los países miembros de la crm son Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. A raíz y en cumplimiento del Proceso Puebla se realizó el 2000 en San Salvador, El Salvador, un Seminario sobre “Mujeres, Niños y Niñas migrantes”, los participantes –principalmente los representantes académicos, de la Sociedad Civil y Organizaciones Internacionales– mostraron su preocupación por las condiciones de las mujeres, niños y niñas migrantes y acordaron una serie de recomendaciones para enfrentar este fenómeno en forma integral (2), las cuales pueden ser imitadas por el resto de los países de la región de manera multilateral.

En el marco normativo, “a.2) Para niños y niñas migrantes. a.2.1) Instar a la ratificación de instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos de la niñez, en especial los relativos a los Convenios de la Haya”.

Respecto al Acceso a Servicios, “b.1) Para las mujeres, niños y niñas migrantes. b.1.1) Que los países revisen sus respectivas legislaciones, con el fin de mejorar el acceso a los servicios a los migrantes, asegurando el respeto de los derechos humanos. b.1.2) Que los gobiernos con asistencia de las Organizaciones Internacionales y la Sociedad Civil difundan y proporcionen los servicios básicos en materia de seguridad social (educación, salud, vivienda, alimentación, asistencia legal y protección) a todo migrante, sin importar su status migratorio. b.1.3) Elaborar un estudio que permita identificar y evaluar las necesidades y servicios sociales que se proporcionan a las mujeres, niños y niñas migrantes en cada país por los gobiernos, organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales y los diferentes sectores de la sociedad, con el fin de conocer a las instituciones y actores responsables de instrumentar estas políticas y los recursos que se destinan a estos sectores de la población”.

En materia de Derechos Humanos, “c.2) Para niños y niñas migrantes. c.2.1) Instar a los países miembros del Proceso Puebla ratificar la Convención Internacional de los Derechos del Niño. c.2.2) Establecer mecanismos de control por parte de las autoridades que garanticen un mayor control de las adopciones, así como una efectiva fiscalización de la autenticidad de los padres. c.2.3) Garantizar la atención de los niños y niñas deportados tanto del país de origen como del de destino, creando normas que responsabilicen a los estados involucrados y crear mecanismos de coordinación entre las autoridades de ambos países, que abarquen todo el proceso de seguimiento en su núcleo familia, evitando primordialmente la separación familiar de los deportados. c.2.4) Capacitar a las autoridades migratorias del país  de destino con el objeto que se sensibilicen al fenómeno migratorio, involucrando a niños y niñas migrantes en dicho proceso de tal forma que tomen conciencia de sus propios derechos.

Asimismo, debe sensibilizarse a las autoridades en la necesidad de adoptar una actitud adecuada para el tratamiento de los niños y niñas víctimas de persecución en base a género, con la finalidad de que éstos (as) puedan tener acceso a los procedimientos de estatuto de refugiado”.

Otro acápite elaborado por el Seminario fue el de las Condiciones de Empleo, “d.2) Para los niños y niñas migrantes. d.2.1) Elaborar proyectos piloto sobre redes para monitorear las acciones a beneficiar a los niños/as trabajadores migrantes. d.2.2) Realizar campañas publicitarias (nacionales e internacionales) sobre la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño”.

Fenómeno Cultural, “e) Para mujeres, niños y niñas migrantes. (…) Organizar la celebración de las Semanas del Migrante desde una perspectiva incluyente de comunidades y organizaciones de migrantes en el exterior, gobiernos y organizaciones de Sociedad Civil nacionales; realizar eventos especiales en centros educativos preparatorios a las celebraciones de las semanas del migrante. Incluir el fortalecimiento de las comunidades entre niñas y niños de los lugares de origen y de destino; Incorporar en los currículos educativos de los países de la región, el tema de la migración asegurando el diseño de una metodología creativa y adecuada de acuerdo a las edades y condiciones de los educandos”.

IV.- Conclusión

Con las palabras de Luis Carlos Nieto García (3) en el contexto que nos rodea, es que la presencia de menores extranjeros en los países requiere respuestas dentro de un marco jurídico de protección que les reconozca el derecho nacional e internacional, respuestas que no pueden basarse en parámetros sancionadores sino educativos. Así es como lo exige el sistema internacional de protección de la infancia (Nieto García, 2007).

Los derechos de los niños permanecen ligados a la protección general de los derechos humanos. La evolución del pensamiento jurídico permite afirmar que tras la noción de derechos humanos subyace la idea de que todas las personas, incluidos los niños, gozan de los derechos consagrados para los seres humanos y que es deber de los Estados promover y garantizar su efectiva protección igualitaria.

Asimismo, por el principio de igualdad se reconoce la existencia de protecciones jurídicas y derechos específicos de ciertos grupos de personas (Cillero Bruñol, 1997), con vulnerabilidad social, debido a que no están en la misma situación de igualdad. Entre esas personas se encuentran los niños.

La Convención no es meramente una reafirmación de los derechos del niño como persona humana, sino una especificación de estos derechos para las particulares circunstancias de vida de la infancia y adolescencia. La Convención ha elevado el interés superior del niño al carácter de norma fundamental, cual orienta el desarrollo de una cultura más igualitaria y respetuosa de los derechos de todas las personas.

Asimismo, contiene principios, entre los cuales se encuentra el de no discriminación (artículo 2), protección (artículo 3), efectividad (artículo 4), autonomía y participación (artículos 5 y 12). Dworkin señala a estos principios como proposiciones que describen derechos: igualdad, protección efectiva, autonomía, libertad de expresión, etc., cuyo cumplimiento es una exigencia de la justicia (Dworkin, 1989).

Entendiendo la idea de “principios” y siguiendo esta teoría, existe una obligatoriedad e imposición hacia las autoridades de establecer políticas públicas respecto a los procesos migratorios en la infancia, teniendo como plataforma constructiva a los derechos del niño.

El interés superior del niño dispone de limitación, obligación, prescripción de carácter imperativo hacia las autoridades (Cillero Bruñol, 1997). Se trata de un principio rector de interpretación fundamental que contempla el deber del Estado de colocar el interés del niño por encima de toda medida adoptada cuando en ella se vea involucrado su desarrollo tanto físico como emocional (4).

En el derecho internacional de los derechos humanos existe lo que se llama la tesis del valor solidaridad. El objetivo de que cada uno alcance la libertad moral es un objetivo común de cada hombre en la sociedad para satisfacer el bien común. Citando a Ignacio Campoy Cervera, lo que se pretende conseguir con el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales es que “el mayor número de personas posible desarrolle al máximo posible el plan de vida que cada uno de ellos individualmente se haya dado (Campoy Cervera, 2006)”.

Además de esa libertad social que posee el hombre, ya desarrollada a principios de este ensayo, se agrega la concepción de la tolerancia positiva, la cual parte del hecho de la diferencia, no prejuzgándola como necesariamente objetable. La tolerancia positiva no desaprueba las creencias y prácticas de los demás, sino que busca comprenderlas (Pérez de La Fuente, 2005).

Pero, paralelamente a estas concepciones y teorías riquísimas del derecho internacional de los derechos humanos, se puede citar y únicamente justificar el porqué de lo necesario de políticas migratorias con un enfoque en los derechos del niño –ausente en todos los Estados de la región–, al interés superior del niño.

El niño –inmigrante o nacional– debe crecer, como indica el Preámbulo de la Convención, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión y estar preparado para una vida independiente en sociedad. Esto no es posible si el niño carece de todos sus derechos, comenzando con el derecho a nombre y nacionalidad, tal como lo establece el artículo séptimo. Tampoco es posible si no se le garantizan sus derechos, sino que, además en el país que se encuentra sea nacional o inmigrante, regularizado o no, sufre diversos tipos de discriminación, corre riesgos de abuso y maltrato por autoridades públicas y tiene serios peligros de ser explotado por distintas redes de crímenes organizados.

Cuando hablamos de un niño, donde quiera que éste se encuentre, no hay discusión que corresponda citar respecto a su protección y garantías. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es clara y, referente a los países que la han ratificado, garantizar el goce pleno de sus derechos es obligatorio para ellos.

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Notas

1. Sobre la estructura y funcionamiento del proceso: Population Division Department of Economic and Social Affairs United Nations Secretariat, La Conferencia Regional Sobre Migración o Proceso Puebla Como Proceso Consultivo Regional, UN/POP/EGMMIG/ 2005/03, México, diciembre, 2005

2. Sobre ello, Seminario Sobre Mujeres, Niños Y Niñas Migrantes, San Salvador, Febrero 2000, http://www.crmsv.org.

3. Nieto García, magistrado del Juzgado de Menores Nº 1 de Ávila, autor de La reagrupación familiar como pretexto: los menores extranjeros no acompañados, en este artículo el autor afirma que el derecho español nacional e internacional reconoce a los niños un marco jurídico de protección.

4. Paquete Básico de Información sobre la explotación sexual comercial infantil, “El derecho internacional en el ámbito de la explotación sexual comercial infantil. Los tratados internacionales y los derechos de la niñez”.

Es abogada, becada en la Facultad de Derecho UNMDP, Mar del Plata, Argentina.

Tomado de: derecho.uba.ar

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