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Un ministro fuera de la ley

…queda saber de inmediato si la vulneración de los derechos se enmienda con una disculpa del ministro, su renuncia o el proceso judicial con alguna figura.

00:00 / 26 de diciembre de 2014

Las autoridades del Gobierno central y de otras instancias estatales están comprometidas a conocer las leyes con mayor detalle, en especial las que se relacionan con sus funciones e instituciones donde desarrollan actividades. Si bien toda la población debe observar la normativa vigente, los hombres y mujeres en puestos de jerarquía están obligados jurídica, moral y éticamente a cumplirlas.

En este sentido, lo ocurrido a principios de esta semana con el ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, es por demás reprensible debido a que, sin paso para otro tipo de explicaciones, vulneró lo derechos de una persona que vive con vih-sida, enfermedad que está tutelada y regulada para su tratamiento y atención mediante la Ley Nº 3729 de Prevención del vih y sida y Protección a las pvvs de Bolivia, promulgada el 8 de agosto de 2007, que en su artículo 1 establece “como objeto: a) Garantizar los derechos y deberes de las personas que viven con el vih-sida…”.

Asimismo, el artículo 2 de los Principios instaura que la Ley 3729 “se enmarca en los siguientes principios: d) Confidencialidad: La condición clínica de las personas que viven con vih-sida debe sujetarse a normas de confidencialidad establecidas en los códigos de ética, protocolos médicos y epidemiológicos y la presente Ley”. En el mismo acápite, el inciso “f” de la “responsabilidad” instituye que “los poderes del Estado se constituyen en directos responsables en la promoción y protección de los derechos de las personas que viven con el vih-sida (…)”.

La anterior disposición se especifica con el artículo 4, que señala que “el Ministerio de Salud y Deportes es la autoridad competente para la aplicación de la presente Ley (…)”; además, el artículo 9 remarca que “las personas que viven con vih-sida tienen derecho a la reserva de su identidad y situación, para ello las autoridades judiciales se encuentran obligadas al resguardo de su identidad, en todas las instancias del proceso, para este efecto se utilizará un código o nomenclatura codificada, salvo petición y consentimiento de la persona afectada. El personal de salud que por razones de trabajo, toma conocimiento de la identidad de las personas que viven con vih-sida no puede divulgar de ninguna manera, salvo lo dispuesto en los diferentes protocolos médicos y epidemiológicos. Las personas que viven con vih-sida no deberán ser objeto de publicaciones de prensa escrita ni televisiva, sin su conocimiento expreso”.

Con la actitud del Ministro del área los derechos de la persona fueron vulnerados porque no dio consentimiento para que su situación física se difunda. De hecho, la actitud política del titular de Salud fue escudada con la denuncia de que el individuo no cumple su tratamiento y que esto podría llevar a consecuencias. En lugar de una conferencia de prensa, el tema debió ser encarado de manera reservada mediante el artículo 10 de la Ley 3729, referido a los deberes de los portadores de vih-sida, quienes tienen la obligación de, inciso d), “cumplir estrictamente las disposiciones contenidas en los protocolos médicos y epidemiológicos de seguimiento y tratamiento, principalmente en lo que se refiere a los controles laboratoriales y la adherencia al tratamiento”. Ahora, queda saber de inmediato si la vulneración se enmienda con una disculpa del ministro, su renuncia o el proceso judicial con alguna figura.  

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