La Gaceta Jurídica

La naturaleza jurídica de la Acción de Inconstitucionalidad

Apunte legal

Alan Vargas Lima

00:00 / 27 de mayo de 2014

En la reciente Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0206/2014 de 5 de febrero de 2014 (1), emitida por la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plutinacional (tcp) en ocasión de analizar la inconstitucionalidad de los artículos 56 (Trabajo de mujeres, menores de edad y enfermos), 58 (Detención domiciliaria), 245 (Atenuación por causa de honor), 250 (Abandono de mujer embarazada), 254 (Homicidio por emoción violenta), 258 (Infanticidio), 263 (Aborto), 264 (Aborto seguido de lesión o muerte), 265 (Aborto honoris causa), 266 (Aborto impune), 269 (Práctica habitual de aborto), 315 (Con mira matrimonial) y 317 (Disposición Común) del Código Penal, por ser, presuntamente, contrarios a los artículos 8.I; 14.I, II y III; 15.I, II y III; 35.I; 58; 64.I y II; 66; 109.I y “157.1” (sic) de la Constitución Política del Estado (cpe).

El tcp precisó que esa instancia tiene a su cargo velar por la supremacía de la cpe y ejercer el control de constitucionalidad, precautelando el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, funciones éstas que se materializan en el ejercicio de sus atribuciones específicas entre las cuales se encuentra la de conocer y resolver en única instancia los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales (artículo 202.1 de la cpe).

Asimismo, señaló que de acuerdo a la Sentencia Constitucional Nº 0048/2010 de 6 de diciembre, se ha establecido que la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta: “…es una de las vías o medios jurisdiccionales de rango constitucional de control normativo correctivo o a posteriori; es decir, de normas vigentes, acción a través de la cual el Tribunal Constitucional analiza la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas, de diferentes jerarquías y ámbitos jurídicos, con los principios, valores y normas de la cpe, de tal manera que desaparezca la duda de constitucionalidad sobre dicha norma…”.

En ese mismo sentido, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0680/2012 de 2 de agosto estableció:  “En cuanto al control de constitucionalidad, la cpe prevé un medio o recurso idóneo para el control objetivo de las normas jurídicas con relación a preceptos, principios y valores contenidos en la Norma Suprema, cuya finalidad es sanear o depurar el ordenamiento jurídico a través de un fallo con efectos derogatorios o abrogatorios de la norma que resulte incompatible; es así que en el artículo 202.1 de la cpe, entre las atribuciones fijadas para el tcp, establece el conocer y resolver en única instancia los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales, determinando, además, que en la acción de carácter abstracto sólo podrán interponerla la Presidenta o Presidente de la República, senadoras y senadores, diputadas y diputados, legisladores, legisladoras y máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas, incorporando, además, entre los legitimados para interponer la acción de inconstitucionalidad abstracta al defensor o defensora del pueblo conforme a lo previsto por el art. 222.1 de la cpe”.

Por otro lado, en la reciente Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0614/2014, de 25 de marzo de 2014, emitida en ocasión de analizar la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta interpuesta por un “diputado del Estado Plurinacional de Bolivia” (aunque, en realidad, se trata de un miembro de la Asamblea Legislativa), demandando la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 y 13 de la Ley 315 de 10 de diciembre de 2012 (Ley de Seguro Privado de Vida e Invalidez Permanente por Accidentes, Enfermedades en General u otras Causas para las Trabajadoras y los Trabajadores de la Prensa de Bolivia “Hermanos Peñasco Layme”), por ser presuntamente contrarios a los artículos 8.II, 9.1, 14.II, 18.II, 45, 46, 52.IV, 56, 158 y 410 de la cpe.

El tcp realizó algunas precisiones acerca de la naturaleza jurídica de la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta y su configuración normativa en el Código Procesal Constitucional (cpco) para concluir señalando que, de acuerdo a dichas normas, “la acción de inconstitucionalidad abstracta, es una acción constitucional de control correctivo o, a posteriori, de las disposiciones legales vigentes, acción a través de la cual el tcp, verifica la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales promulgadas, con los principios, valores, derechos fundamentales y normas orgánicas de la cpe Plurinacional, con el objetivo de depurarla del ordenamiento jurídico en caso de comprobarse su incompatibilidad.

A su vez, se constituye en una acción directa, porque a través de ella la autoridad legitimada efectúa la impugnación sin que la supuesta incompatibilidad esté vinculada a la solución de un caso concreto”.

Asimismo, en cuanto a los alcances del control de constitucionalidad normativo, es necesario referir que en la SC 0019/2006 de 5 de abril, siguiendo el criterio expresado en la SC 0051/2005-R de 18 de agosto, en cuanto a los alcances del control normativo posterior de constitucionalidad que ejerce a través del recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad, son los siguientes: “a) la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la cpe, lo que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley Fundamental; b) la interpretación de las normas constitucionales, así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la cpe; c) el desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y d) la determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control”.

Esto implica que, a través del control normativo posterior de constitucionalidad, se debe verificar si las disposiciones legales impugnadas son compatibles con las normas, el sistema de valores supremos, principios y derechos fundamentales consagrados en la  cpe; interpretar la norma sometida a control y la norma constitucional desde y conforme a la cpe; realizar un juicio relacional entre la norma legal impugnada y las normas constitucionales, determinando el significado de la disposición legal sometida a control con la finalidad de mantener o retirarla del ordenamiento jurídico.

Notas

1. Esta polémica Sentencia también aborda las siguientes temáticas: Las Bases del Estado Plurinacional desde la voluntad constituyente; La reconstrucción del Estado sobre la base de paradigmas de igualdad: El género y la despatriarcalización; Incorporación de concepciones plurales en el marco de una Nueva Justicia Constitucional Plurinacional; Diversidad de concepciones sobre “vida” y “muerte”; Concepciones sobre la hija/hijo o “wawa” desde la cosmovisión de las naciones y pueblos indígena originario campesinos; Concepciones sobre el aborto desde la historia y cosmovisión de las naciones y pueblos indígena originario campesinos; Derechos de las mujeres desde una visión de complementariedad y descolonización; Los principios limitadores del poder punitivo del Estado.

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano: http://alanvargas4784.blogspot.com

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