La Gaceta Jurídica

¿Es necesaria la reforma de la Constitución para satisfacer intereses políticos?

…la Constitución proclama que Bolivia es un Estado Unitario Social de Derecho, Plurinacional, Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. De ahí se desprende que el Estado Plurinacional está configurado como un Estado democrático…

La Razón (Edición Impresa) / Alan Vargas Lima*

19:03 / 10 de febrero de 2016

Debemos comenzar señalando que nuestra Constitución Política del Estado (cpe), además de ser la Ley suprema y fundamental del ordenamiento jurídico, está definida también como un pacto social y político adoptado por el pueblo, en el cual se determina el sistema constitucional del Estado, estableciendo las reglas básicas para lograr una convivencia pacífica y la construcción de una sociedad democrática.

Del mismo modo, está basada en determinados valores supremos, principios fundamentales, derechos y garantías constitucionales cuya garantía de cumplimiento y observancia, constituye uno de los fines y funciones esenciales del Estado Plurinacional, que, asimismo, tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.

Así también, la misma Constitución proclama que  Bolivia es un Estado Unitario Social de Derecho, Plurina-cional, Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. De ahí se desprende que este nuevo Estado Plurinacional se halla configurado constitucionalmente como un  Estado democrático, lo que conlleva tres aspectos importantes:

i) Que los titulares del poder público (gobernantes) ejercen esa calidad en virtud de la voluntad de los ciudadanos (gobernados), expresada a través de las elecciones basadas en el sufragio universal (artículo 26.II cpe).

ii) Que la relación de los ciudadanos con el poder político no se reduce a la emisión del voto para elegir a sus representantes y gobernantes, sino que también se expresa en una participación activa y efectiva en la toma de decisiones, a través de mecanismos adecuados como el referéndum popular, la planificación participativa, así como el control social (artículos 241y 242 cpe) y la iniciativa legislativa (artículos 11.II, núm. 1, y 162 cpe).

iii) Que la democracia sea expresada como la capacidad de respeto a los demás, la capacidad del diálogo y el respeto por la discrepancia, de manera tal que la voluntad de las mayorías no pueda llegar al extremo de desconocer los derechos de las minorías ni los derechos fundamentales de las personas.

Considero importante precisar también que el Estado Democrático tiene como elementos cualificadores los siguientes:

a) El principio de la soberanía popular como el modo específico y peculiar de concebir el poder en el Estado, en el que el referente último es la voluntad del pueblo.

b) La concepción plural de la sociedad, lo que supone una comprensión de la sociedad como un entramado en el que interaccionan los diferentes grupos sociales, situados en un plano de igualdad, grupos que responden a la propia libertad del ser humano y que, a la par, proporcionan a éste la posibilidad de desarrollar libremente y en plenitud su personalidad.

c) La participación como principio rector de la vida social y política, lo que significa que el proceso político debe estar asentado en la participación de todos los ciudadanos en la conformación de los órganos del poder constituido y en la expresión de su voluntad o decisión política sobre los asuntos o temas sometidos a su consideración por las autoridades de gobierno, a través de los mecanismos previstos por la Constitución.

d) La democracia como principio de convivencia, que significa la formación de todos y cada uno de los ciudadanos en un espíritu de respeto y tolerancia (Cfr. Sentencia Constitucional Nº 0075/2005, de 13 de octubre).

e) La alternabilidad en el ejercicio del poder político (o, simplemente, “alternancia”, que significa cambio de gobierno), vale decir, la posibilidad de renovar o cambiar a las autoridades gubernamentales (o a quienes detentan temporalmente el poder político), precisamente en resguardo de los derechos políticos de la ciudadanía (a través del derecho político a elegir y ser elegido libremente), brindando una oportunidad a las nuevas generaciones de líderes políticos y sociales para llevar adelante los destinos de un país con una mejor visión de futuro y con nuevas alternativas de desarrollo a nivel político, social, económico, etc.

En ese marco, la propuesta de reforma constitucional para implementar un sistema de reelección presidencial indefinida (o inclusive con carácter vitalicio, como en algún momento se estuvo proponiendo implementar en Bolivia), resulta absolutamente incompatible con un régimen democrático representativo y participativo (además de comunitario, en nuestro caso), porque colisiona frontalmente contra el Principio de Alter-nabilidad proclamado por la misma Constitución y porque afecta seriamente la vigencia de los derechos políticos de los bolivianos y bolivianas.

Una propuesta de esta magnitud, en las actuales circunstancias, solo pone en evidencia que, en los siete años de vigencia de la Constitución aprobada el 2009, en la Asamblea Legislativa todavía no se ha pensado en solucionar ninguna de las contradicciones, confusiones y probables deficiencias que presentan algunas de las normas de la ley fundamental, sino que, únicamente, se han limitado a discutir una propuesta sectorial y parcializada, que pretende ampliar los períodos de mandato del actual Presidente y del Vicepresidente del Estado, como si fuera esa la única norma que requiere una reforma inmediata.

Ello demuestra claramente los afanes políticos prorroguistas que persigue el actual régimen de gobierno y sus seguidores, a través del “rodillo masista” que poseen en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que ahora utilizan para satisfacer sus propios intereses políticos, sin pensar en los verdaderos intereses del pueblo boliviano, que requieren ser atendidos desde el contenido de las normas constitucionales para hacer efectivo el denominado “vivir bien”.

No hay que perder de vista que esta propuesta de reformar la Constitución para ampliar la cantidad de veces en que se puede reelegir al Presidente no surge de una demanda del pueblo boliviano, sino que proviene de la misma cúpula del poder político, que, utilizando al denominado “Conalcam” (que no es más que una organización social creada por el gobierno para fines estrictamente políticos), pretende disfrazar su verdadera intención de quedarse en el poder por el tiempo que le plazca.

Entonces, ello significa que esta propuesta de reforma constitucional no ha surgido ni representa los verdaderos requerimientos y necesidades apremiantes del pueblo boliviano (requisito que debiera cumplir cualquier propuesta de reforma constitucional para ser considerada legítima); sino que se trata de una muestra clara del sumisión con que ha actuado una organización creada para fines políticos, a fin de satisfacer los intereses del caudillo que lidera el partido de gobierno.

Ante este panorama, es urgente y absolutamente necesario detener y oponerse a este nuevo atropello a la cpe, cuyos mandatos expresados como voluntad soberana del constituyente (que no es otro que el pueblo boliviano), no pueden ser manipulados solo para satisfacer el capricho de dos personas en función de gobierno.

*    Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

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