La Gaceta Jurídica

La nueva brújula de la Asamblea Legislativa en Bolivia

Apunte legal

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 12 de febrero de 2013

Es loable la iniciativa adoptada por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en esta nueva legislatura, al haberse trazado la meta de sancionar setenta leyes “estructurales” (definidas en la “Cumbre Social” efectuada hace un año en Colcapirhua, Cochabamba), entre las cuales figuran como prioridades la nueva Ley de Bancos (en la Cámara de Diputados), la Ley de Inversiones (en la Cámara de Senadores) y la nueva Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer.

Esta última es, básicamente, una demanda de la sociedad a causa de los recurrentes feminicidios y agresiones hacia las mujeres; un tema que ha adquirido enorme repercusión después de la violación sufrida por una empleada de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca y que se impone en la agenda legislativa por la notable presencia femenina en ambas Cámaras Legislativas.

Es indudablemente urgente el tratamiento de una legislación más adecuada para asegurar la defensa y protección de la mujer frente a las constantes agresiones y actos de violencia física y moral de que son víctimas; sin embargo, ahora nuevamente se ha mencionado la posibilidad de aplicar la castración química a los violadores, con el débil argumento de que, aparentemente, la pena de cárcel no habría resultado.

Esta idea me recuerda a aquel “Consejo Indígena Originario” que se constituyó el año pasado en la ciudad de El Alto para sustanciar procesos e imponer sanciones, presuntamente en el marco de la “justicia comunitaria”, contemplando la aplicación de la “castración” en caso de violaciones y la “amputación” de la mano para los ladrones reincidentes, argumentando que de esta manera, presuntamente, se estarían aplicando los preceptos establecidos en la Ley Nº 73 de Deslinde Jurisdiccional.

Una vez más debemos recordar que la Constitución Política del Estado, aprobada por el voto afirmativo de todos(as) los(las) bolivianos(as) –incluidos todos los pueblos indígenas originarios del país– y puesta en vigencia en el 2009, ha establecido (artículo 14) que “Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna”, lo cual implica que el Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución, las Leyes y los tratados internacionales de Derechos Humanos.

De ahí que (según el artículo 13) “los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos”, por lo que el Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos, a cuyo efecto “los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”. ç

De manera más específica, el artículo 15, parágrafo I constitucional, declara expresamente que “toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte”; efecto de lo cual, “el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado” y estas normas son plenamente concordantes con los postulados establecidos por la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Aquí es pertinente insistir en que, si bien la Ley es “una regla social obligatoria, establecida con carácter permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza” (Planiol), su efectividad no deviene de la enorme cantidad de disposiciones legales que puedan emitirse en un Estado, o de la celeridad que se le pueda imprimir a su aprobación, sino más bien del contenido adecuado a la realidad social que pretenden regular, previo análisis serio y debate constructivo (entre oficialismo y oposición) para evitar las fatales consecuencias de la improvisación legislativa con que muchas veces se ha actuado al interior de la Asamblea Legislativa en Bolivia.

Asimismo, se debe considerar que todas las leyes deben estar enmarcadas en los márgenes mínimos de constitucionalidad (de fondo y forma), legalidad y legitimidad social, que son indispensables para que las mismas sean válidamente cumplidas y acatadas por toda la población, lo cual únicamente se puede lograr con una efectiva atención a las demandas ciudadanas para la satisfacción pronta y oportuna de sus necesidades más urgentes, así evitar cualquier conflicto, protesta o descontento social por la aprobación de una Ley, que antes de servir sólo a determinado sector debe ser pensada y ajustada en la medida de su garantía y aporte al bien común de todos(as) los(as) bolivianos(as).

Por otro lado, es indudable la necesidad de coordinación que debe existir entre las cámaras legislativas para el mejor logro de sus actividades; sin embargo, ello no implica autorización alguna para la intromisión de una en las actividades de la otra, cuando en realidad ambas deben ponerse firmes para impedir cualquier tipo de injerencia de los demás órganos del Estado (incluido el Ejecutivo), a fin de llevar adelante su trabajo con la mayor objetividad posible y en la mira de los intereses sociales, antes que llenar las expectativas de determinados grupos o autoridades que pretendieran beneficiarse con la emisión de una disposición legal.

En definitiva, si bien en la pasada legislatura se ha aprobado número importante de Leyes, pretendiendo mostrar un cambio cualitativo en su tratamiento a través de una nueva legislación con participación ciudadana, este año es responsabilidad de nuestros(as) asambleístas profundizar la participación de todos los(as) ciudadanos(as) –sean parte o no de un determinado sector social– para lograr que podamos convivir pacíficamente, con reglas claras en democracia.

Es abogado, responsable del blog jurídico: Tren Fugitivo Boliviano.

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