La Gaceta Jurídica

El objeto de la pretensión en la acción de cumplimiento

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La Gaceta Jurídica / Horacio Andaluz Vegacenteno

00:00 / 13 de marzo de 2012

La acción de cumplimiento no tutela derechos por mucho que el Tribunal Constitucional (tc) arribe a la conclusión contraria al casar la razón de su pretensión con la posible existencia de un daño “directo o indirecto” a un derecho (STC 258/2011-RACU, 16 de marzo, párrafo III.1.5).

No es de naturaleza tutelar, porque el objeto de su pretensión es garantizar la ejecución de las disposiciones constitucionales o legales, cuyo cumplimiento hubiese sido omitido (artículo 134).

La Constitución es clara: no hace a la razón de su pretensión que el incumplimiento hubiese dañado o amenazare dañar un derecho constitucional. Solo exige como fundamento el hecho del incumplimiento. Al contrario, si hubiese violación de un derecho constitucional a causa de la omisión de un acto debido, la vía no sería la acción de cumplimiento, sino el amparo por omisión.

Al haberse alejado del principio de unidad de acción y pluralidad de pretensiones, la Constitución ha optado por un sistema de acciones mutuamente excluyentes. Y como en su seno no pueden haber antinomias, ella misma ha hecho que los actos de incumplimiento dañinos para los derechos constituyan la razón de la pretensión del amparo por omisión (artículo 128), y ha excluido del fundamento de la acción de cumplimiento el daño constitucional a un derecho.

En este sentido, no debe confundirse la exigencia de fundamentar la afectación que sufre el accionante (artículo 134.II), con la razón de la pretensión de la acción de cumplimiento.

Lo primero es una condición de admisibilidad que deriva del carácter concreto de la acción. No es una acción abstracta, no vinculada a un caso concreto, resoluble por el mero interés académico del actor. De ahí que quien la interponga deba fundamentar su interés para actuar, para echar a andar la jurisdicción.

Lo segundo es una condición de la pretensión, de su éxito o de su fracaso, pero necesaria para decidirla sustantivamente.

No hay un derecho a hacer valer, en vía de acción de cumplimiento, la interpretación de una disposición normativa. La interpretación de una norma corresponde a su órgano de aplicación, y solo si por irrazonable viola derechos constitucionales, puede la jurisdicción constitucional revisarla en vía de amparo (STC 452/2011-RAC, 18 de abril, párrafo III.2). Por exclusión, entonces, la acción de cumplimiento Solo puede ordenar la ejecución de disposiciones constitucionales claras y expresas.

Y cuando se trata de disposiciones de fuente legal, solo hacen a la acción de cumplimiento aquellas leyes a las que la Constitución se remita expresamente, delegándoles el desarrollo de un determinado contenido fijado por ella, tal como, por ejemplo, la ley que desarrolle la composición, la organización y el funcionamiento del Tribunal Constitucional (artículo 197.III).

Esto, dicho en disenso con lo sostenido por el Tribunal Constitucional (STC 258/2011-RACU, 16 de marzo, también párrafo III.1.5, seguida por la STC 1675/2011-RACU, 21 de octubre, párrafo III.2), para el que es demandable de cumplimiento por esta vía (1) no solo cualquier ley en sentido formal, sino (2) también cualquier norma general (i.e. ley en sentido material, por eso dice “ley sin importar la fuente de producción, abarcando, por tanto, a decretos supremos, resoluciones supremas, la legislación departamental y municipal”).

Si por la acción de cumplimiento se pudiera demandar la ejecución de cualquier ley, la distinción entre jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria se diluiría. Siendo aquella una acción constitucional, está para defender la Constitución, no la legalidad ordinaria. Por consiguiente, cuando la Constitución incluye en el objeto de su pretensión el incumplimiento de la ley (artículo 134.I), tal objeto debe leerse según el sistema de garantías al que pertenece, esto es, como medio de defensa de la propia Constitución.

Como es una acción instaurada para defender los mandatos claros y expresos de la Constitución, la demanda de cumplimiento de una ley no puede sino estar atada a dichos mandatos. Por tanto, al exigirse el cumplimiento de dicha ley se está exigiendo el cumplimento, por devolución, de la disposición constitucional que ordenó tal remisión legislativa.

Pero al extender sin más el objeto de la acción de cumplimiento a la tutela del principio de legalidad, el Tribunal Constitucional ha transmutado su naturaleza constitucional en la que debería ser una de las pretensiones de un proceso contencioso-administrativo de jurisdicción plena, que condene a la Administración a dar o a hacer a consecuencia de una demanda por la omisión de un acto debido.

Espere…

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