La Gaceta Jurídica

La observada restitución de jueces y vocales

Una petición de informe oral en la Cámara de Diputados a la máxima autoridad del Consejo de la Magistratura (CM) pone en duda el procedimiento legal para la reincorporación de 37 jueces y vocales acusados de corrupción. Al respecto, esperan un profundo análisis jurídico.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, durante la sesión de análisis de la controversia.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, durante la sesión de análisis de la controversia. Foto: Comisión Constitución

La Gaceta Jurídica / Raúl Morales Romero

00:00 / 14 de junio de 2013

El presidente de la Comisión de Constitución, Héctor Arce, afirmó que se debe realizar un análisis jurídico profundo para determinar si el cm ha cumplido el artículo 14 del Código Procesal Constitucional (cpc) al restituir en sus cargos a 37 jueces y vocales acusados de corrupción, como denunció el Ministerio de Justicia.

Esta afirmación fue realizada tras haber recibido la Petición de Informe Oral de la presidenta de la Magistratura, Cristina Mamani, el pasado martes.

“Hay que ver, bajo un análisis jurídico profundo si el accionar del Consejo de la Magistratura ha transgredido o no el artículo 14 del Código Procesal Constitucional, eso no nos compete a nosotros que solamente recibimos esa  información, pero es necesario conocer ese criterio”, dijo ante el Pleno. 

Las partes

Arce aseguró que, tras conocer los antecedentes de la restitución de dichas autoridades judiciales, se va a enviar la información al Ministerio de Justicia, cartera que envió una comunicación oficial denunciando que habría irregularidades en este proceso.

Por su parte, Mamani, máxima autoridad del ente fiscalizador y disciplinario del Órgano Judicial, justificó que la restitución a jueces y vocales se realizó cumpliendo la Sentencia Constitucional Nº 137, de 5 de febrero de 2013, sentencias pasadas que generaron jurisprudencia y por “pedido expreso” de los acusados.

El diputado Arce afirmó que esta petición de informe se realizó con el único objetivo de velar el cumplimiento de las normas para evitar una crisis jurídica.

“Nosotros creemos que se debe hacer una interpretación y aplicación correcta del artículo 14 del Código Procesal Constitucional, que establece, con claridad meridiana, que la norma se presume constitucional entre tanto el Tribunal Constitucional declare lo contrario. Una vez declarado inconstitucional, los actos realizados en función de esa norma no se revisan”, declaró.

Los argumentos

El artículo 14 del cpc, en referencia a sentencias con calidad de cosa juzgada, indica que “no se procederá a la revisión de los actos realizados con la norma cuando se presumía constitucional”.

Arce indicó que, por esta razón, gobernadores, alcaldes y concejales destituidos en casos similares no han retornado a sus funciones y que el cm habría aplicado un criterio diferente, el cual debe ser verificado si se enmarca en la ley.

“A nosotros nos interesa el cumplimiento de una norma, si ella no se cumple en un caso, no se cumplirá en otros y (así) se viola el estado de derecho y la institucionalidad del Estado”, finalizó. Sin embargo, la presidenta de la Magistratura justificó el procedimiento porque la figura penal de imputación que vendría de los fiscales sólo existe en contra de algunas autoridades judiciales, las cuales no cuentan con sentencia condenatoria ejecutoriada.

Los artículos que permitían suspender a jueces y vocales fueron inconstitucionales, porque vulneraban el derecho al debido proceso. En este sentido, los vocales y jueces tuvieron tres días para reincorporarse a sus actividades normales.

Los afectados habrían presentado sus solicitudes ante el Consejo para tener una pronta solución a sus demandas,  puntualizando que sus derechos estaban siendo vulnerados por la retardación de justicia, explicó la magistrada de Consejo. Recalcó que se obró en el marco de la ley en los fallos constitucionales con jurisprudencia, inclusive accediendo a legislación comparada internacionalmente.

Consideraciones

Consultado, el abogado independiente Cristian Méndez sostuvo que el cm no debió aplicar retroactivamente una sentencia constitucional, aun proveyendo el artículo 14 del cpc, que establece la no revisión de acciones mientras la norma este vigente.

Fue error flagrante del Consejo, porque sustentó sus criterios con sentencias de 2005 y 2007 que ya no son aplicables, porque estos fallos recientes fueron modulados a partir de la nueva Constitución Política del Estado (cpe) y las nuevas sentencias constitucionales, explicó.

Asimismo, no correspondería una revisión al procedimiento del cm, porque el Tribunal Constitucional (tc) ya se habría pronunciado al respecto. En este caso, los jueces y vocales no tendrían que tener ese plazo de tres días para retornar a sus fuentes labores, porque esto favorece una restitución de derecho a simple aplicación de las sentencias que son de carácter obligatorio y vinculante, añadió el jurista.

Sin embargo, el asesor de la presidencia del cm, Ángel Laura Rojas, ratificó como correcto el accionar del cm con la aplicación de las sentencias constitucionales y, en especial, de aquellas que declaran la inconstitucionalidad de una norma, siendo que éstas tendrían que aplicarse a futuro y pasado, siempre y cuando no hayan adquirido firmeza.

En la parte pertinente, la Sentencia Constitucional puntualiza que cuando la declaratoria de inconstitucionalidad recae sobre procesos que están en curso (sin conclusión en sus fases, que, por lo tanto, no tienen la calidad de cosa juzgada) se tendrá que “inaplicar” la norma declarada inconstitucional y consiguientemente aplicar la resolución, en este caso, del tc. 

En este sentido, es aplicable la restitución de las autoridades judiciales y vocales, ya que éstas no poseen  sentencia condenatoria o cosa juzgada, pero si acatando las disposiciones emitidas por el Tribunal Constitucional que confirman un actuar con retroactividad, acotó el asesor cm.

El  análisis y revisión que puedan desarrollar los técnicos de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral logrará esclarecer con claridad legal el trabajo que cumplió el cm con la restitución de autoridades suspendidas por una simple acusación.

En este sentido, aseveró que las sentencias del tc son de cumplimiento obligatorio, más aún cuando se declara inconstitucional una norma. Se deberá interpretar el artículo 14 del cpc con la simple definición de que no se puede revisar los actos que tengan cosa juzgada y, en el ámbito administrativo, aquellos que han adquirido firmeza.

“Si de estos 37 jueces o vocales, si alguno hubiera renunciado cuando estuviera suspendido por el cm y al haberse aceptado su dimisión, por el proceso administrado, esto adquiriría firmeza y a ese funcionario ya no se lo podría restituir porque se abrogaría esta sentencia”, dijo. 

Para el CM las sentencias que sustentaron el ejercicio de jueces y vocales fueron la Sentencia Constitucional 410/2007-R; Sentencia Constitucional 1426/2005; Sentencia Constitucional 76/2005; Sentencia Constitucional 1227/2006-R; Sentencia Constitucional 0099/2010; Sentencia Constitucional 114/2010-R; Sentencia Constitucional 2486/2010-R y el Acto Constitucional 021/2011-RCA.

Es periodista.

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