La Gaceta Jurídica

Las ordenanzas municipales ¿no tienen aplicación en la justicia ordinaria?

Pocas semanas tardó la Alcaldía en notificar al dueño de la obra con el Acta de Infracción Nº 271/2009 inmersa en la ordenanza Municipal  049/2006.  Como descargo,  el dueño constructor sólo presentó planos de relevamiento considerados insuficientes por el Departamento de Control de Proyectos y se hizo pasible a pagar  una multa de Bs. 800  además de ser  conminado a demoler dos de los cinco pisos que construyó.  No cumplió ni una cosa ni la otra, al contrario, aumentó un piso más a su edificación.

Las leyes las debemos cumplir todos.

Las leyes las debemos cumplir todos. Foto: colorvivo.com

Ximena Guzmán Pinilla

00:00 / 27 de junio de 2014

En interpretación de algunos juzgadores, las ordenanzas municipales no tienen aplicación  en  la jurisdicción ordinaria.   De ser eso cierto, se está transgrediendo el  artículo 410 de la Constitución Política del Estado.

Los artículos 411 y siguientes del Código de Urbanismo y Obras establecen que en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra la zona urbana intermedia se halla delimitada por el 1° y 2° anillo. La edificación de cualquier basamento se regirá por las siguientes disposiciones:

Altura máxima,  9.5 mts (tres pisos)

Apoyos laterales y de fondo,  60%

Retiro sobre la línea Mpal.  5 mts. mínimo

Además, los artículos 19.1, 21.2 de la Constitución Política del Estado (CPE) garantizan el derecho a una vivienda que dignifique la vida familiar y el derecho a la privacidad e intimidad; los artículos 107 y 115 del Código Civil hacen referencia al abuso del derecho y al ejercicio de la propiedad en perjuicio de los vecinos.

A pesar de la existencia de estas normativas, uno de los casos que muestra el incumplimiento de las mismas es el del propietario de un edificio que se construyó en el área colonial de la ciudad se excedió en el límite de altura y levantó seis pisos.  Por otra parte,  el nuevo edificio se apoyó en 90% a la casa colindante por lo que sus propietarios sentaron una denuncia ante el Gobierno Municipal.

Pocas semanas tardó la Alcaldía (el hecho ocurrió el 2009) en notificar al dueño de la obra Jesús Limberg Céspedes Suárez, con el Acta de Infracción Nº 271/2009 inmersa en la ordenanza Municipal  049/2006.  Como descargo,  el dueño constructor sólo presentó planos de relevamiento considerados insuficientes por el Departamento de Control de Proyectos y se hizo pasible a pagar  una multa de Bs. 800  además de ser  conminado a demoler dos de los cinco pisos que construyó.  No cumplió ni una cosa ni la otra, al contrario, aumentó un piso más a su edificación.

Con este incumplimiento a las normas municipales y viendo vulnerados sus derechos ciudadanos, el 18 de febrero de 2010 los dueños de la vivienda afectada presentaron una  demanda de Interdicto  por Obra Nueva Perjudicial y Daño Temido al sistema judicial.  El expediente radicó en el Juzgado 12 de Instrucción en Materia Civil Comercial, demanda Nº 02/2010, signado con el IANUS Nº 201004114.

La Jueza de la causa, Dra. Gabriela M. Saucedo Chávez,  falló declarando improbada la demanda por cuanto señala que “el mismo (Código de Urbanismo y Obras) es de aplicación municipal y por sus entes de administración del Gobierno Municipal y no así para que la administración de justicia, de lo que se extrae  que todo incumplimiento a las normas del mencionado código, tiene que ser denunciado, procesado y sancionado por las instancias correspondientes  de la H.A.M de Santa Cruz,  de lo que se torna improcedente considerar la normativa enunciada en la demanda del presente código en la presente sentencia” .

En su análisis documental para emitir resolución, la jueza Saucedo Chávez evidencia en base a los informes periciales e inspecciones oculares que  el dueño del edificio en construcción no cuenta con el proyecto aprobado, que no tiene los planos de construcción y que tampoco había colocado un letrero de obra. Reconoce que la construcción nueva está ubicada entre el 1º y 2º anillo de la ciudad excediendo limitaciones en altura y apoyo en las casas vecinas. Admite también que durante el proceso, el aludido Jesús Limberg Céspedes Suárez no se presentó a ninguna de las audiencias y tampoco presentó memorial alguno para asumir defensa. Aún así, la jueza rechaza la demanda con los siguientes argumentos:

1. La autoridad judicial señala que el inmueble de los demandantes goza del ingreso de sol y ventilación necesarios para el normal desenvolvimiento a las actividades cotidianas familiares y laborales.

2. Dice también que la parte demandada no obstaculiza el ingreso de los elementos naturales esenciales para la vida y por consiguiente a criterio suyo,  no constituye  una obra perjudicial o un daño material que afecte la estructura y hábitat adecuado.

3. La jueza señala que el artículo 5 del Código de Urbanismo y Obras establece que es tuición de la Junta de  Planificación Urbana, la revisión y aprobación de proyectos y responsabilidad de la Oficialía Mayor Técnica de la Alcaldía Municipal lo referido a la licencia y fiscalización de la construcción. Indica que la Alcaldía es la instancia llamada a aplicar sanciones dependiendo el grado de gravedad que revistan: llamados de atención, multas o demolición si infringen reglamentos vigentes previo dictamen de instituciones profesionales como la Sociedad de Ingenieros o la Cámara de la Construcción.

4. Por determinación de la jueza Gabriela M. Saucedo Chávez, el código ha sido aprobado por el Consejo Municipal de Santa Cruz según ordenanza municipal Nº 38/91, y no mediante ley dictada por el Estado a través del Poder Legislativo.  Por lo tanto el incumplimiento a las normas del código debe ser denunciado, procesando y sancionado por la Alcaldía y no por el Poder Judicial.

¿No constituye esta situación en el más flagrante atentado a los cimientos y estructura jurídica del Estado Boliviano? Se está negando valor normativo a la legislación reglamentaria municipal y, por tanto, se está dejando de aplicar el mandato constitucional contenido en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado y el artículo 5 de la Ley de Organización Judicial. La sentencia vulnera el principio de legalidad, de jerarquía normativa y supremacía constitucional contenidos en las normas citadas.

El rechazo de la demanda fue apelado por los dueños de la casa afectada. Finalmente el expediente radicó en el juzgado 7mo de Partido en Materia Civil Comercial, donde el juez Gualberto Jurado Peredo rechazó la apelación formulada y confirmó en todas sus partes la Sentencia de 25 de marzo de 2010 pronunciada por la Juez 12° (o duodécima)  de Instrucción en lo Civil Comercial de la Capital, con el mismo argumento: “… el código ha sido aprobado por el Consejo Municipal de Santa Cruz según ordenanza municipal Nº 38/91 y no mediante ley dictada por el Estado a través del Poder Legislativo.  Por lo tanto el incumplimiento a las normas del código debe ser denunciado, procesando y sancionado por la Alcaldía y no por el Poder Judicial.

Es abusivo que un ciudadano construya sin planos ni permiso, un edificio que rompe con las normas de planificación urbana perjudicando a los vecinos y que además  no cumple las sanciones establecidas por  la Alcaldía. Y es incongruente que los jueces, a pesar de verificar esas denuncias, hayan declarado improbada la demanda alegando que el Código de Urbanismo y Obras no es de aplicación ante la jurisdicción ordinaria porque ha sido aprobado por el Concejo Municipal de Santa Cruz y no mediante ley dictada por el Estado a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Los jueces

Respetuosos de la ética periodística y como es característica de La Espada de Damocles, en su momento buscamos una declaración de las dos autoridades judiciales que emitieron las resoluciones en cuestión, para que respondan a la pregunta ¿Por qué el Código de Urbanismo y Obras no es aplicable a la justicia ordinaria?

La Jueza Saucedo Chávez no respondió a nuestra solicitud de entrevista a pesar que dejamos a su disposición dirección, teléfonos y correo electrónico para comunicarse con la Revista Boliviana de Derecho (rbd). En los tribunales, los funcionarios a su cargo no supieron proporcionarnos un número de teléfono celular ni una dirección para ubicar a la juez,  alegando que dicha autoridad se encontraba con baja médica y que su ausencia de prolongaría hasta pasada la vacación judicial, fecha que coincide con el cierre de edición de la rbd.

Por su parte el ex juez Gualberto Jurado aseguró que prepararía para esta revista, un documento argumentando los motivos de su resolución. Luego desistió de hacerlo.

Comunicadora, Magister en RR.II, Doctora en Ciencia Política, estudiante de Derecho.

Esta nota fue publicada en la columna “La espada de Damocles” de la página web  www.revistabolivianadederecho.org

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia