La Gaceta Jurídica

Las organizaciones sociales

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez G.

00:00 / 06 de septiembre de 2015

Resulta paradógico que, a pesar de la referencia permanente que se hace en relación a las llamadas “organizaciones o movimientos sociales”, estos organismos no encuentran un respaldo específico en la normativa legal básica del país.

Traemos a colación el tema por las recientes declaraciones formuladas por el Presidente del Estado. Al respecto, cuando se le preguntó si hay una decisión en torno al tema de “abrir” la Constitución Política del Estado (cpe) para hacer posible nueva reelección de los primeros mandatarios del país, dijo que tal decisión está en manos de los movimientos sociales.

O sea, serían aquellas organizaciones las que definan sobre el tema. Pero, el problema no se limita a solo este tema, pues las organizaciones sociales aparecen casi para todo. A veces se las trae a colación por iniciativa de las propias autoridades y en otras ocasiones “aparecen” por cuenta propia.

Lo que queremos destacar es que se han vuelto imprescindibles. Pero preguntémonos si ¿cuentan con el suficiente respaldo legal, primero para su existencia como personas jurídicas y segundo para su competencia concreta dentro de las estructuras organizacionales del Estado? ¿Dónde se ubicarían en este último caso? No encontramos el suficiente y específico respaldo legal para ninguna de estas situaciones.

Se nos ocurre recordar lo que sucedió (no exactamente) poco después de la Revolución de abril de 1952. La Central Obrera Boliviana (cob), un organismo cuya dirección codiciaban todos en razón de su poderío, era la máxima colectividad sindical de entonces. Esa entidad fue copada por el partido de gobierno de ese momento (el Movimiento Nacionalista Revoluciona- rio (mnr)).

Debemos añadir un dato más, los congresos de la COB aprobaron formar parte del Gobierno manifestando su apoyo a los postulados de la llamada “Revolución Nacional”. En los hechos, la COB abandonó su característica fundamental de organismo “sindical” y pasó a ser un órgano más de la administración de turno. Empero, nunca se aclaró por escrito cuáles los alcances exactos de esa singular situación.

Mientras la COB y sus entes afiliados se apoyaban en su condición de órganos sindicales, todo estaba de acuerdo a la Ley. El propio texto constitucional consagraba ese apoyo (igual que ahora). Pero, ¿podía un sindicato convertirse en “parte” de la estructura institucional del Estado? Esto, ya sucedió entonces y, en buena manera, está ocurriendo ahora con las organizaciones sociales.

En efecto, una buena parte de las organizaciones sindicales y otra de las campesinas ahora trabajan en calidad de “movimientos sociales”. Se ha producido de esta forma una transformación de hecho, que, además, ha acabado transfiriendo a aquellas un poder muy grande, incluso funcionando como si fueran órganos del Estado.

¿Qué dice el texto de la actual Constitución sobre la representación política y la función de Gobierno? El artículo 209, bajo el nomen juris de representación política, señala que los candidatos a los cargos públicos electos serán postulados a través de las “organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos”. Por ningún lado aparecen los “movimientos sociales”.

A su vez, el artículo 51 de la cpe, en los incisos I, II, III y IV, garantiza la sindicalización y el patrimonio e independencia ideológica de todos los sindicatos. Pero, no prevé la posibilidad de que aquellos pasen a convertirse en órganos del Gobierno ni que se unan a la estructura organizativa del partido de Gobierno.

¿Qué es lo que ha sucedido en los hechos? Todos los movimientos u organizaciones sociales actúan no solo en calidad de instrumentos del Gobierno, que nadie les ha otorgado esta función, sino, además, actúan en calidad de herramientas partidarias, toman, por lo tanto, decisiones de índole política.

Volviendo concretamente a la indicada declaración del Presidente del Estado sobre una posible reforma parcial del texto constitucional, la Quinta Parte de la ley fundamental, a partir del artículo 410, de refiere a la reforma de la Constitución.

El artículo 411 afirma que la reforma total tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente, activada por voluntad popular mediante referendo. La convocatoria a este último se realizará por iniciativa ciudadana, con la firma de, al menos, el 20 por ciento del electorado; por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional o por el Presidente del Estado.

A su vez, la reforma parcial (artículo 411.II) podrá iniciarse por iniciativa popular con la firma de al menos el 20 por ciento del electorado; por la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de miembros presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial, necesitará, referendo constitucional aprobatorio.

¿Dónde se cita a las organizaciones sociales o, en su caso, a los diferentes sindicatos?

El texto constitucional es muy claro, por lo tanto, limitémonos a cumplirlo y, sobre todo, digamos cuál es el texto de la reforma parcial a plantearse. Hasta el momento, solo se dice que debería abrirse el texto constitucional. Esto no es suficiente, salvo que lo único que se pretenda sea modificar la cpe para una reelección indefinida de los primeros mandatarios.

Es abogado constitucionalista, ensayista y analista.

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