La Gaceta Jurídica

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Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 06 de septiembre de 2013

Los graves sucesos ocurridos recientemente en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz, con el saldo de muertos y heridos, no sólo han conmovido a la opinión pública en general, sino que se han vuelto a abrir interrogantes sobre la capacidad del Estado nacional, ya no tan sólo en torno a la prevención de hechos como los referidos, sino a su misma capacidad para establecer responsabilidades en relación a los culpables de tales sucesos.

Es absolutamente inadmisible que muchas autoridades se hayan limitado, hasta el momento, a enviar sus “más sentidas condolencias a los familiares de la víctimas” (¿?).

Pero ya se viene lo de siempre, ya aparece como en tantos otros casos, la solución mágica. Y ¿en qué consiste? Pues en el funcionamiento de COMISIONES que se encargarán de la INVESTIGACIÓN DEL CASO.

Este mismo detalle, esta misma “solución” ha aparecido en cientos de casos, pero lo extraño es que nunca ha pasado nada… O sea, en ningún tiempo se ha conocido las conclusiones de la comisión o simplemente jamás han existido; además, la comisión acaba despareciendo o, finalmente, ha ganado a todos el “cansancio”.

¿Culpables condenados por delitos y purgando penas en la cárcel? Olvídense. Pero los organismos de Gobierno nos han convencido de que han “agotado” las investigaciones, más no se podría hacer.

Ahora nos explicamos por qué están como están casos como los ocurridos en Huanuni, Chaparina, La Calancha y tantos otros. Y también otros con implicaciones particulares o participación de instituciones privilegiadas.

Y, ¿finalmente quiénes son, según nuestro ordenamiento jurídico, las entidades del Estado llamadas a investigar incluso al margen de las muchísimas comisiones creadas inútilmente?

En el texto de la Constitución Política del Estado (cpe), artículo 158, inciso 19, se dice, entre las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, “realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes”.

El artículo 213 de la misma ley fundamental concede atribuciones de control e investigación a la Contraloría General del Estado (¿las cumple a cabalidad?); a la Defensoría del Pueblo, sobre investigación en cuanto al cumplimiento de los derechos y garantías (artículo constitucional 222.III); al Ministerio Público para defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad (artículo 225.I de la Constitución; a la Procuraduría General del Estado (artículo 231 de la cpe), además de lo que indica el articulado específico de la Ley del Ministerio Público.

En los últimos años se han multiplicado esos objetivos en nuevas leyes, tales como la conocida Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación o la Ley contra la Violencia Familiar, pero también todo un esquema que comienza en el Órgano Ejecutivo para el logro del principio de TRANSPARENCIA en la administración pública, que incluye obviamente la  investigación sobre cualquier caso de CORRUPCIÓN.

Ante un esquema tan grande y complejo, debemos añadir todavía a la Policía Nacional. Según el artículo 251 de la CPE, esa es una fuerza pública con la misión específica de defender a la sociedad. Sabemos hasta la sociedad que, empero, esta institución con un objetivo absolutamente primordial está muy lejos de haberse ganado una confianza al menos básica de la sociedad en su conjunto. Por el contrario, es más bien una de las que tiene menor credibilidad.

Sobre tal panorama con bases tan endebles, ¿qué podemos construir? Pues poco o casi nada. Simplemente continuamos la tarea menos efectiva, que es prácticamente la discursiva.

Preguntémonos ahora si este panorama, a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero del 2009, ha sido sustancialmente modificado. Por el contrario, han sido más las buenas intenciones, teniendo en cuenta que de éstas queda pavimentado el camino hacia el infierno.

En efecto, se ha reforzado los gobiernos autónomos municipales y se ha creado los gobiernos autónomos departamentales, a lo que habrá que añadir las autonomías “regionales” y la autonomía indígena, originaria, campesina.

Para empezar, nunca han funcionado mecanismos apropiados de coordinación entre aquellos regímenes autónomos y las instancias nacionales. Esta es una primera dificultad que conspira con el ejercicio de todas las competencias de los distintos niveles de Gobierno.

Tal detalle no puede convertirse en excepción cuando tenemos que hablar de la tarea de “investigación” y de sus resultados para que, en determinado momento, estos últimos funcionen en beneficio del Estado.

A pesar de todo, este panorama tan irregular, pero sobre todo tan poco práctico, tan ineficiente y con tantos fracasos, se sigue repitiendo. Y se repite, además, con la misma insistencia de siempre, presentándose como la sempiterna solución.

Para recordar sólo los temas del sistema penitenciario y de la administración de justicia, que son realmente urticantes, nos preguntamos: ¿es realmente necesario y oportuno constituir COMISIONES que INVESTIGUEN? ¿Qué se investigará para llegar a conclusiones NUEVAS? ¿Acaso no sabe todo el mundo por qué ambos sistemas están tan mal? ¿No es más que evidente su fracaso?

No necesitamos más estudios, lo que se requiere son SOLUCIONES PRÁCTICAS Y RÁPIDAS. Pero, lamentablemente, estas últimas no acaban de aparecer y menos han de ser el trabajo de comisiones de última hora.

Es abogado, ensayista e investigador de temas constitucionales.

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