La Gaceta Jurídica

El papel decisivo del Tribunal Constitucional Plurinacional

Apunte legal

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 02 de abril de 2013

En semanas pasadas abundaron noticias relacionadas al Tribunal Constitucional Pluri- nacional (tcp) poniendo de relieve la importancia de los pronunciamientos de esta institución para nuestra vida democrática. Y es que, precisamente, muchos sectores han depositado sus esperanzas en el órgano contralor de la constitucionalidad para que con su veredicto se puedan dilucidar de manera objetiva distintos conflictos en nuestra realidad política y social.

Así, por ejemplo, y después de más de 14 días de conflicto, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, Valerio Chambi (mas), señaló enfáticamente: “nosotros vamos a obedecer lo que diga el Tribunal”, en referencia al Recurso Directo de Nulidad en contra de la Ley Nº 045 (que cambió el nombre del aeropuerto de la capital orureña Juan Mendoza por el de Evo Morales), que fue presentado ante el tcp bajo el argumento de que, presuntamente, dicha norma habría sido dictada por la Asamblea Legislativa Departamental, cuando no tenía la competencia suficiente para hacerlo.

Por otro lado, en Tarija, los representantes del oficialismo y de la oposición en la Asamblea Legislativa Depar- tamental no lograron acuerdo para tratar la solicitud de restitución del gobernador suspendido, Mario Cossío Cortez, prolongando su pronunciamiento sobre la Sentencia Constitucional referida a la suspensión de autoridades electas. De ahí que, después de casi cinco horas de debate, la reposición de Cossío quedó sin efecto porque se resolvió enviar una consulta al tcp, luego de llegar a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el gobernador interino, Lino Condori, que aduce que la Asamblea no puede tratar el tema, de acuerdo a su reglamento interno.

Por último, el presidente del tcp, Ruddy Flores, informó que fue admitida por la Comisión respectiva (Auto Constitucional Nº 076/2013) la consulta sobre el Proyecto de Ley de Aplicación Normativa que remitió la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp), el 15 de febrero, en que uno de sus artículos hace referencia a la reelección del presidente Morales y el vicepresidente García Linera para las próximas elecciones nacionales del 2014.

En el mencionado proyecto legislativo se regula la aplicación del Control Administrativo de Justicia por parte del Consejo de la Magistratura; la elección del Contralor General del Estado; la reelección del Presidente y Vicepre- sidente del Estado; el término de consideración del Presupuesto General del Estado en la Asamblea Legislativa y la vigencia de los tratados internacionales anteriores a la Constitución Política del Estado (cpe) vigente.

Ante este panorama de incertidumbre, ¿cuál es el papel que debe desempeñar el tcp? Pienso que se trata de que el Tribunal Constitucional Plurinacional reivindique su posición como órgano especializado de la jurisdicción constitucional creado con la exclusiva finalidad de administrar justicia constitucional a través del control de la constitucionalidad de las leyes y los actos provenientes de los órganos del Estado Plurinacional, a cuyo efecto conoce y resuelve los conflictos jurídico-constitucionales que se produzcan en una triple dimensión.

a) normativa, en los casos en que se produzca la incompatibilidad de una disposición legal ordinaria, frente a las normas previstas por la Constitución;  b) tutelar, en situaciones en que el poder público –o un eventual poder particular– vulnere ilegalmente, por acción u omisión, los derechos fundamentales consagrados por la Ley Fundamental y/o los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como parte del bloque de constitucionalidad, y c) del ejercicio del poder político, en los casos en que se llegue a desconocer el principio de separación de funciones o división del ejercicio del poder político para poner fin a los eventuales conflictos de competencia que llegaren a suscitarse entre los órganos del poder público y/o niveles de gobierno o bien cuando se desconozca los derechos de las minorías, pretendiendo imponer decisiones contrarias a la Constitución.

Más allá de los temas locales pendientes y que merecen atención inmediata del tcp; de nuestra parte ya hemos dado a conocer en esta columna algunos argumentos para sustentar la imposibilidad de la segunda reelección presidencial en Bolivia, considerando que el referido proyecto legislativo fue formulado, presuntamente, para “desarrollar” las normas de la Constitución, cuando en realidad lo que se pretende es lograr una interpretación extensiva de aquellas normas, muy distinta a la finalidad para la que fueron establecidas por el constituyente.

Es así que hemos llegado a la siguiente conclusión: habilitar una segunda reelección presidencial sería un flagrante atentado contra las normas de la Constitución que prohíben esta posibilidad y un pronunciamiento en sentido contrario constituiría una peligrosa concentración del poder político, lo que resulta intolerable en un Estado Constitucional de Derecho.

Sobre este tema, se debe considerar que al tcp le quedarían únicamente dos caminos a seguir: a) adoptar una posición similar a la de la Corte Consti- tucional de Colombia, cuando falló en contra de la reelección del presidente Uribe, a pesar de que éste gozaba de alta popularidad en su país, quien tuvo que acatar el fallo preservando el Estado de Derecho; o b) seguir el ejemplo de la Sala Constitucional del Tribunal Supre- mo de Justicia de Venezuela, que recientemente, y en más de una oportunidad, ha demostrado su fidelidad al Gobierno Nacional de ese país, salvando –vía interpretación– cualquier obstáculo legal respecto al Juramento del Presidente y a la Sucesión Presidencial prevista constitucionalmente, habiendo favorecido claramente al prorroguismo en ese país.

En el caso de Bolivia sólo esperamos que el tcp apruebe satisfactoriamente esta “prueba de fuego”, dado que no solamente tiene el deber de vigilar y precautelar en todo momento la vigencia de la supremacía de la Constitución boliviana, sino que, además, no le está permitido quebrantar la confianza del soberano en la idoneidad de sus actividades jurisdiccionales, dado que, a pesar de la tenue legitimidad de la designación de sus Magistrados, es la institución de la que menos nos atrevemos a desconfiar, considerando las muestras de imparcialidad con que ha actuado hasta el momento. Entonces, no nos defrauden ahora, será justicia actuar en defensa de la Constitución.

Es abogado, responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano.

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