La Gaceta Jurídica

El pensamiento constitucional de Eduardo García de Enterría

Apunte legal

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 15 de octubre de 2013

Una Constitución sin un Tribunal Constitucional que imponga su interpretación y la efectividad de la misma en los casos cuestionados es una Constitución herida de muerte, que liga su suerte a la del partido en el poder, que impone en esos casos, por simple prevalencia fáctica, la interpretación que en ese momento le conviene; la Constitución pasa a ser instrumentalizada políticamente por unos grupos o partidos frente a otros” (1), afirmaba el jurista español Eduardo García de Enterría (1923-2013, denominado el jurista de la transición en España), cuyo fallecimiento se produjo el 16 de septiembre en Madrid, después de una larga enfermedad, a los 90 años. Él era miembro de las academias Española y de Jurisprudencia, en 1984 fue reconocido con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales.

El criterio autorizado del maestro español –que, a pesar del tiempo transcurrido, merece ser tenido en cuenta en la actual coyuntura política boliviana– ha motivado también el pronunciamiento favorable del constitucionalista boliviano José Antonio Rivera Santiváñez, quien, en base a su amplia experiencia en el análisis y desarrollo de la Jurisdicción Constitucional en Bolivia, ha dejado establecido que “…en el siglo XXI no existe ni puede existir un Estado Constitucional sin un Tribunal Constitucional como guardián y máximo intérprete de la Constitución y protector de los derechos fundamentales y garantías constitucionales”  (2).

De ahí que, en la actualidad, la legitimidad de los tribunales constitucionales se ha acrecentado en la medida que son los protectores de los derechos humanos y/o fundamentales dentro de un Estado, frente a las eventuales investidas de la mayoría que suele controlar el gobierno y el parlamento, desarrollando intereses coyunturales que son contrarios a los derechos de los gobernados, asegurados constitucionalmente; asimismo, ha sido fácilmente perceptible que los tribunales constitucionales (a nivel latinoamericano), en el desarrollo de sus actividades jurisdiccionales, efectivamente han contribuido a racionalizar los conflictos políticos y a pacificarlos, evitando crisis institucionales, fortaleciendo el sistema institucional y protegiendo los derechos fundamentales de las personas.

En este sentido, las opiniones y criterios jurídico-doctrinales citados anteriormente son de vital importancia, y nos brindan la pauta general de la función principal asignada por la Ley Fundamental al instituir un Tribunal Constitucional, es decir, un órgano específico y especializado para defender las disposiciones de la Constitución en razón de su naturaleza suprema, exigiendo su respeto y observancia, al mismo tiempo, de la enorme importancia que ha adquirido ésta institución tanto en el ámbito europeo como en el contexto latinoamericano para asegurar la efectiva protección de aquellos derechos que son inherentes a las personas por su condición de tales en un Estado democrático de derecho.

En el caso de Bolivia, conviene recordar que con la reforma constitucional de 1994 se introdujeron importantes modificaciones al texto de la Constitución boliviana de ese entonces y que por ahora pueden resumirse en:

1) Inserción de los pueblos originarios y comunidades indígenas a la estructura social del Estado, a cuyo efecto se definió por primera vez la estructura social como multiétnica y pluricultural; y se consagraron la unión y la solidaridad, como las bases de su organización.

2) Plena vigencia y protección de los derechos humanos como base del orden democrático constitucional, a cuyo efecto se creó por vez primera la Defensoría del Pueblo con la misión de velar por la vigencia y cumplimiento de los derechos y garantías de las personas con relación al sector público.

3) Seguridad jurídica y fortalecimiento del orden constitucional reformando la estructura del entonces Poder Judicial (actual Órgano Judicial), mediante la creación del Tribunal Constitucional como encargado del control concentrado de constitucionalidad en el país.

Entonces, fue la Constitución reformada en 1994 que instituyó un Tribunal Constitucional en Bolivia; un gran acierto del constituyente de aquel tiempo, que consideró la vital importancia de la creación de un órgano en el control de constitucionalidad, considerando la necesidad de promover la defensa de los derechos humanos en el país, habiéndolo configurado como uno de sus órganos jurisdiccionales especializados encargado del control de constitucionalidad sobre todos los actos, resoluciones y decisiones de los demás órganos del poder público, con independencia de cualquier otra autoridad estatal en su labor jurisdiccional, es decir, colocado fuera del alcance de los poderes públicos cuyos actos controla y sometido sólo a la Constitución.

Esa configuración primigenia se ha mantenido en la Constitución vigente, aprobada por el pueblo boliviano el 2009; sin embargo, se debe lamentar que, al presente, el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) ha venido atravesando una serie de crisis institucionales que han puesto en duda su idoneidad, independencia e imparcialidad.

Así ha sucedido hace más de un año, cuando uno de los Magistrados del tcp denunció presunta injerencia de autoridades gubernamentales del partido de gobierno en el fallo dictado sobre la Consulta “Previa” en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). También ha sido polémica la decisión adoptada por el tcp en este año cuando de manera injustificada habilitó la segunda reelección presidencial del presidente Morales sobre la base de un simple proyecto de ley interpretativa, cuando la Constitución establece una norma expresa en sentido contrario: “El período de mandato de la Presidenta o del Presidente, y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.

Dicho pronunciamiento ha puesto en evidencia que el tcp posiblemente se ha excedido en su función interpretativa, al haber tergiversado la voluntad del constituyente, alejándose flagrantemente del tenor literal del texto (es decir, actuando en sentido contrario a lo dispuesto por el artículo 196, parágrafo II, constitucional).

Es este panorama, resulta más vigente que nunca la premonición del jurista español García de Enterría cuando advertía la herida de muerte de la Constitución, aunque, en el caso de Bolivia no es tanto por falta de un Tribunal Constitucional, sino más bien por la tergiversación de la voluntad del constituyente expresada en el texto constitucional.

Entonces, lamentablemente debemos admitir que tenemos una Constitución herida de muerte, que ha ligado su suerte a la del partido en el poder (el sector oficialista y mayoritario de la Asamblea Legislativa), quienes presuntamente han impuesto, por medio de una simple ley interpretativa la interpretación constitucional que les conviene en este momento preelectoral; en consecuencia, la Constitución ha pasado a ser instrumentalizada políticamente con afanes políticos de posesión indefinida del poder.

Los(las) bolivianos(as) debemos reivindicar la alternabilidad en el ejercicio del poder y exigir respeto a la supremacía de la Constitución como norma esencial para preservar nuestra vida democrática.

Notas

1. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA. La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional. Madrid (España): Editorial Civitas, 1983. Pág. 58. Algunas partes de esta obra pueden consultarse en: http://bit.ly/19jSlOD

2. José Antonio RIVERA SANTIVÁÑEZ. El Tribunal Constitucional Defensor de la Constitución. Reflexiones sobre la necesidad de su consolidación y fortalecimiento institucional. Sucre, Bolivia, GTZ-PADEP-AECI, 2007. Pág. 45.

Es abogado responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano y maestrante en Derecho Constitucional (UMSA).

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