La Gaceta Jurídica

La pesadilla de la reelección presidencial indefinida (o vitalicia)

Apunte legal

Alan E. Vargas Lima

00:00 / 02 de septiembre de 2015

Resulta sorprendente (y hasta parece una pesadilla) que desde el 2010 en Bolivia se siga hablando con tanta insistencia de un solo tema, la reelección presidencial, dejando de lado tantos otros importantes de relevancia social y política que requieren atención urgente, por ejemplo, la crisis en la administración de justicia boliviana.

La única novedad es que ahora, desde las filas masistas, se ha decidido denominar a este nuevo intento por eternizarse en el poder como “repostulación”, que al final de cuentas es lo mismo que una “reelección” más, dado que, a través de este juego de palabras, solo se busca una finalidad: mantenerse en el ejercicio del poder público, esta vez, por tiempo indefinido (o para siempre, como cualquier otro monarca lo haría) para consolidar así la hegemonía de un solo proyecto político.

Hace algún tiempo escribí que era evidente que en la región latinoamericana existen regímenes de gobierno caudillistas que dependen de un solo líder (con el consiguiente culto a la personalidad del Presidente) y que, a su turno, van procurando perpetuarse en el ejercicio del poder político de sus países.

Esto ocurre, precisamente, a través de reformas constitucionales que cambien las reglas del sistema político para que la Ley Fundamental autorice la posibilidad de la reelección indefinida del (la) Presidente(a).

Ello podría tener como base los más altos fines políticos altruistas en beneficio social, como el hecho de no dejar truncados los proyectos de desarrollo planeados durante el transcurso del período de gobierno; sin embargo, me pregunté también si el mecanismo de la reelección presidencial por tiempo indefinido podría ser conciliable o, al menos, adecuado en un régimen democrático representativo, participativo y comunitario como el que se ha configurado por voluntad del constituyente y que rige nuestro destino desde 2009.

Conviene recordar que una de las bases del régimen democrático es, precisamente, el Principio de Alternabili- dad en el ejercicio del Poder Político (o, simplemente, “alternancia”, que significa cambio de gobierno), vale decir, la posibilidad de renovar o cambiar a las autoridades gubernamentales (o a quienes detentan temporalmente el poder político) en resguardo de los derechos políticos de la ciudadanía (a través del derecho político a elegir y ser elegido libremente).

También se trata de brindar oportunidad a las nuevas generaciones de líderes y profesionales que, sobre la base de lo avanzado, con una nueva mentalidad y mejor visión de futuro, sin dar lugar a la improvisación, puedan superar las deficiencias de una determinada gestión gubernamental, proponiendo mejoras en la conducción del Estado, con nuevas alternativas de desarrollo a nivel político, social, económico, etc., logrando superar las diferencias entre las regiones del país para cohesionar a toda la sociedad en un solo propósito: alcanzar el “vivir bien” para todos(as) sin importar si pertenecen o no a un determinado “sector social” (afín o no) al partido de gobierno.

Estas reflexiones surgen a propósito del reciente anuncio desde filas del oficialismo en sentido de que el partido gobernante estaría preparando y organizando un “congreso nacional” para plantear de manera oficial a la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp) la modificación de varios artículos de la Constitución Política del Estado (cpe) y la convocatoria a un referéndum el 2016 que plantee, en una sola pregunta, la reelección indefinida del Presidente y Vicepresidente además sobre la reforma a la justicia.

Esto quiere decir, en otras palabras, que van a consultar a la población sobre la viabilidad o no de una reforma constitucional (idea que, por supuesto, es saludable a estas alturas); no obstante, esta vez se haría la consulta en “paquete cerrado”, sin que la población tenga la opción de elegir y pronunciarse sobre los temas que realmente le interesan reformar o modificar en la Constitución y desechar aquellos temas que no considera relevantes, precisamente porque todos(as) tenemos derecho a pensar diferente.

Una consulta en esos términos termina siendo un engaño, aprovechándose de la buena voluntad de la población, para lograr la reforma de la Constitución, dado que es evidente que la mayoría de la población (si no toda) estará de acuerdo en reformar la Constitución para mejorar el sistema de administración de justicia en su configuración constitucional (dado que las normas constitucionales sobre elección de autoridades judiciales no han rendido los frutos esperados).

Sin embargo, ello no significa que toda la población también esté de acuerdo para modificar la cpe en sentido de habilitar una reelección presidencial con carácter indefinido a favor del Presidente actual, dado que, si bien existen adeptos al proyecto político que encabeza Evo Morales, no todos estamos de acuerdo, ni mucho menos satisfechos, con los planes, programas, proyectos fraudulentos o “fondos indígenas” que solo han servido para malversar fondos públicos y fomentar la corrupción en instituciones públicas, con el consiguiente perjuicio a los intereses de todos los bolivianos(as), así como en los pueblos indígenas, que, en muchos casos, han visto truncadas sus legítimas aspiraciones.

Entonces, la pregunta que se piensa plantear para el referéndum del 2016 en consulta a la población si ¿está de acuerdo con las modificaciones a la Constitución Política del Estado o está de acuerdo con la actual Constitución?, realmente es una trampa, porque muchos no estamos de acuerdo con algunas normas de la Constitución, pero ello no significa que todos estemos de acuerdo en otorgarle un carácter indefinido a la reelección presidencial.

Por ejemplo, habrá mucha gente que querrá configurar un sistema de reelección presidencial con autorización de reelección inmediata por una sola vez y abierta (es decir, con posibilidad de que el candidato pueda volver a postularse, pero después de cierto tiempo); o bien con una autorización de reelección inmediata por una sola vez pero cerrada (significa que el postulante no podría volver a ser candidato).

Por otra parte, puede suceder que por las malas experiencias que nos está dejando el actual régimen de gobierno, alguna parte o la mayoría de la población quiera establecer una prohibición absoluta de la reelección (es decir, que nunca más la misma persona puede volver a ser candidato).

Por tanto, si bien este tipo de decisiones, en virtud del referéndum, deben ser consultadas a la población, debe respetarse el derecho de quienes disentimos y pensamos diferente, porque antes que los intereses políticos nos impulsa nuestra firme convicción en la democracia, pero una democracia inclusiva, equitativa y respetuosa de los derechos políticos de las minorías y que no pueden ser avasallados por las supuestas “mayorías” a título de “congresos nacionales” y “votos resolutivos” que no representan la voluntad de todos(as) los(las) bolivianos(as).

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

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