La Gaceta Jurídica

Estado plurinacional y justicia constitucional

La idea de construir un Estado nacional moderno, según el modelo establecido en la primera Constitución de 1825, que fue el propósito primigenio de las elites gobernantes al fundarse Bolivia, puede decirse que resultó ser un intento fallido, pues nunca pudo construirse de verdad ese Estado por completo y esto debido principalmente a la extremada heterogeneidad cultural que presentaba el país.

Ya no prevalece la idea de homogeneizar la sociedad, sino de respetar instituciones.

Ya no prevalece la idea de homogeneizar la sociedad, sino de respetar instituciones. Foto: radiored.com.co

Gróver Pinto Machicao

00:00 / 14 de octubre de 2015

En este sentido, el modelo del Estado plurinacional puede ser considerado una alternativa más asequible en la medida que ha podido comprender mejor su realidad multicultural y que ha recogido oficialmente a instituciones originarias, como la justicia indígena originaria campesina. Sin embargo, este propósito, al parecer, presenta serios inconvenientes a la hora de pretender aplicarlos efectivamente al ámbito de la jurisdiccional constitucional.

El paradigma del Estado nacional moderno ha tenido entre una de sus características esenciales el estar estructurado en torno a una Constitución y un conjunto de derechos considerados fundamentales para los humanos, derivados de los principios de libertad e igualdad.

Es un modelo de Estado originado en Europa, pero que ha tenido un proceso histórico muy particular, que ha requerido, entre otras cosas, haber amalgamado previamente un cierto grado de homogeneidad cultural. Y que no necesariamente debería ser considerado algo susceptible de ser reproducido artificialmente, aunque así se lo haya creído y se haya convertido en un modelo a imitar en países como Bolivia, por haber sido considerado en algo de un orden civilizatorio superior.

Pero la realidad de Bolivia se ha mostrado siempre muy diferente, pues más bien ha estado marcada por una extremada heterogeneidad cultural, lingüística y étnica que no le permitió estructurarse como una nación, a pesar de todos los esfuerzos realizados.

Estructuración vertical

En ese propósito de forjar a la nación, en Bolivia se procedió a la inversa de lo que sucedió en Europa, es decir que se pretendió estructurar la nación desde arriba, esto es, desde el Estado y su Constitución. De ese modo, por ejemplo, se impuso desde su primera ley suprema al castellano como único idioma oficial, a la educación monolingüe e, incluso, desaprensivamente hasta una religión única, etc.

Específicamente, en el campo político y jurídico el Estado fue estructurado en torno a una Constitución y un conjunto de derechos considerados fundamentales, derivados de los principios de libertad e igualdad, elementos esenciales que hacen al Estado nacional moderno.

Aunque ciertamente este propósito haya estado marcado desde un inicio por criterios ambivalentes, pues, si bien este Estado, por lo menos hasta antes de 1952, reconocía formalmente estos principios como sus bases institucionales fundamentales, por otra parte las desconocía flagrantemente, porque, en los hechos, estos principios nunca fueron considerados valederos para toda sociedad, sino tan solo para una minoría, es decir, inaplicables a los pueblos indígenas originarios.

Esta inexplicable ambivalencia moral, que jurídicamente resultaba injustificable y que bajo los criterios de hoy sería considerada inconstitucional, en los hechos sí pudo justificarse, pues la Constitución pudo haber sido vista como un conjunto de normas supremas e interpretadas como tales, es decir, de manera formal y enmarcada en su legalismo, por tanto, haciendo prevalecer ciertos requisitos formales establecidos en la Constitución, como el de saber leer y escribir, tener renta, o poseer algún bien, para ejercer como ciudadano.  

Este sesgado propósito de crear ese Estado nacional moderno, que implícitamente también significaba la desaparición de todas aquellas instituciones, costumbres u otros modos de ser, ajenas a este fin, además de todos sus dilemas morales que conllevaba, pudo crear un especial ambiente de tenciones y conflictos entre el Estado y los pueblos originarios.

Conflictos pueblos-Estado

Por un lado estaba el Estado, impelido por el propósito de imponer una Constitución y un sistema de normas direccionadas a modernizar la sociedad; por el otro estaba la férrea resistencia de estos pueblos, que se negaban a perder su propia identidad, que en verdad constituían auténticas naciones con idioma, cultura e historia propia, así como con su propio sistema de justicia.

Estos conflictos resultaron ser, en especial, traumáticos para estos pueblos preexistentes al Estado. Así, por ejemplo, la Ley de Exvinculación promulgada en 1874 durante el gobierno de Tomas Frías, tendiente a desaparecer la propiedad comunal para convertirla en una de modelo liberal, produjo violentos enfrentamientos entre los pueblos indígenas y el Estado, que desembocaron finalmente en la dramática muerte del líder indígena Zarate Villca en 1903.

En este sentido, el nuevo Estado plurinacional –puede decirse– constituye un asequible modelo de Estado, pues, en gran manera, ha podido superar ese eterno e irresoluble problema de la pretensión de estructura de un Estado nacional moderno al modo occidental, buscando eliminar a las otras identidades culturales.

Reconocimiento actual

En términos generales, puede considerarse un avance si se entiende que, en gran medida, se ha podido superar el conflicto y lograr más bien un Estado mucho más pacífico, por cuanto ya no prevalece la idea de homogeneizar la sociedad, sino más bien el de respetar las diferencias y de reconocer a las instituciones de las diversas naciones originarias, entre ellas a una de las más importantes: la justicia indígena originaria campesina.

Sin embargo, este reconocimiento de la justicia indígena plantea, al parecer, serios problemas al momento de pretender aplicársela de manera efectiva al ámbito de la justicia constitucional, pues, aparentemente, existen ciertas normativas francamente discordantes y contradictorias.

Por ejemplo, si bien la Constitución señala en su preámbulo, así como en su artículo 1 que “…Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo (...) jurídico, (…)”, el artículo 191, parágrafo II, inciso 2 señala que “esta jurisdicción reconoce los asuntos indígenas originarios campesinos de conformidad a lo establecido en una ley de deslinde jurisdiccional”.

Esta ley de deslinde, a su vez, señala en su artículo 5, parágrafo I, que “todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, respetan, promueven y garantizan el derecho a la vida y los demás derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado”.

Estos derechos reconocidos por la Constitución son los derechos humanos o fundamentales, que constituyen la esencia y razón de ser del Estado moderno. Es decir que, en los hechos, la justicia indígena originaria reconocida por el Estado plurinacional estaría regulada de tal manera que, prácticamente, quedaría enmarcada en los preceptos jurídicos que corresponden con la visón de justicia del Estado moderno.

Además que la Constitución misma estaría sujeta a tratados y convenios internacionales a este respecto, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit), por el que se obliga a respetar estos derechos de carácter universal. Con ello, la pretensión del Estado plurinacional de reconocimiento de la justicia indígena originaria quedaría prácticamente reducida a casi nada.

Pero, por otra parte y al margen de estas consideraciones, estas limitaciones sobre los derechos humanos, impuestas desde afuera, estarían plenamente justificadas, pues estos derechos están para proteger a todos y no cabría dudar de ellos, porque no son limitaciones para mal, sino para bien.

Pero lo insalvable del caso es que, con ello, la potestad soberana del Estado plurinacional, de reconocimiento de la justicia plural establecida en la Constitución, quedaría bloqueada casi por completo. Simplemente, una cosa no quiere decir la otra.

Es politólogo y abogado.

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