La Gaceta Jurídica

¿Es posible una reforma de justicia?

El de la justicia es un tema “PENDIENTE” por resolver por parte del Estado boliviano, toda vez que involucra y afecta a la sociedad en general, a su establecimiento y seguridad. El fenómeno de la corrupción se extiende a todas las instituciones de justicia y resulta difícil y complejo determinar con precisión su amplitud.

El Ministerio Público y el Órgano Judicial deben impulsar la ética, excelencia profesional y capacitación.

El Ministerio Público y el Órgano Judicial deben impulsar la ética, excelencia profesional y capacitación. FOTO: cambio.bo

La Razón (Edición Impresa) / Micaela Alarcón Gambarte*

00:00 / 16 de marzo de 2016

Para lograr una efectiva independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados, pretendida a través de esta reforma de justicia propuesta, será importante encontrar una fórmula idónea de nombramiento de magistrados y, a la vez, de lucha contra la corrupción y retardación de justicia.

Es importante aclarar que –al margen del contenido técnico específico de una propuesta en materia de reforma del sistema judicial– ninguna reforma tendrá sentido si, además de mejorar los niveles de eficiencia funcional, no conduce a afianzar la autonomía y credibilidad del sistema de administración de justicia, así como la independencia, el compromiso con los valores democráticos y constitucionales y la moralidad y dignidad en la actuación de los magistrados.

Identificación de la corrupción en la administración de justicia

-La corrupción es uno de los principales problemas que aquejan a la administración de justicia en Bolivia, con lo que se debe propender a la erradicación de este flagelo en el ámbito del sistema de justicia, siendo que tal práctica es considerada obstáculo principal en el acceso a la justicia y a una adecuada prestación de este servicio público esencial.

-El fenómeno de la corrupción se extiende a todas las instituciones de justicia. Sin embargo, resulta difícil y complejo determinar con precisión su amplitud, manifestaciones concretas e implicaciones. No obstante, sí es posible determinar la existencia de sistemas que producen o que facilitan la corrupción, de ahí la importancia de poner en marcha métodos dirigidos al diagnóstico de estos sistemas y a la definición de políticas de prevención y combate.

-El soborno a funcionarios judiciales, incluso a testigos y otros sujetos procesales con el fin de entorpecer un trámite en los tribunales, manipular la investigación criminal, retardar o negar justicia constituye una de las principales preocupaciones.

-La ausencia de sistemas modernos para la administración de los despachos y la falta de control sobre los funcionarios y empleados judiciales propician corrupción e ineficiencia.

-La intimidación y la amenaza a jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales, así como a testigos y querellantes. La intimidación está estrechamente vinculada a la corrupción, pues, en caso de que el operador de justicia rechace el soborno o se presenten complicaciones, el procedimiento inmediato al cual se recurre es el hostigamiento. El propósito esencial es obstruir la administración de justicia y solidificar la impunidad.

La obstrucción suele tener origen en un enmarañado, tenebroso y furtivo “mundo oculto”, en el cual se teje articulaciones para generar procesos de corrupción y enriquecimiento ilícito, actividades del crimen organizado, tráfico de influencias.

Como medio, la corrupción ha sido utilizada como arma y mecanismo para establecer los cimientos de las articulaciones criminales, así como para comprar lealtades y asegurar el control, la complicidad y el encubrimiento.

Como fin, la corrupción ha moldeado la conducta de personas que se prestan a estos juegos, a cambio de ciertos espacios, ingresos anómalos, favores, prebendas, etc.

Se anidan también los agentes que se han infiltrado en diversas instituciones para manipular las investigaciones y obstruir la justicia. Y en las judicaturas se perpetra toda clase de juegos a favor de la impunidad: presiones, amenazas, soborno.

A la luz de los hechos cotidianos, existen acciones orientadas a entorpecer o desviar las investigaciones, alterar documentos de investigación, extraviar o desaparecer pruebas o evidencias e, incluso, contaminar escenas de crimen.

El objetivo es impedir la acción de la justicia, pues la caída de uno solo de sus miembros hace vulnerable a la “organización”.

Propuesta planteada

En este combate contra la corrupción y para el mejoramiento general del sistema, se identifica como prioridades a diversas acciones, entre las cuales destacan:

-La emisión de una Ley de Capacitación Profesional que asegure la estabilidad de los jueces, resguarde su inde- pendencia de las presiones que puedan darse en los ámbitos interno y externo del Órgano Judicial y procedimientos de disciplina y responsabilidad a efectos de que el juzgador que cometa falta o delito sea sometido a un proceso en el cual se garantice sus derechos, pero que también garantice la adecuada sanción de quienes incurran en violaciones a la ley.

-Aprobación e implementación de códigos de ética a partir de las universidades del país y, muy en especial, desde las aulas de las facultades de Derecho a efectos de que los estudiantes aprecien la observancia de conductas éticas y com- prendan el daño que ocasionan la corrupción y la ausencia de valores.

-Consolidar la carrera Policial a efectos de que estas otras instituciones del sector justicia, realicen también los esfuerzos del caso. El Ministerio Público, al igual que el organismo Judicial, deben impulsar comportamientos éticos, excelencia profesional y programas sostenidos de capacitación.

-Otras conclusiones van en la dirección de realizar cambios en las políticas institucionales, en el campo de la legislación específica, en el ámbito de la educación universitaria y en la capacitación y especialización de los profesionales que se dedicarán a la administración de justicia.

-Impulsar la adopción de códigos de ética específicos para los jueces, magistrados, fiscales, policías, personal auxiliar y administrativo a efectos de impulsar en cada institución nuevos comportamientos y conductas en el orden personal, más allá de lo que pueda trabajarse en el ámbito institucional, jurídico y estructural.

¿Cómo combatir la retardación de justicia?

No obstante de existir la Ley de Descongestionamiento del Sistema Penal, continúa la elevada carga procesal, por lo que para combatirla se propone:

-Nombrar fiscales de trámite procesal en todos los ámbitos judiciales del país. Los referidos funcionarios se en- cargarían de verificar notificaciones, traslados, cumplimiento de celebración de audiencias y otras etapas del proceso para que se garantice el desarrollo de las audiencias y así evitar el retardo procesal.

-Asimismo, estos fiscales de oficio podrán proponer que en una sola audiencia se finiquite las trabas procesales, incidentes y otros.

En suma, para llevar adelante una verdadera reforma de administración del sistema judicial debe, necesariamente, habilitarse a todos los actores y a la sociedad en general con la participación de veedores.

Pero este fin no se alcanzado con una sola cumbre, la cual debería, en términos sanos, ser reprogramada hasta encontrar las condiciones y seguridad jurídica suficiente para encarar seriamente las propuestas a través de un referéndum que derive en una verdadera reforma del sistema de administración de justicia.

Lo contrario sería un tubo de ensayo que, en sí mismo, no solucionará el problema, porque la solución del inconveniente deviene en principio por deslindar el ejercicio de la administración de justicia del poder político.

*    Es abogada constitucionalista.

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