La Gaceta Jurídica

La presunción de inocencia, vulnerada

Convocar a conferencia de prensa en horario estelar para presentar a un grupo de presuntos delincuentes o mostrarlos en primeras planas de los periódicos, ¿viola el precepto constitucional de la presunción de inocencia? Éste es un derecho principal que a diario es vulnerado en el país.

Los derechos de los sospechosos  de un delito están establecidos  en normas nacionales e internacionales.

Los derechos de los sospechosos de un delito están establecidos en normas nacionales e internacionales. Foto: eloriente.net

Jorge Olivera García

00:00 / 13 de septiembre de 2015

Presentar a la población a personas que presuntamente están involucradas en hechos delictivos, mostrando su rostro a través de los medios de comunicación y exponiéndolas a la estigmatización y a la “muerte” civil sin ni siquiera haber pasado una etapa de investigación, es en sí una violación de este precepto constitucional.

Los principales actores que deben cumplir y hacer cumplir la normativa nacional son la Policía y las autoridades, pero son ellas las que más vulneran este derecho y obligan a los presuntos delincuentes a salir y “dar la cara” por hechos que aún no han sido probados en un debido proceso, sin considerar que también estas personas están protegidos por la Constitución y los tratados y convenios internacionales.

Los medios de comunicación también forman parte de la vulneración a esta garantía constitucional, ya que algunos de ellos no toman recaudos al momento de mostrar a los involucrados de manera pública, porque, si bien son las autoridades quienes presentan a presuntos actores de hechos delictivos, los medios transmiten esta información a la sociedad.

En este sentido, deberían implementar medidas adecuadas para que no se muestre de manera explícita a estas personas y considerar que ellas, según la ley, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Normativa vigente

En nuestra legislación, esta garantía está contemplada en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado (cpe) y en el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal que señala: “Todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada”.

Además, el artículo 296, numeral 4, del Código de Procedimiento Penal señala que “los detenidos no deben ser presentados a ningún medio de comunicación social sin su expreso consentimiento” y que esto solo sería posible “en presencia del abogado defensor”.

No solo podemos decir que se vulnera el principio de inocencia, sino que este precepto está enlazado a otras prerrogativas, que conforme las vamos lesionando se genera una cadena que viola no un solo derecho, sino varios otros.

Asimismo, estos preceptos están reconocidos a nivel internacional por la Declaración Universal de los Derechos Hu- manos que, en su artículo 11, establece que “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa”.

Esto manda, principalmente a las autoridades, a que primero debe existir un proceso justo para estas personas, garantizando que su identidad, su dignidad, al igual que todos sus derechos como imputados sean protegidos.

La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8, indica esta caución: Garantías judiciales (...) Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad (...). Este derecho es también reconocido por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos, que lo consideran una dispensa fundamental.

Hay que tomar en cuenta que en nuestro sistema procesal penal, a pesar de las investigaciones realizadas contra una o más personas presuntamente involucradas en actos delictivos, muchas veces se termina absolviéndolas de los cargos, ya sea por falta de pruebas o indicios que las involucren directamente con el hecho delictivo.

La consecuencia de este desenlace puede derivar en un daño social, familiar y laboral irreversible para estas personas, de quienes en su momento no se respetó sus derechos, y no solo el de presunción de inocencia, sino también el de tener un debido proceso.

Es egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz).

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