La Gaceta Jurídica

Sobre los principios elementales de actuación

Contribuciones a la materia

Autoridades y la población debatieron el tema en varios escenarios.

Autoridades y la población debatieron el tema en varios escenarios. Foto:Archivo La Razón

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00:00 / 03 de abril de 2012

1) Con relación al uso de la fuerza y de armas de fuego, son las Naciones Unidas las que en Congreso celebrado en 1990 en la capital cubana, La Habana, indican que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es decir la Policía, desempeñan un papel importante en la protección del derecho a la vida, la libertad y seguridad de las personas y solo podrán usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

El empleo de la fuerza y las armas de fuego debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos.

Es por ello que los funcionarios del orden podrán utilizar la fuerza y armas de fuego cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen el logro del resultado previsto.

Cuando no quede más remedio que hacer uso de armas letales, reducirán al mínimo los daños y lesiones, es decir, respetarán la vida humana y notificarán a la brevedad posible de tal acción principalmente a los familiares, no pudiendo invocar ningún tipo de circunstancia excepcional para violar el derecho a la vida e integridad corporal, como puede ser un grave disturbio o saqueo.

Solo se hará uso efectivo de arma letal para proteger una vida; en casos de legítima defensa y para evitar la consumación de un delito considerado grave por la legislación local, aparte de la fuga y resistencia expresadas en el Ritual Penal boliviano, si bien lo ideal debiera consistir en disparos al aire o al suelo. El problema radica en que no todos los casos presentan circunstancias iguales.

Se trae a colación el empleo de armas no letales pero sí incapacitantes para poder respetar la vida e integridad corporal de las personas, evitando en algunos casos una situación desproporcional en cuanto al empleo de munición letal, situación que tampoco garantiza totalmente el respeto a la vida e integridad física.

Es tarea de los gobiernos seleccionar al personal policial analizando principalmente la capacidad psicológica del sujeto y de manera periódica, recibiendo una idónea capacitación y orientación.

2) Con relación a no tolerar actos de tortura, nuestro Código Penal señala en el artículo 295, a grandes rasgos, que el funcionario que vejare o inflingiere tormentos o torturas a un detenido será sancionado con privación de libertad. Este delito se caracteriza por violar la libertad individual e incluso atentar contra la vida misma del detenido.

En la Constitución, el artículo 15, referido a los Derechos Fundamentales, señala entre otras disposiciones que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes  o humillantes (…).

El artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 prohíbe la tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

3) Sobre el registro inalterable y los motivos de la detención, es la Constitución la que en el artículo 23 parágrafo VI indica que los responsables de los centros de reclusión deberán llevar el registro de personas privadas de libertad, cuyo incumplimiento dará lugar al procesamiento respectivo.

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión de 20 de diciembre de 2001 señala en su artículo 21 el registro de ingreso del interno para luego formar un expediente personal foliado (…).

Con relación a informar sobre los motivos de la detención, el artículo 23 parágrafo V de la Constitución estipula que la persona privada de su libertad será informada de los motivos por los que se procedió a su detención (…).

El artículo 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, señala que toda persona debe ser informada de las razones de su detención (…).

4) Tratándose de la presentación de detenidos a medios de comunicación social, el artículo 6 (Preservación de Imagen) de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión de 20 de diciembre de 2001, dentro de los principios y garantías, señala in extenso que:

Los actos de información a los medios de comunicación social, así como la toma de fotografías o filmaciones para la divulgación de imágenes, únicamente podrán realizarse con el expreso consentimiento del interno.

En ningún caso se podrá difundir imágenes de adolescentes imputables, aún con su consentimiento. Quienes infrinjan estas disposiciones serán pasibles de las sanciones que correspondan.

No debe olvidarse que mostrar a un detenido a los medios de comunicación lo humilla, enterrándolo civilmente y viola, además, el principio de la presunción de inocencia.

5) En cuanto a la identificación del funcionario policial al momento de la aprehensión se constituye en imprescindible debido a que existen delincuentes que se hacen pasar por  autoridades policiales para cometer hechos impunes (uso de disfraz como modus operandi), lo cual sería una agravante en el delito de robo. En suma, no interesando si el policía viste su uniforme o ropa normal, debe obligatoriamente presentar su identificación o credencial.

En este sentido, la identificación del policía se afianza como uno de los tantos derechos que tiene el detenido, a decir de la doctrina internacional.Asimismo, la credencial se constituye en apoyo ante cualquier actuación rutinaria o de emergencia que deba realizar el agente policial en cumplimiento de su deber.

En la legislación española, el uso del número de identificación personal en la uniformidad de las Fuerzas de Seguridad se encuentra normado a través de Instructivos sobre comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar los derechos de los detenidos y puestos en custodia mediante la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, así como también de órdenes publicadas en el boe (Boletín Oficial del Estado).

6) Finalmente, el comunicar a los familiares del detenido el lugar donde fue  conducido es fundamental en todo Estado de Derecho, cuyo incumplimiento puede conllevar que se interponga una acción de libertad. Cabe señalar que dicha acción también es aplicable a casos en los cuales se desconoce el paradero del detenido después de un tiempo.

En el Procedimiento Penal chileno, el artículo 94, señala que el detenido tiene derecho “a que, en su presencia, se informe a su familia o a otras personas conocidas que se encuentra detenido, por qué motivo y en qué lugar.”

A manera de colofón

Los principios básicos de actuación no deben confundirse (a mi parecer) con las Leyes Miranda, surgidas en 1966 en Estados Unidos, las cuales indican que todo detenido tiene derecho a solicitar un abogado, a guardar silencio, etc., siendo un aspecto de forma y no de fondo, como son los requisitos básicos de actuación policial señalados en el artículo 296 del Procedimiento Penal, relacionado con la Intervención Policial Preventiva.

Bibliografia consultada

Código de Procedimiento Penal, Ley 1970 de 25 de marzo de 1999.

Ley de Ejecución Penal y Supervisión de 20 de diciembre de 2001.

Convención Americana sobre Derechos Humanos de 22 de noviembre de 1969.

Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, año 1990.

Legislaciones de Chile y España sobre el comportamiento policial.

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