La Gaceta Jurídica

Sobre los principios que sustenta la libertad de expresión

El Señor Justicia

La Razón Digital / Carlos Conde Calle

00:00 / 04 de julio de 2014

Cuando reflexionamos sobre la ética, cuyo tratamiento se relaciona con las acciones más o menos morales, está claro que no somos perfectos y que, de buena o mala fe, podemos equivocamos. No tenemos carta blanca para hacer lo que se nos plazca; no. El periodismo, como oficio o profesión, nos dice que permanentemente debemos absolver dilemas éticos. Sin libertad de expresión no hay democracia, es un axioma; cualquier sistema que se llame democrático está obligado a respetar las opiniones ajenas, eso es democracia. No tolerar el pensamiento diferente nos muestra signos con fuertes inclinaciones al autoritarismo. El valor LIBERTAD debe ser preservado por autoridades, sociedad civil y periodistas; los periodistas no podemos contribuir el socavamiento de la democracia; en gran medida los guardianes de la democracia somos los periodistas, apostando por el pensamiento plural, por la existencia de diversos.

En esta oportunidad queremos referimos a los PRINCIPIOS, que sustenta, precisamente la LIBERTAD DE EXPRESIÓN, la Comisión Interame- ricana de Derechos Humanos. No olvidemos que esta Comisión fue la que creó la RELATORIA PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Apoyado en la declaración de Chapultepec emitió el maravilloso documento que queremos compartir con los lectores. En su introducción destaca la libertad de expresión como el sustento de la democracia y afirma que “... la libertad de expresión”, no es una concesión de los Estados, sino “un DERECHO FUNDAMENTAL” (sic.).

El primer principio dice: “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas.

Es, además, un requisito indispensable PARA LA EXISTENCIA MISMA DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁCATICA”. Por supuesto que estamos pensando en la democracia minimalista o democracia deliberativa, donde el valor LIBERTAD es modular. En cambio en los modelos no democráticos - (los que dividen a la sociedad en democracia burguesas y democracia propietaria) el valor LIBERTAD no tiene sentido. Por eso es importante que en democracia seamos tolerantes. Los periodistas deben siempre mantener IMPARCIALIDAD. No dejarse instrumentar por los partidos políticos y grupos de presión y constituirse en sus “voceros”.

El segundo principio tiene que ver con la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones libremente. El principio va mucho más al fondo cuando sostiene que “ ... toda las personas deben contar con igualdad de oportunidad para recibir, buscar e impartir la información (...) SIN DISCRIMINACIÓN por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo ..... (sic.). Por tanto, las organizaciones que protestan en las calles tiene derecho a expresarse libremente (v. gr. homosexuales); lo contrario es la intolerancia autoritaria.

El cuarto principio nos dice que “(todos tenemos derecho) de acceso a la información en poder del Estado (...)”. El Estado está en la obligación de garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales QUE DEBEN SER ESTABLECIDAS POR LEY”. Los últimos nueve años muestran que no tenemos una ley de acceso a la información pública. Por otro lado, dos periodistas de LA RAZÓN son enjuiciados por los Tribunales Ordinarios injusta e ilegalmente.

Sólo con posteridad sale un Decreto Supremo que establece restricciones en el tema marítimo, estableciendo la reserva en el tratamiento del mismo. El Secreto Profesional está protegido por el Art. 8 de la Ley de Imprenta.

El principio cinco merece ser transcrito en su integridad: “La censura previa. INTERFERENCIA O PRESIÓN DIRECTA O INDIRECTA sobre cualquier expresión, opinión o información ( ... ) DEBE ESTAR PROHIBIDA POR LEY”. Las restricciones EN LA CIRCULACIÓN LIBRE DE IDEAS Y OPINIONES, como así también la IMPOSICIÓN ARBITRARIA DE INFORMACIÓN Y LA CREACIÓN DE OBSTÁCULOS AL LIBRE FLUJO INFORMATIVO, VIOLAN EL DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN (sic.). No se puede, en consecuencia, condicionar la otorgación de la propaganda estatal en favor de medios privados con ningún pretexto; cualquier argumento choca con el derecho a la libertad de expresión.

El principio seis sostiene que “toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio de comunicación. LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA O EXIGENCIA DE TÍTULOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PERIO- DÍSTICA, constituyen una RESTRICCIÓN ILEGÍTIMA a la libertad de expresión. LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA DEBE REGIRSE POR CONDUCTAS ÉTICAS, LAS CUALES EN NINGÚN CASO PUEDEN SER IMPUESTAS POR EL ESTADO”. Existen sentencias constitucionales en esta dirección del año 2004. Este principio se vincula con el principio siete, cuando afirma categóricamente que “condicionamientos previos, tales como VERACIDAD, OPORTUNIDAD o IMPARCIALIDAD por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”. Sin embargo, esta afirmación en el campo ético nadie la escucha ni practica. En nuestro país debería producirse una reforma parcial de la Constitución, que lleve a la práctica estos principios. Lo recomendable sería aplicar la tolerancia como valor democrático.

Pero, deliberadamente elegimos el tema porque en el principio ocho, para sorpresa de algunas autoridades, dice: “TODO COMUNICADOR SOCIAL TIENE DERECHO A LA RESERVA DE SUS FUENTES DE INFORMACIÓN”, apuntes y archivos personales o profesionales”. ¿Porqué, pues, el juzgador les ordena a los dos periodistas de LA RAZÓN a revelar sus fuentes? Ya en otro lugar dijimos que no significa lo mismo, citar y revelar la fuente. Ojala, si hay materia justificable, los periodistas de LA RAZÓN sean procesados por los Tribunales de Imprenta.

Posteriormente, los principios que venimos glosando sostienen que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales así como la destrucción material de los medios de comunicación social violan los derechos fundamentales de la persona, coartan severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar esos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Por su importancia queremos citar el principio 11 que afirma: “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalicen la expresión ofensiva (...), conocida como el desacato atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”. Por fortuna, nuestro Tribunal Constitucional eliminó el tipo penal de desacato. Los periodistas nos equivocamos, y hasta cometemos delitos, pero tenemos el órgano que nos enjuicia: Tribunal de Imprenta (en la actualidad funciona en la ciudad de La Paz).

Debo ceder a la tentación de citar el principio N° 13 por su actualidad y pertinencia. Este principio dice: “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; LA ASIGNACIÓN ARBITRARIA Y DISCRIMINATORIA OFICIAL y CRÉDITOS OFICIALES; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión entre otros, con el objeto de PRESIONAR Y CASTIGAR o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación atenta la libertad de expresión (...). PRESIONES DIRECTAS O INDIRECTAS DIRIGIDAS A SILENCIAR LA LABOR INFORMATIVA DE LOS COMUNICADORES SOCIALES SON INCOMPATIBLES CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN” .

En conclusión, seria encomendable que autoridades, sociedad civil y periodistas pongamos en práctica estos principios para el fortalecimiento de la democracia. ¡No hay democracia sin libertad de expresión!

Es experto en Derecho de la Información.

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