La Gaceta Jurídica

El problema del Principio de Verdad Material

El Principio de Verdad Material es entendido por diversas doctrinarias como un principio jurídico procesal, mismo que dispone que la autoridad juzgadora, deberá investigar los hechos independientemente de que las partes procesales hayan propuesto las pruebas.

El PVM es un principio jurídico procesal útil para los jueces.

El PVM es un principio jurídico procesal útil para los jueces. FOTO: jurisactualidades.com

La Razón (Edición Impresa) / Juan Pablo Márquez Soria*

00:00 / 09 de agosto de 2015

A partir de la Constitución Política del Estado (CPE), y en el tránsito del Estado de Derecho al Estado Constitucional de Derecho, ha cobrado principal relevancia la aplicación de una verdadera justicia material, en lugar de la justicia formal.

En esa línea de pensamiento jurídico, presento el Principio de Verdad Material (pvm) que está asociado al valor de justicia material, describiendo la interpretación y precisiones de la jurisprudencia boliviana del ( pvm).

El objetivo del presente texto, no es aseverar, que debe prevalecer cualquier formalismo ante la justicia material, sino, ratificar que el pvm, y la consiguiente justicia material, deben ser el valor a ser conseguido como sociedad.

El PVM y su aplicación en el anterior orden Constitucional

El pvm es entendido por diversas doctrinarias como un principio jurídico procesal, mismo que dispone que la autoridad juzgadora, deberá investigar los hechos independientemente de que las partes procesales hayan propuesto las pruebas.

El Código de Procedimiento Civil (cpc) de 1975, no recogió la definición del pvm, pero expresaba la posibilidad de que los jueces exijan las pruebas que consideren necesarias, otorgándoles una facultad especial a través del art. 4 numeral 4 de la referida norma.

En la revisión de los fallos de la extinta Corte Suprema de Justicia, encontramos que no existe un desarrollo jurisprudencial que defina o module la aplicación de la referida facultad especial.

Actualmente, el Tribunal Supremo de Justicia (tsj), ha admitido que no aplicaba este principio, sino hasta los lineamientos otorgados por el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp).

Así lo expresa el Auto Supremo Nro. 277/2012 de 20 de agosto de 2012; ahora bien, quedando claro que el pvm es de reciente aplicación en materia procesal civil, resultaría fructífero determinar la experiencia de aplicación de este principio en otras ramas del Derecho, como por ejemplo, el Derecho Administrativo, el cual, a partir de la Ley N° 2341 de 2002, dispuso en su art. 4, que en aplicación del pvm “La Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige en el procedimiento civil”.

El pvm previsto por el art. 4 inc. d) de la Ley de Procedimiento Administrativo (lpa), determina que la Administración Pública investigará la verdad material, y ante la decisión de la Administración debe ceñirse a los hechos y no limitarse únicamente al contenido literal del expediente, incluso más allá de lo estrictamente aportado por las partes, siendo obligación de la Administración averiguar el total de los hechos.

La tarea investigativa de la Administración Pública, en todos los casos sometidos al ámbito de su jurisdicción, debe basarse en documentación, datos y hechos ciertos, con directa relación de causalidad, y deben tener la calidad de incontrastables en base a información integral que la autoridad administrativa con plena convicción y sustento, emitirá el pronunciamiento que corresponda al tema de fondo en cuestión.

Extremos necesarios que, a criterio de la Superintendencia General del sirefi, no se dieron en la Resolución IS 468 de 2 de mayo de 2006, emitida por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (spvs).

El desarrollo jurisprudencial del pvm, en procedimientos administrativos, no ha cambiado con la promulgación de la nueva cpep, pues leyendo Sentencias Constitucionales que revisan actos admi- nistrativos posteriores al 2009, los fallos aun conservan el sentido interpretativo jurisprudencial anterior al 2009.

El problema del PVM en los recursos de alzada

A manera de ejemplo de la posible confrontación que pueda existir entre la aplicación del pvm y los componentes del debido proceso, se expone en el presente documento el conflicto que pudiese surgir con la aplicación del principio de congruencia aplicado en los recursos de alzada.

El tcp, ya ha manifestado en diversos fallos, que en materia de recursos de alzada, aplica el principio de congruencia por el cual, las autoridades que revisan fallos en segunda instancia, no pueden fallar mas allá de lo expresado por el recurrente, ni omitir pronunciarse sobre algun punto recurrido.

En esa línea de interpretación constitucional, correspondería preguntarse si en aplicación del pvm (entendido como el principio que obliga a otorgar justicia material en lugar de la justicia formal), un juez o tribunal de alzada, pudiese conceder u otorgar mas allá de lo recurrido por las partes.

Para responder a esta pregunta, es preciso tener presente que el propio tcp ha establecido los casos en los cuales el principio de congruencia puede ser rebasado, fijando concretamente que debe ser en los casos establecidos en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, citando nuevamente a la SC 1662/2012.

Debería quedar claro que la aplicación amplia del pvm, no implica romper con el principio de congruencia en recursos de alzada. En ese entendido, quizá podría generarse nuevas modalidades de prueba en segunda instancia, dichas modalidades deberían circunscribirse a la demostración de los puntos recurridos por las partes, y no así, a nuevos aspectos.

El ejemplo precitado es solo una muestra de la modulación que ira teniendo el tcp al momento de sopesar el dilema de aplicación de la justicia material, frente a las garantías formales.

Conclusiones

El pvm, ha sido recogido por la jurisprudencia boliviana del Derecho Administrativo en su acepción básica doctrinal, es decir, como un principio que permite a la autoridad administrativa el investigar la verdad de los hechos, sin limitarse a las pruebas ofrecidas por los interesados.

En la jurisdicción ordinaria se observa que la facultad de producir prueba adicional a la ofrecida por las partes, se encuentra en la legislación procesal civil desde 1976, y no ha existido un desarrollo jurisprudencial de esta facultad, y menos la asimilación de la misma al pvm.

El tcp ha ampliado su espectro de aplicación, definiendo una intrínseca relación de este principio con la justicia material.

El pvm, se presenta como un principio ilimitado, al asociase directamente al valor justicia, por lo que se presenta el problema de aplicación de este principio ante los componentes del derecho al debido proceso.

En esa línea, por ejemplo, se tiene el caso de la confrontación del principio o componente de congruencia procesal en recursos de alzada ante la justicia material, teniéndose como línea jurisprudencial, que el principio de congruencia debe mantenerse y ser rebasado, solo en los casos de nulidades dispuestas en la Ley del Órgano Judicial y no ante cualquier percepción de vulneración al pvm.

*     Es Abogado, Magister en Derecho Corporativo y  Empresarial, trabaja actualmente en YPFB Transporte S.A. como abogado de Regulaciones y Contratos.

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