La Gaceta Jurídica

El proceso penal en la Ley de Imprenta

El Señor Justicia

La Gaceta Jurídica / Carlos Conde Calle

00:00 / 23 de noviembre de 2012

El periodista puede equivocarse; pero también puede cometer delitos. El Derecho de Réplica es un maravilloso instrumento, pero poco utilizado. Si el Medio de Comunicación se aviniera a este derecho se evitaría las acciones penales y civiles.

No hay norma que diga, por ejemplo, que cuando el periodista incurre en faltas o delitos debiera compeler al perjudicado o víctima interponer previamente el Derecho de Réplica. De hecho, el Estado Boliviano no tiene una ley específica sobre Derecho de Réplica, como exige el Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969).

Partamos de la hipótesis de que el periodista haya cometido delitos. ¿Qué delitos le pueden ser atribuidos? ¿Quiénes están legitimados procesalmente? ¿Faltas? Partamos de los delitos que puede cometer el periodista. El artículo 10 de la Ley de Imprenta establece el siguiente tipo penal: “se delinque contra la Constitución en los escritos que se dirijan a TRASTORNAR, DESTRUIR O INDUCIR A SU INOBSERVANCIA”. Sin embargo, el artículo 12 establece los límites de la acción periodística y dice: “NO SE COMETE DELITO, cuando se manifiesta los defectos de la Constitución o de los actos legislativos, administrativos o judiciales, con el objeto de hacer conocer sus errores o la necesidad de su reforma, siempre que no contengan ofensas de otro género”.

A su vez, el artículo 11 establece otro tipo penal: “se delinque contra la sociedad, en los que comprometan la existencia o integridad de la Nación o expongan a guerra extranjera o tiendan a trastornar la tranquilidad y el orden público o inciten o sostengan conmociones o desobediencias a las leyes o a las autoridades o provoquen la perpetración de algún de delito, o sean obscenos o inmorales”. Otro tipo penal es el fijado por el artículo 13 cuando sostiene que “se delinque contra las personas individuales o colectivas en los impresos que las injurian directa o indirectamente, sean o no falsas las imputaciones injuriosas”.

Será pertinente subrayar que los delitos de calumnia, injuria y difamación previstos por el Código Penal en sus artículos 282, 283 y 287, por imperio del artículo 27 de la Ley de Imprenta que dice: “los delitos de calumnia e injuria contra particulares, quedan sujetos a las penalidades del Código (Penal) y su juzgamiento pertenece a los tribunales ordinarios, A NO SER QUE EL OFENDIDO QUIERA HACER VALER SU ACCIÓN ANTE JURADO”.

La ley de Imprenta también nos habla de faltas, no son delitos, en el artículo 18: “son faltas de Imprenta las contravenciones a cualesquiera de las disposiciones de esta ley, no comprendidas en la clasificación de delitos”.

En Derecho de la Información se conoce como fuentes. Así tenemos a las personas públicas y privadas, y personas de relevancia pública. Las personas públicas, individualmente consideradas y las de relevancia pública (futbolistas, actores, presentadores de televisión) deben apoyar la demanda en los artículos 13, 27 y 28 de la Ley de Imprenta. Esto quiere decir que si un ciudadano o un actor de cine son injuriados o calumniados, pueden elegir el tribunal: a) pueden acudir directamente a los jueces de Sentencia en virtud a que se trata de delitos de acción privada, conforme al artículo 53 de la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999 (Código de Procedimiento Penal (CPP)). b) El particular agraviado o el futbolista injuriado pueden plantear su demanda en los JURADOS DE IMPRENTA. Así también lo establece el artículo 28 de la Ley de Imprenta, que dice: “corresponde al Jurado el conocimiento de los delitos de Imprenta, sin distinción de fueros; pero los delitos de injuria y calumnia contra los particulares, serán llevados potestativamente ante los jurados o los tribunales ordinarios...” (sic).

Por tanto, si un presentador de televisión es agraviado por algún medio escrito, puede elegir el tribunal. En cambio si el perjudicado por una información es un hombre público, diputado, senador, Presidente del país, Gobernador, alcalde o cualquier servidor público, en la Ley de Imprenta tiene un tratamiento especial. (Recien- temente el Tribunal Constitucional ELIMINÓ el tipo penal de DESACATO).

Sin embargo, si un servidor público es agraviado por un periodista no tiene otra opción que acudir a los JURADOS DE IMPRENTA. Esto es indiscutible. Si el periodista dice luchar contra la corrupción y calumnia e injuria al servidor público puede ir directamente a los tribunales ordinarios, esto es a los JUECES DE SENTENCIA. Ley de Imprenta, artículo 28: “SI A TÍTULO DE COMBATIR ACTOS DE FUNCIONARIOS, SE LES INJURIASE, DIFAMASE O CALUMNIASE PERSONALMENTE, PODRÁN ESTOS QUERELLARSE ANTE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS”. El delito se consuma cuando el periodista, diciendo que lucha contra la corrupción, individualiza, personaliza al servidor público.

Los delitos de Imprenta, no son perennes, están sujetos a prescripción. El artículo 20 de la Ley de Imprenta sostiene que “la acción penal se prescribe en CUATRO MESES, CORRIDOS DESDE EL DÍA DE LA PUBLICACIÓN del impreso...”. Pasado este plazo el delito se extingue. Los legitimados procesalmente son las víctimas. Si son servidores públicos debe aplicarse el artículo 31 de la Ley de Imprenta: “la acción penal por delitos y faltas de imprenta, CORRESPONDE EL MINISTERIO PÚBLICO, LA DENUNCIA A CUALQUIER INDIVIDUO”.

Si los agraviados son personas particulares o personas de relevancia pública (futbolista o actor) acudirán a los JUECES DE SENTENCIA y tramitan el proceso conforme a los artículos 53, 290 y 375 y siguientes del CPP. En cambio, si se trata de servidores públicos, deben presentar su querella inevitablemente en los JURADOS DE IMPRENTA, excepto si el periodista individualiza personaliza delitos de calumnia, injuria o difamación.

El servidor público, que advierta que se cometió un delito de imprenta en cumplimiento al artículo 33 de la Ley, debe presentar la demanda al Juez de Partido. Los jueces de Partido no existen en el nuevo sistema penal. Ahora, tenemos los tribunales de Sentencia y jueces de Sentencia. De aquí resulta que la demanda debe presentarse en los juzgados de Sentencia, donde el Juez citará personalmente al autor, editor o impresor. La responsabilidad penal en materia de imprenta no es mancomunada, es en cascada (artículo 2 de la Ley de Imprenta). Por tanto, no cabe la coautoría o complicidad. Luego, el Juez de Sentencia señalará audiencia pública para el sorteo del jurado.

El proceso debe ser sustanciado por los jurados conforme a los artículo 36 y siguientes de la Ley de Imprenta. La labor del juez termina con la nominación del Presidente del Jurado. El artículo 44 informa sobre la dinámica del proceso: “el secretario lee el impreso denunciado, el escrito de denuncia, los artículos de esta Ley que se suponen infringidos y las piezas que mandare leer el Presidente. Luego informará sucesivamente al querellante o acusador o su defensor y el acusado o su defensor; el fiscal fijará sus conclusiones.

Se permitirá réplica y duplica”. En realidad es un juicio oral, donde se debe cuidar el debido proceso. Se debe producir todo tipo de pruebas. Finalmente, se emitirá la sentencia (artículo 46 de la Ley de Imprenta) por mayoría de votos, sobre la base de estas preguntas: ¿Es culpable el acusado? ¿Hay circunstancias agravantes o disminuyentes?

El Jurado remitirá la sentencia a los jueces de Sentencia para que ejecuten la condena (artículo 64 de la Ley de Imprenta). En caso de desacuerdo con la sentencia (artículo 54) se puede interponer un Recurso de Nulidad y se concederá por ante el Tribunal Supremo de Justicia. El proceso podría concluir con una satisfacción pública, aún antes de haber comenzado el juicio, conforme a los artículos 289 del Código Penal (Retractación) y 28 de la Ley de Imprenta.

Es especialista en Derecho de la Información.

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