La Gaceta Jurídica

La propiedad comunal de los pueblos indígenas

Al hablar de propiedad comunal, comunitaria o colectiva pensamos en los Pueblos Indígenas. Teóricamente no existe consenso respecto a la naturaleza y alcance de los derechos de los indígenas como personas ni de los pueblos. En lo internacional no hay un estándar común que permita definir con claridad el Derecho Internacional de estas culturas.

Con la doctrina del “descubrimiento” de la tierra de nadie se colonizó territorios indígenas.

Con la doctrina del “descubrimiento” de la tierra de nadie se colonizó territorios indígenas. Foto: cavb.blogspot.com

Amelia Peña Aguilar

00:00 / 07 de febrero de 2014

El aporte más importante es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 ya que cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional, donde se reconoce la situación de desigualdad en la que viven los pueblos indígenas y la necesidad de resolver este problema dejando de privarles de sus derechos y ofreciéndoles condiciones mínimas de existencia.

Declaración de la ONU

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se refiere a la propiedad comunal en sus artículos 25 al 30.

El artículo 25 dice: “Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares, costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras”.

Cuando hablamos de espíritu nos referimos a una entidad no corpórea, el alma, la virtud que alienta al cuerpo para obrar; asumimos que si tienen una relación espiritual, la tierra, el territorio el agua, el mar, la costa también cuentan con un espíritu o una energía que los influye. Raúl Arango, en su libro “Los Pueblos Indígenas de Colombia”, nos dice que desde que Europa irrumpió en el territorio americano los pueblos indígenas han defendido sus territorios ancestrales a través de la ley de origen, en la cual el territorio es parte de una geografía sagrada, innegociable, donde se guarda el orden del mundo mediante una serie operativa de rituales.

Por ello, la lucha histórica por la recuperación del territorio ancestral es constante y de primer orden, y lo es para beneficio de todos. La espiritualidad es el eje del plan de vida que se sustenta en el respeto profundo por las experiencias representadas en los ancianos, en un permanente tejido de significados coherentes de la realidad, en función y equilibrio del cuerpo de la madre.

El artículo 26 de la declaración señala: “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. 3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate”. 

Figuras jurídicas

Mauricio Iván del Toro Huerta dice que, históricamente, el discurso jurídico ha contribuido a la marginación y al rezago de la mayoría de los pueblos indígenas alrededor del mundo. La doctrina del “descubrimiento” de la “terra nullius” (tierra de nadie) y de la “ocupación efectiva” como forma de adquisición de la propiedad o los sistemas de la encomienda y el repartimiento son sólo algunos ejemplos de las figuras jurídicas que sirvieron para ocupar y colonizar vastos territorios indígenas y, en no pocas ocasiones, esclavizar, someter o marginar a sus poblaciones.

El artículo 27 expone: “Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso”.

Pero, en un proceso civilizatorio, no son los Pueblos Indígenas los que ejercen su derecho, sólo es el Estado el que consagra los principios de soberanía territorial, autodeterminación y dominio exclusivo sobre los recursos naturales, es decir, la independencia de los pueblos está sometida a la venia del Estado, su autonomía se subyuga al permiso de alguien más.

El artículo 28 establece: “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado. 2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada”.

Realidad y ficción

Como dice el dicho, “hecha la ley, hecha la trampa”. Aquí está la trampa, el Estado podrá confiscar, tomar, ocupar, dañar su territorio, después los pueblos podrán pedir la reparación, restitución o indemnización o convenir otra cosa; pueden convenir no recibir nada a cambio de esos daños, todo dependerá de la negociación política, de la lucha de fuerzas. 

El momento en el que se consolida el discurso liberal de los derechos individuales, del derecho a la propiedad privada, se genera un vacío legal, una especie de limbo entre la realidad y la ficción, donde las reivindicaciones de los pueblos indígenas pasan a ser fantasía o una conspiración política o un crimen contra la seguridad nacional.

El discurso generado a favor de la soberanía territorial estatal y del derecho a la propiedad privada como derecho individual cierra la posibilidad de reclamo de autodeterminación territorial de los pueblos indígenas, así como la pretensión de un derecho a la propiedad comunal sobre sus tierras tradicionales.

El artículo 29 expone: “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación. 2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado. 3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para asegurar, según sea necesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos.

Casos INMEDIATOS

No hace mucho, en noviembre del 2013, la Corte Nacional de Ecuador ratificó la sentencia e impuso indemnización de 6.400 millones de euros por los vertidos de la petrolera estadounidense Chevron en la Amazonía después de una batalla de dos décadas, en el proceso redujo la sanción de 19.000 millones de dólares a 14.000, luego a 8.646 y finalmente a 6.400 millones de euros al eliminar daños punitivos que se incluyó en una instancia inferior.

Pero la contaminación en esa zona cobró un millar de vidas por enfermedades derivadas de los vertidos de Texaco durante las prácticas extractivas que desarrollaron entre 1964 y 1992, donde indígenas y agricultores aún siguen afectados con defectos de nacimiento y distintos tipos de cáncer.

Aun así, la empresa estadounidense, para garantizar la nulidad del fallo y la suspensión de la ejecución de la sentencia de 2011, el 2013 en un laudo parcial del Tribunal de Arbitraje de la Haya concluyó que en virtud de los acuerdos firmados entre Texaco y el Gobierno de Ecuador en los años 90 la compañía y filiales no podrán ser objeto de una demanda colectiva en el país o por terceros como la que interpusieron en Ecuador.  En Enero de este año el Tribunal Arbitral suspendió audiencias en el caso.

El Artículo 30 indica: “1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. 2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados por los procedimientos apropiados y, en particular, por medio de sus instituciones representativas antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”.

La Fundación Tierra denunció que en Bolivia el gobierno inició la virtual militarización del Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure) al inaugurar una base militar en la población de Ichoa, inicialmente con 81 uniformados “ecológicos”, pero que aumentará hasta 120 y terminará en definitiva con un número de 800. El presupuesto para la infraestructura asciende a 3,6 millones de dólares.

El Ministro de Defensa había expresado que la presencia militar en el Tipnis se debe a la necesidad de proteger el área del posible ingreso de personas vinculadas a cultivos ilícitos de coca u otros depredadores de los recursos naturales de la región. También se anunció que se podría convocar a indígenas del área para que sean miembros del regimiento militar. En septiembre no suele hacerse llamamientos militares, por lo que no se comprende este anuncio.

La decisión del Gobierno se produjo en plena realización de la consulta, una acción intimidatoria, como las requisas y controles que ejercitan los militares a las personas que circulan por la región.

Lamentablemente, la lucha de los pueblos se ha ido reflejando en el papel, pero en la realidad, los derechos de los pueblos indígenas son flagelados por las empresas y por los Estados, por eso es que es necesario que la sociedad civil, los universitarios, intelectuales, artistas, vecinos tomen conciencia de que la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas es un problema de todos.

Es economista, egresada en Derecho y diplomada en Pedagogía para la educación superior y en Diplomacia Cultural de los Pueblos.

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