La Gaceta Jurídica

A propósito de un proyecto de ley

Rayos X

La Gaceta Jurídica / Henry A. Pinto Dávalos

00:00 / 30 de octubre de 2012

Recuerdo que cuando aún era universitario, militante de las filas de la sociedad civil en la Universidad Mayor de San Simón (umss), todos arengábamos una serie de consignas, entre ellas una destinada a denunciar el carácter inquisidor y draconiano de la famosa Ley 1008, norma que era el centro de críticas y objeciones de moros y cristianos, entre ellos, los miembros de mismo movimiento cocalero del trópico de Cochabamba, que cuestionaban la rigidez de la ley que, entre otras cosas, desconoce la presunción de inocencia, incorpora penas elevadas para los delitos relacionados con las sustancias contraladas y, en su caso, reduce al mínimo las garantías constitucionales, convirtiendo al proceso penal en una suerte de simple formalidad, destinada a ejercer arbitrariamente el ius punendi del Estado.

Hoy en día, en pleno proceso de cambio, resulta que la mentada Ley 1008 –criticada duramente por el mismo presidente Morales cuando era dirigente sindical– no sólo no ha sido derogada, sino que, mejor aún, se viene proponiendo otras iniciativas normativos como el reciente Proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado, el cual deja lejos a la Ley 1008, porque supera en creces su carácter arbitrario, insiquisidor y draconiando, al punto tal que crea un proceso sumario administrativo (no jurisdiccional) en manos de una instancia también administrativa (la Procu- raduría General del Estado) destinado a “extinguir” la propiedad de aquellas personas que, aun siendo inocentes y sin haber sido juzgadas y condenadas por un juez, sean “sospechosas” de haber incurrido en algunos delitos como la corrupción, el narcotráfico o el enriquecimiento ilícito, exabrupto legislativo inconcebible y, además, inconstitucional, por las razones que expongo a continuación.

En efecto, de la lectura del citado Proyecto se tiene que el mismo, compuesto por 15 artículos y unas cuantas disposiciones transitorias, crea tal como ya se indicó un proceso administrativo anómalo a cargo de la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, instancia que asume el rol de acusador, juez y parte, concentrando en sus manos el destino del proceso, el cual, según reza el mismo artículo 3 inciso III, “no es una sanción penal principal, ni accesoria, ni se basa en la culpabilidad de una persona”, es decir, es una suerte de proceso anómalo, administrativo, que opera a simple sospecha, desconociendo el artículo 116-I de la Constitución que dice: “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”.

Por otro lado, conviene apuntar que el Derecho Constitucional enseña que la Constitución, como norma jurídica suprema del orden jurídico, existe justamente porque se constituye en una suerte de garantía colectiva de la sociedad, delimitando las competencias y funciones de cada institución, garantizando el consiguiente Principio de Reparto de Competencia o Separación de Funciones, previsto en el artículo 12 constitucional, según el cual, un órgano sólo puede ejercer aquellas competencias y funciones establecidas en la Norma Suprema, sancionando con nulidad “los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley” (artículo 122); en el caso concreto, se tiene que las competencias asignadas a la Procuraduría General del Estado están previstas, esencial y fundamentalmente, en el artículo 231 del cuerpo constitucional, que reconoce ocho competencias o atribuciones específicas a dicha institución, ninguna referida a “procesos de extinción” alguno.

Por lo expuesto, el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado no sólo es inconstitucional porque vulnera el Principio de Presunción de Inocencia y el de Reparto de Competencias o Separación de Funciones, asignándole una competencia inexistente a favor de la Procuraduría General del Estado, sino también constituye una afrente a esa larga historia de luchas y resistencias a leyes que, como la 1008, que lejos de evitar y controlar efectivamente el problema del narcotráfico en Bolivia, se constituyen en instrumentos de opresión y mordaza contra los más desposeídos, por eso, justamente, se dice que la justicia en nuestro país es como las serpientes: “muerde sólo a los que caminan descalzos”.

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