La Gaceta Jurídica

¿Se puede mejorar la administración de justicia?

…la tarea de ordenar la jurisprudencia para facilitar el análisis de la información que contiene y el estudio de los fundamentos de las decisiones de los jueces no es difícil, complicada ni costosa.

Se puede administrar mejor la justicia ?

Se puede administrar mejor la justicia ? FOTO: enter.co

La Razón (Edición Impresa) / César Manrique Zegarra*

00:00 / 16 de diciembre de 2014

Administrar justicia es primordialmente atender a la solución del conflicto jurídico-social. Para hacerlo correctamente es indispensable, en primer lugar, saber en qué consiste el conflicto y, en segundo lugar, saber qué hacer para resolverlo satisfactoriamente.

Deberíamos tener respuesta a algunas preguntas elementales: ¿cuántas clases de conflicto jurídico-social hay, aquí y ahora?, ¿cuál es la magnitud, calidad y frecuencia del conflicto jurídico-social?, ¿cómo, cuándo y dónde se produce?

Si no contamos con información que permita tomar conocimiento de todo ello, tampoco estará a nuestro alcance la posibilidad de orientar y dirigir correctamente las acciones tendientes a dar solución al conflicto jurídico-social y no se obtendrá un real mejoramiento en la administración de justicia. No importa cuán grande sea el presupuesto que se asigne al Poder Judicial.

Un método adecuado para conocer la calidad, magnitud y frecuencia del conflicto jurídico-social consiste en realizar un examen razonado de la jurisprudencia. En las sentencias y resoluciones judiciales están descritos con detalle conflictos singulares y en el conjunto de ellas están consignados los datos del conflicto jurídico-social tal como efectivamente se da en la diversidad de colectividades y lugares de la sociedad y territorio cualquier país.

Pero no eso no es todo. En las sentencias y resoluciones están expresadas las soluciones adoptadas por los jueces para recomponer las relaciones sociales perturbadas y restituir el orden y la paz social.

El estudio de la jurispruden- cia –entendida como el conjunto de las sentencias de los jueces de todas las instancias– indicará cuáles son las opciones asumidas por los jueces en cada caso y permitirá identificar las mejores decisiones adoptadas para resolver cada clase o tipo de conflicto jurídico-social.

Entendemos desde luego que las decisiones judiciales constituyen mecanismos eficientes para lograr que las relaciones sociales se desenvuelvan en un clima de paz y tranquilidad.

Si admitimos lo anterior, es correcto pensar que las sentencias que producen resultados satisfactorios son justas, porque justo y equilibrado es el raciocinio de los jueces, entonces, su examen debe llevarnos al conocimiento de lo que es justo aquí y ahora en nuestra sociedad.

Las reflexiones de los jueces y sus decisiones podrían adoptarse como modelo de conducta tanto en el ejercicio de la función pública como en el desarrollo de la actividad privada.

El estudio de la jurisprudencia, tal como lo planteamos aquí, solo será posible si hay una adecuada recolección de las sentencias y resoluciones de los jueces y si, además, se clasifican de acuerdo a un orden sencillo y accesible.

Entendemos que la tarea de ordenar la jurisprudencia para facilitar el análisis de la información que contiene y el estudio de los fundamentos de las decisiones de los jueces no es difícil, complicada ni costosa. Tampoco exige conocimientos, capacidades o aptitudes especiales.

Se trata de desarrollar un sistema de clasificación de la jurisprudencia que permita: a) reconocer los tipos de conflicto jurídico-social por regiones, departamentos o distritos y b) agrupar las sentencias de acuerdo a las soluciones adoptadas por los jueces en cada caso.

Será necesario establecer un procedimiento tan simple y uniforme como sea posible para la recolección de las sentencias, de modo tal que se pueda identificar cada una de ellas individualmente e reconocer, además, la clase a la que pertenecen. Cabría, posteriormente, su examen analítico para reconocer las tendencias jurisprudenciales. Por último, se procedería a su difusión.

Las labores estarían a cargo de jueces y auxiliares jurisdiccionales, quienes se encuentran capacitados para hacerlo por su inclinación profesional hacia lo justo y ordenado.

Un programa como el que se describe fue desarrollado por el Centro de Investigaciones del Poder Judicial en Perú, parcialmente con éxito gracias a la activa participación de vocales de las salas supremas, de las salas superiores, auxiliares jurisdiccionales y abogados. Su ejecución, sin embargo, fue paralizada injustificadamente (por lo menos, hasta la redacción de este artículo).

Se piensa –equivocadamente– que no es compatible con el proyecto de constituir un archivo digital de ejecutorias de las salas de la Corte Suprema de Perú. Se formará con las aproximadamente 300.000 ejecutorias de los últimos 15 años. Aunque su clasificación no es posible debido a la escasa información que contienen, podrán conservarse.

En ese proyecto participó lo que ha venido en denominarse la sociedad civil. Se aplican, con gran empeño, ingentes recursos provenientes de préstamos concedidos por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Finanzas. Al parecer, tendremos un archivo histórico que, seguramente, permitirá a los estudiosos saber cómo se razonó en ese lapso.

¿Se puede mejorar la Administra-ción de Justicia?

Si el conjunto de todas las sentencias y resoluciones judiciales se expone ordenadamente en internet, por ejemplo, el trabajo de los jueces se vería aliviado, al tener a mano tales modelos. Litigantes y abogados sabrían a qué atenerse conociendo cuál decisión corresponde en cada caso.

Y los órganos de Gobierno Judicial, teniendo información sobre la clase, magnitud, calidad, frecuencia del conflicto jurídico-social en el territorio de la República, podrían aplicar de manera eficiente los recursos asignados al Poder Judicial. La Administración de Justicia mejoraría considerablemente (N d R).

N d R. El artículo fue tomado como un acercamiento a la problemática que se asemeja en algunos tópicos en Bolivia y las formas de digitalización que ya se aplican.

*    Es abogado graduado en la Universidad Nacional de San Agustín, con estudios de maestría y doctorado en Filosofía en la Universidad Nacional de San Marcos, Perú.

Tomado de: investigacionescientijuridicas.blogspot.com

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