La Gaceta Jurídica

La racionalidad, el Derecho Penal y el poder de castigar

(Parte I)

Foto: blogs.deutschlandradiokultur.de

Foto: blogs.deutschlandradiokultur.de

Juárez Estevam Xavier Tavares

00:00 / 15 de mayo de 2015

Normalmente, cuando se habla de racionalización se pretende expresar alguna cosa que se presente como moralmente aceptable –en el ámbito práctico–, de acuerdo con un modelo que corresponda a determinados principios que suelen ser acogidos como si fueran principios universales.

Esta intercesión de la moral y del entendimiento, en el sentido de hacer de nuestras convicciones occidentales y cristianas, hundidas en el suceder de nuestra historia, el camino adecuado a orientar nuestras acciones, es, realmente, un tema antiguo de la filosofía política y del Derecho.

Aunque se afirme la autonomía del Derecho frente a la moral, esta última será siempre invocada para sedimentar lo que pretendemos instituir como valor, poco importa si es limitando el ámbito de la norma jurídica o ampliando su contenido para abarcar situaciones que no estén allí previstas.

Si lanzamos nuestra vista a la evolución del derecho penal, podemos sentir cómo se va materializando su estructura para ajustarse a las proposiciones de la moral política, desde su identificación con los designios de la comunidad primitiva hasta su reciente elaboración preventiva más radical, que se expresa en el proceso de exclusión de aquellos que no se agreguen al perfil de la sociedad globalizada.

También aquellos, como Kant, que lo han buscado fundamentar bajo el prisma de un deber universal, aparentemente sin preconceptos o finalidades políticas, no han podido alejarse de su vinculación a los propósitos del Estado.

El propio Kant lo admite al enunciar expresamente en la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres que la “ley penal es un imperativo cate- górico”, lo que significa que el proceso de racionalización debe resumirse a lo que fue producido por el legislador político.

La discusión sobre la racionalización o racionalidad del Derecho Penal pasa, por lo tanto, por la solución que se pueda dar a esa interferencia de la moral política sobre la formulación de sus normas y de sus postulados.

Primeramente, buscando desmitificar el disfraz con que la teoría jurídica se adorna para encubrir aquella interferencia; después, confrontándola con los preceptos de garantía de la persona humana, única entidad que debe ser vista como el centro de convergencia de todo el orden jurídico.

El concepto de racionalidad

No es fácil trazar elementos definidores de lo que se deba entender por “racionalidad” o “racionalización”. Podríamos desde luego establecer una diferenciación entre la racionalidad como “reine theoretische Vernunft” (razón teórica pura), como razón teórica que está asociada al entendimiento, como lo hizo Kant en la Crítica de la razón pura, de la racionalidad como justificación de conducta.

Pero, parece que esta diferenciación no se presta mucho a nuestro propósito, porque no dilucida como se puede establecer una racionalidad al Derecho Penal sin caer en un juicio ético. La cuestión de la relación entre ética y conducta, que viene desde Aristóteles y que ha impregnado mucho el espirito de los finalistas, que la han aplicado al Derecho bajo un presupuesto ontológico, no está todavía muy clara.

La primera gran dificultad resulta justo de determinar cómo se puede racionalizar un determinado instituto o una forma de entender la conducta bajo un juicio de justificación. ¿Sería posible racionalizar alguna cosa tan solo por medio de una definición de racionalidad o de razón?

Consultando, por ejemplo, el clásico diccionario de filosofía editado por el renombrado Félix Meiner, fundado por Kirschner y Michaëlis y coordinado por Hoffmeister, Regenbogen y Meyer se puede ver que por “racionalidad” se designa a la capacidad de elección de medios para alcanzar fines mejores, o sea, según una proposición aristotélica de que será razonable una conducta cuando sus fines se identifiquen con lo bueno.

Ya por “racionalización” se asigna cuatro acepciones: la primera, sobre la reducción de una descripción de la realidad a algunos pocos principios del conocimiento. La segunda, correspondiente a los procedimientos organizacionales y tecnológicos de Taylor, se refiere a la manifestación finalista del proceso de trabajo hacia el aumento de la producción y la disminución de los costos, por medio de la mejoría técnica y de la intensidad de su empleo.

La tercera, elaborada para la psicología, corresponde a la justificación o a la explicación de una actividad, de un sentimiento o de un pensamiento por medio de coacciones preexistentes o de necesidades internas, que, por censura, no son confesados por el sujeto. La cuarta, devenida de la sociología de Max Weber, expresa en su célebre Wirtschaft und Gesellschaft (Economía y sociedad) en 1922, se relaciona a los principios de una acción estratégica en la moderna sociedad capitalista.

A esas cuatro acepciones allí consignadas podríamos añadir una quinta racionalización, la discursiva, como aquella desarrollada por Habermas, que en su Teoría de la Acción Comunicativa busca distinguir entre la racionalidad de una acción estratégica, que es usada por la persona para alcanzar sus propios fines, y la racionalidad del proceso de comunicación, que sin conllevar los fines, que representarían el eslabón de un proceso de costo (acción) y beneficio (resultado), se centraliza en el reconocimiento de la autonomía del actuar frente al entendimiento mutuo con los otros. Para Habermas, no el lenguaje por sí mismo, sino el uso comunicativo de expresiones lingüísticas es lo propio de una racionalidad substancial.

Parece, pues, que la decisión sobre un concepto de racionalización para el Derecho Penal conduce a una crisis de entendimiento.

¿Será racional la norma penal que exprese la realidad? ¿Será racional aquella que corresponda al procedimiento técnico-organizativo? ¿O aquella que se ajuste a los sentimientos no confesados de sus destinatarios? ¿O aun aquella que sirve de instrumento para la obtención de fines políticos preestablecidos? ¿O finalmente la que sea fruto de un consenso, frente a la necesidad de conllevar la relación dialógica?

Todas esas cuestiones son puestas en la mesa de discusión, alternativamente, por nuestros políticos, nuestros juristas, nuestros medios de comunicación y por los lectores de nuestros periódicos que se manifiestan en las secciones de cartas.

Claro que no se puede trabajar, inicialmente, con el concepto que vincula norma penal y realidad. Aunque algunos sectores políticos se alucinen con lo que llaman de realidad de los hechos, queriendo extraer de ella la necesidad de la elaboración normativa, como si el hecho engendrara la norma o, mejor, como si la norma no fuera más que el propio hecho expreso en el lenguaje.

Es preciso alertar que el más confiable empirista, que fue David Hume, ha siempre señalado que la constatación del hecho constituye la fuente imprescindible del proceso de conocimiento, pero nunca el motivo o el fundamento de una norma moral que se debe orientar por juicios de valor, no siempre justificados por los hechos.

Es también importante recordar que la propia aprehensión del hecho no está libre de preconceptos, de prejuicios, de códigos de conducta internalizados en el legislador o en el juez, y en otras personas que actúen en el ámbito jurídico, lo que conduce a imprecisiones bien marcadas.

Eso es tan obvio que podríamos pasar por arriba de su demostración, pero solo para no dejar dudas. Será oportuno reproducir aquí las palabras de un importante filósofo de la ciencia, Paul Feyerabend: “Empero el material que un científico realmente dispone, sus leyes, sus resultados experimentales, sus técnicas matemáticas, sus preconceptos epistemológicos, su actitud respecto a las consecuencias absurdas de las teorías que acepta son, de muchas formas, indeterminados, ambiguos y nunca están enteramente separados de su contexto histórico”.

Pretender que el conocimiento de la realidad o de los hechos, como se afirma, implique, como si fuera una necesidad, la formulación de normas es una falacia argumentativa, que tampoco el más ortodoxo mecanicista podría admitir.

Los hechos, además de que son aprehensibles directamente, están constantemente en mutación y quedan en la dependencia de conjeturas y factores de la propia vida en su desarrollo a través de los tiempos. Ya bien antes, un antiguo militante político, que fue Lenin, había consignado también en su famosa crítica al izquierdismo, como enfermedad infantil del comunismo, que: “La historia, en general, y la historia de las revoluciones, en particular, es siempre más rica en contenido, más variada, más multiforme, más viva y más astuta de lo que imaginan los mejores partidos, las vanguardias con mayor consciencia de clase de las clases más avanzadas”.

Podríamos añadir: la historia es mucho más ilustrativa que el mejor jurista o el mejor legislador podría suponer. También crítica es la concepción de una racionalidad como expresión de un procedimiento organizativo. Ese sería un ideal de la sociedad capitalista expansionista, que jamás se puede concretizar, hasta porque es inconcebible identificar una sociedad a una fábrica. El proyecto de una racionalización del trabajo sí pudo reflejar, con más grande eficiencia, el proceso de producción industrial, también se ha constituido en una forma de enajenación intensiva del obrero.

Tampoco la más bien articulada organización fue capaz de impedir o de aminorar los efectos de la sumisión de los excluidos al poder capitalista. Además, con la decadencia del sistema de producción en Estados Unidos y su traslado a países asiáticos, es difícil imaginar que ese proyecto pueda representar principios universales de racionalidad.

Es verdad que, a pesar de eso, algunos importantes criminólogos han tratado la pena, en cuanto a su sentido y finalidad, en función del concepto de fábrica, pero eso no implica que se busque ahí su racionalidad.

Al revés, lo que se busca es mostrar su irracionalidad, porque está anclada justamente en el sistema organizativo de la fábrica. De modo más claro se establece ahora que la sociedad, por entero, está acoplada a la empresa, pero eso tampoco dilucida la cuestión de la racionalidad. Por cierto, la norma penal tiene como punto de referencia, muchas veces, la estructura psicológica de sus destinatarios. Si la psicología ha buscado una racionalidad por medio del descubrimiento de los impulsos ocultos del sujeto, para poder entender, la justicia penal ha transformado ese desiderátum.

No es novedad cómo esa referencia es acentuada, indecorosamente, por el Poder Judicial, con sus estribillos y expresiones propios, por ejemplo, de la “personalidad hacia al delito”, del “sujeto peligroso”, del “criminal sin recuperación”, etc.

Esa forma de racionalizar el proceso de condena, que se expresa en la sentencia, es también el reconocimiento de un perfil psicológico de la norma, que no está dirigido a la protección del sujeto, sino tomado únicamente como instrumento más eficaz de manifestación del poder punitivo.

Sin embargo, se podrá, quizás, rescatar el perfil psicológico, como lo hace Dirk Fabricius, para decir que, si la culpabilidad debe estar basada en el sentimiento de la mala conciencia (schlechtes gewissen), la pena solo tendría sentido si pudiera servir de superación de ese sentimiento. Pero, si ese sentimiento no puede ser superado por la represión, sino solo por el proceso de comprensión o incluso por la tolerancia, sería muy difícil legitimar psicológicamente la pena.

La racionalidad de esa concepción psicológica solo podrá caminar hacia la deslegitimación completa de cualquiera sanción penal, aunque no implique una simple privación de libertad.

Captando esa consecuencia, Dirk Fabricius ha aceptado que la pena no tiene psicológicamente un sentido positivo, sino induce cada vez más intensamente a la destrucción del sujeto. En esos términos, sería ella irracional, como sería irracional el derecho penal que la incorpora como su elemento esencial. Esa irracionalidad de la pena ha conducido a Fabricius a declarar que un Estado, para ser verdaderamente democrático, debe de ella prescindir.

Lo que vemos en la sociedad actual es, realmente, una búsqueda incesante por una racionalidad orientada a las consecuencias. Tenía razón Max Weber al formular su concepto de acción estratégica. La acción estratégica no es solo la conducta individualizada de una persona frente a las exigencias normativas, es también la conducta de las propias autoridades o de aquellos que las representan ideológicamente.

Eso está muy nítido en dos secuencias de manifestaciones. La primera, de los legisladores, corresponde a las justificativas de la edición normativa bajo el argumento de sus finalidades protectoras, como categoría política vinculada a un juicio de conveniencia.

A medida que el legislador incorpora las manifestaciones de la opinión publicada y hace de esas manifestaciones el fundamento de su actuación, transforma la conveniencia política de esa actuación en edición normativa, como resultado del sentimiento común. La llamada racionalidad, por lo tanto, en ese ámbito, no pasa de un instrumental de justificación de la actuación centrada en la conveniencia, como si fuera la expresión de un sentimiento común en búsqueda de justicia.

La segunda manifestación, aquella que corresponde a los juristas, se racionaliza frente a la argumentación destinada a legitimar la actuación política, transformada normativamente. La norma sigue no como producto del legislador, sino como medio de contención de disturbios, justificada bajo el argumento de la protección de bienes jurídicos. Empero, bienes jurídicos no existen como entidad ontológica.

Son especulaciones sedimentadas de intereses variados, que, si pueden, por un lado, incluir valores auténticos de las personas, como la vida, la integridad física, la libertad, el patrimonio personal y el honor, de otro lado solo expresan referencias generales a situaciones, modos y medios, sentimientos morales y objetivos políticos, solo identificados después de una larga y madura reflexión. A pesar de eso, los juristas se encargan de racionalizar esas referencias o relaciones, identificándolas como bienes jurídicos para legitimar la vigencia de la norma de incriminación, siempre bajo el argumento de su finalidad protectora. Son muy comunes en los manuales esas justificaciones, por ejemplo, de afirmar como bienes jurídicos la “fidelidad”, la “solidaridad”, el “sentimiento”, la moralidad, la “estabilidad” o el “control” y otras situaciones semejantes.

Se puede ver que la racionalidad de la relación medio y fin, que podría, incluso, legitimar la actuación del poder punitivo como un recurso de defensa de la persona, no pasa de una secuencia de argumentos, todos ellos orientados a sedimentar, por medio de la creación de juicios propios y sin el respaldo de elementos sustanciales relacionados a la persona, lo que ya estaba configurado políticamente por el legislador. La racionalidad es, por lo tanto, bajo ese aspecto, no más que el enmascaramiento de lo político.

Resta, por fin, enfrentar la cuestión del consenso. Podemos decir que un argumento que se proyecte sobre los destinos de la persona humana es apto a resistir un juicio de racionalidad. Eso parece ser, efectivamente, el marco esencial de cualquier procedimiento correcto.

Una conducta solo tendría sentido si pudiera ser tomada en función de los otros. Esa puede ser, quizás, una gran contribución de la teoría de la acción comunicativa a medida que se libera de la relación medio y fin, que expresaría, bajo otra ropa, una vieja aspiración positivista.

En un mundo poblado como el nuestro, es inconcebible que los enunciados sean formulados mecánicamente según las consecuencias. El problema no está, empero, exactamente en ese argumento, porque todo el proceso de imputación está orientado por los resultados.

Pero la relación entre medio y fin no es suficiente para explicar las particularidades de la conducta. Todos están de acuerdo que una conducta es una forma de comunicación y que sin comunicación no podrá haber sociedad. Eso implica considerar que cualquiera conducta solo será relevante si puede ser enunciada como un acto de voluntad vinculado a objetos o normas de referencia.

Pero, la pregunta fundamental que de ahí debe derivar es: ¿cómo es posible que el sujeto se oriente por normas de cuya elaboración no ha participado? Habermas busca solucionar ese problema argumentando que eso solo sería posible por medio de un consenso, obtenido conforme a los requisitos para el enunciado de un discurso ideal, o sea, de que todos los participantes tengan las mismas chances y que deban tener también chances iguales de formular críticas al discurso (las conocidas reglas triviales).

También que todos los participantes deban tener chances iguales para expresar sus actitudes, sentimientos e intenciones y, finalmente, que solo puedan ser admitidos al discurso aquellos que tengan las mismas chances como actores para dar órdenes y contestar, permitir y prohibir (las conocidas reglas no triviales).

Por esos supuestos, un diálogo sobre cuestiones de valor entre el señor y el esclavo violaría las condiciones ideales del discurso y su procedimiento no podría ser considerado racional. Podemos admitir que esas son condiciones para un discurso racional, pero para eso será indispensable que todos los participantes sean puestos en situación igual en la vida práctica. Un discurso racional de ese orden, evidentemente, no existe.

Como dice Tugendhat, podemos, claro, presuponer una determinada regla racional como condición para discursos en general, o sea, tanto para los legisladores como para los particulares, pero, entonces, debemos concordar que esa regla debe ser también igualitaria.

Si, pues, partimos de que los resultados obtenidos por tal procedimiento sean racionales, se llega a una circularidad: la razón sería establecida por las condiciones ideales de habla, esto es, serán racionales los resultados que advienen de un discurso igualitario y serán racionales los discursos que conduzcan a resultados igualitarios.

Si eso sucede, regresamos al viejo postulado kantiano de la universalidad formal y nada más nos resta que apelar al imperativo categórico como fundamento de la racionalidad, que es un imperativo ético.

Estamos, pues, respecto al concepto de racionalidad y de racionalización, frente a un callejón sin salida: o establecemos una base democrática igualitaria, que en la práctica no existe, para de ahí extraer preceptos racionales de criminalización, teniendo como presupuesto el consenso de todos los participantes, o acogemos la formulación kantiana, que nos deberá conducir al camino extraño de la absoluta proporcionalidad entre delito y pena, como consecuencia de un criterio de justicia fundado en la retribución.

Si accedemos al postulado kantiano, debemos justificar, empero, cómo será posible en un Estado comprometido con la protección de la persona humana la manutención de una consecuencia jurídica sin finalidad, como consecuencia de puro juicio formal.

Se podría también perseguir un camino de absoluta negación o, incluso, de puro escepticismo, pero, entonces, no habría necesidad de una discusión sobre la racionalidad. Vemos, a la sazón, que el camino para una racionalización del Derecho Penal está muy complicado y no es un caminito amigo, como dice el tango.

Continuará

Nota

El profesor disertó el tema el 21 de marzo de 2012 en el I Congreso Internacional de Política Criminal, organizado por la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica y por el Colegio de Abogados de Costa Rica.

Es catedrático de Derecho Penal de la Universidad del estado de Río de Janeiro, Brasil.

Tomado de: revistas.ucr.ac.cr

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia