La Gaceta Jurídica

La realidad de las leyes para mujeres

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Las leyes están en vigencia, sin embargo sus objetivos no han logrado mucho en la realidad.

Las leyes están en vigencia, sin embargo sus objetivos no han logrado mucho en la realidad. Foto: cambio.bo

Amelia Peña Aguilar

00:00 / 26 de septiembre de 2014

El 23 de septiembre, la diputada Maribel Teresa Vargas Sarabia organizó un Seminario dedicado a las leyes que recientemente han sido creadas por y para las mujeres, entre las cuales están tres muy importantes.

Naturalmente, la primera es la Constitución Política del Estado (cpe), en segundo lugar se encuentra la Ley N° 348 Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y, en tercer lugar, la Ley N° 243 Contra el acoso y violencia política hacia las mujeres.

Estas son normas que apuntan a liberar a las personas del sexo femenino del constante ambiente hostil que experimentan cada día en el hogar, el trabajo y, en fin, en toda la vida en sociedad.

Los derechos de las mujeres en la CPE

En Constitución boliviana, en el Capítulo Tercero del Sistema de Gobierno, el artículo 11 reconoce la equivalencia de las condiciones entre hombres y mujeres dentro del gobierno.

El artículo 21 reconoce a las y los bolivianos el derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, entre otros.

El artículo 26 menciona que la participación en el poder político es equitativa y en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres. El artículo 210 afirma que en una elección de dirigencias de cualquier tipo de agrupación el Estado Plurinacional garantiza igual participación de hombres y mujeres.

Cuando hablamos específicamente sobre la discriminación, el artículo 14 prohíbe toda forma de discriminación nombrando en primera instancia la discriminación por el sexo de la persona.

Si hablamos del vivir sin violencia y con dignidad, el artículo 15 le da el derecho a todas las personas y en particular a las mujeres de no sufrir violencia física, sexual, o psicológica dentro de la familia como dentro de la sociedad.

El artículo 79 habla de la educación, fundamental en la construcción de valores éticos y morales que incorporan la equidad de género, la no violencia y la no diferencia de roles entre varones y mujeres.

Si hablamos de Salud, el artículo 45 otorga a las mujeres el derecho a la maternidad segura, gozando de asistencia y protección especiales durante el embarazo, el parto y el periodo postnatal.

El artículo 48 compromete al Estado a la promoción de la incorporación de las mujeres al trabajo con igual remuneración a los varones y garantiza que no puedan ser discriminadas por su estado civil, embarazo, edad, rasgos físicos ó número de hijos.

El artículo 63 brinda a la mujer y al varón igualdad de derechos y deberes dentro del matrimonio.

El artículo 402 promueve el desarrollo de proyectos y políticas dirigidas a eliminar la discriminación hacia las mujeres en el acceso y herencia de la tierra.

Ley N° 348, Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia

Es un derecho constitucional no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica en la familia o en la sociedad.

El objeto de esta ley es establecer mecanismos, medidas y políticas para prevenir, atender, proteger y reparar situaciones de violencia a las mujeres, perseguir y sancionar a los agresores con el fin de garantizarles una vida a las personas del sexo femenino.

Erradicar la violencia se convierte en una prioridad nacional dentro de los valores del Vivir Bien, la igualdad, la inclusión, el trato digno, la complementariedad, la armonía, la igualdad de oportunidades, la equidad social, la equidad de género, la cultura de paz, la informalidad, la despatriarcalización, la atención diferenciada, la especialidad.

La ley se aplica en las instituciones públicas, sin privilegios, y a todas las personas. Esta norma contempla definiciones de violencia, situación de violencia, lenguaje sexista, presupuestos sensibles al género, identidad cultural, agresor o agresora e integridad sexual.

También distingue entre tipos de violencia, como la física; la feminicida; la psicológica; la mediática; la simbólica o encubierta; la que va en contra de la dignidad, honra y nombre; la sexual; la que está en contra de los derechos reproductivos; la violencia en los servicios de salud; la patrimonial y económica; la violencia laboral; en el sistema educativo; en el ejercicio político (ver Ley No. 243); la violencia institucional; en la familia y contra la libertad sexual.

En cuestión de implementación de la medida, todo está prácticamente comenzando, la Ley define lineamientos como políticas sectoriales, de participación y control social y, para prevenir, define criterios de prevención, colectiva, individual y comunitaria en el ámbito de la educación, la salud, el trabajo. También en los medios de comunicación se propone la obligación de éstos de adoptar códigos de ética.

La atención a las mujeres en situación de violencia se convierte en una tarea integral de toda institución en la que se desenvuelva la persona violentada, además dentro de los refugios y otros servicios.

La normativa contempla medidas de protección en las que se observa la revictimización en la que se caía durante los trámites de denuncia y procesos judiciales, las garantías y la prohibición a la conciliación.

Se establece una “Fuerza Especial de lucha contra la Violencia”, una plataforma de atención y recepción de denuncias, unidades móviles especiales, investigación de oficio, etc. La ley explica el procedimiento y las sanciones alternativas, como multas, detenciones en fin de semana o trabajos comunitarios, además de las medidas de seguridad.

La aparición de nuevos tipos penales y la simplificación del procedimiento penal son aportes importantes de este canon.

Ley N° 243 Contra el acoso y violencia política hacia las mujeres

El objeto de esta norma es el establecimiento de mecanismos de prevención, atención y sanción contra actos individuales y colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

Los principios de la ley son la igualdad, la no violencia, la no discriminación, la equidad, la participación política, el control social, la despatriarcalización, la interculturalidad y la acción positiva.

En la medida se define el acoso político, la violencia política y se crea nuevos tipos penales con sus respectivos procedimientos y agravantes.

Normas y realidades

Es plausible el esfuerzo que han hecho las mujeres activistas y políticas en la elaboración de estas normas y es un pequeño triunfo verlas aprobadas.

Pero la realidad nos muestra el lado feo de la moneda y es la falta de formación y capacitación que tienen nuestros funcionarios públicos, quienes desconocen los detalles de la medida o el procedimiento en caso de una denuncia, pero, sobre todo, su compromiso emocional con el tema de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Una mujer golpeada por su cónyuge se acerca a una institución de apoyo a las mujeres que sufren de violencia o a la Defensoría de la Mujer en su distrito y los funcionarios le preguntan: “¿Está segura de denunciar a su esposo?, porque sabrá usted que ahora es un delito, su esposo puede ir preso!

Y nosotros nos preguntamos: ¿de qué lado están? Prácticamente hacen desistir a la víctima de denunciar a su victimario en lugar de impulsarla a salir de ese círculo de maltrato.

Ésa es nuestra realidad, que una vez más ha encontrado la forma de trampear a la ley. Es un tiempo de cambio y de normas, de acciones y reacciones, no hay que bajar la guardia y hay que seguir luchando por un país libre de violencia contra las mujeres, la norma es solo un primer paso, falta mucho por recorrer.

Fuentes

Constitución Política del Estado, Ley N° 348 Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, Ley N° 243 Contra el acoso y violencia política hacia las mujeres.

Es economista, egresada en Derecho y diplomada en Pedagogía para la educación superior y en Diplomacia Cultural de los Pueblos.

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