La Gaceta Jurídica

La reelección del Presidente y del Vicepresidente del Estado

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez G.

00:00 / 29 de mayo de 2015

Han comenzado a sonar los primeros indicios de que existe el propósito –utilizando los mismos términos actuales– de “abrir la Constitución Política del Estado (cpe)” y es bien sabido, en cuanto a la “apertura”, quién tiene la respectiva llave.

Pero, en el caso presente, no se trata solo de otra reelección. Por ello, recordemos los respectivos textos constitucionales.

El artículo 168 dice: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente o de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado ES DE CINCO AÑOS y pueden ser REELECTAS O REELECTOS POR UNA SOLA VEZ DE MANERA CONTINUA”.

Empero, apoyándose en una forma caprichosa de interpretación constitucional, el Tribunal Constitucional Plurina- cional (tcp) señaló que la nueva cpe había dispuesto la creación de un Estado nuevo y, por tanto, aquellos periodos solo podrían ser computados a partir de su vigencia. Por eso resultó permitida la reelección para el periodo 2015-2020.

A la fecha, no obstante los muchos argumentos en contra del fallo del Tribunal Constitucional, el tema de una nueva “re-re-reelección” ha vuelto a salir a la discusión con variados argumentos. Incluso se dice que no ha aparecido en este periodo ningún líder capaz de sustituir al actual Presidente del Estado.

También se ha dicho que el voto ciudadano apoya aquella situación, pero estamos adelantando criterios antes de aclarar a qué nos estamos refiriendo en concreto. Y es que no se trata de plantear otro tipo de reelección más. Ya se ha comenzado a hablar del esquema referido a una reelección INDEFINIDA. O sea, el actual Presidente convertido en Primer Mandatario vitalicio o de por vida.

Queda claro que ese extremo no está dentro de nuestra normativa vigente y, como es así, esto supone de inmediato llegar a una reforma parcial del texto constitucional.

Esta reforma parcial está prevista en el artículo 411.II de la cpe, que indica que puede ser aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional “mediante ley de reforma constitucional, probada por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio”.

Aquella reforma también podrá comenzar por iniciativa popular (veinte por ciento del total de votos del electorado), actualmente, algo así como más de un millón de ciudadanos y ciudadanas registradas en el Padrón Electoral oficial.

Por tanto, el tema referido a la reforma “parcial” de la Constitución no es tan simple. Hace poco, nada menos que el Canciller del Estado, dijo que los Gobiernos tienen que cumplir lo que los “pueblos” dicen. Consideramos que tal frase es muy peligrosa.

En primer lugar, tendríamos que preguntarnos qué se entiende exactamente por “pueblos”, en su acepción socio-política. Por otra parte, no en todos los casos lo que decidan los pueblos será correcto y poco menos que una especie de “palabra de Dios”.

En Bolivia, por otra parte, y este es un fenómeno no de ahora, existe una singular tendencia a confundir lo que es “pueblo” con los sindicatos y ahora con las “organizaciones sociales”. Ya sabemos quién las domina.

Nadie puede garantizar, por lo tanto, que el voto a través del cual se expresara el referéndum no acabe siendo dirigido.

Es indudable que, como están las cosas en este momento, obtener esa primera aprobación en la Asamblea Legislativa parece demasiado fácil. Lo que no creemos que sea tanto es la aprobación del referéndum.

La Constitución Política habla de la dictación de una “ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional…”

Lo anterior significa 105 votos, pero, al haber puesto “miembros presentes”, puede significar bastante menos. Otra norma redactada con trampa. Y ¿qué podemos decir en cuanto a las características del mismo referéndum?

Como la cpe que acabamos de citar dice que se dictará una “ley de reforma constitucional”, habrá que suponer, por lo tanto, que el texto de esta ley deberá ser el que consigne los detalles referidos al referéndum en cuanto tiene que ver con el número de votos para aprobar la reforma respectiva e incluir el número mínimo de sufragios a emitirse para que aquél pudiera o no tener validez e incluso otros detalles.

Si finalmente destacamos quiénes deciden a través de su voto en uno o en otro sentido, son –como en todos los referéndums– los ciudadanos “vulgares y silvestres” o, al menos, “deberían ser ellos los que decidan”.

El Diccionario de Ciencias Jurí- dicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio dice que esa figura “ejerce una especie de prerrogativa de veto y de sanción análoga en su alcance, a la que es corriente a los jefes de Estado constitucionales”.

En Bolivia, la cpe, en su artículo 11.II.1, dice que la democracia directa y participativa es ejercida, entre otras cosas, por medio de REFERENDO. Nos preguntamos si el que acabamos de analizar entra dentro de esta categoría o es una figura particular por la finalidad que persigue en definitiva, o sea, la reelección indefinida de un jefe de Estado.

Es abogado, analista de la constitucionalidad, historiador y ensayista.

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