La Gaceta Jurídica

La reelección y la constitución

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 08 de marzo de 2013

Ha habido y sigue habiendo gobernantes que, una vez que se obsesionan con el Poder (así, con mayúscula), difícilmente se acomodan a las normas vigentes, todas las cuales restringen los alcances de la reelección o definitivamente la prohíben.

En América del Sur, el caso más patético es el del recién fallecido Presidente de Venezuela, que cumplió 14 años en la primera magistratura de ese país. El expresidente Uribe de Colombia intentó ser candidato por otra gestión, pero se encontró con un fallo adverso de lo aquí sería el Tribunal Constitucional Plurinacional. Se dice que la Presidenta argentina está buscando una reforma constitucional que le permita aspirar de nuevo al cargo.No tenemos que preguntar cuál es la razón en el derecho constitucional para que la reelección constituya una figura muy poco atractiva.

Pues, sencillamente, porque en los regímenes democráticos, así sean sólo de fachada, la alternabilidad constituye uno de sus principios básicos, esto por múltiples razones que no pretendemos analizar.

En Bolivia, donde acaba de presentarse la misma polémica, ha sido norma contar con una reelección restringida. Se tiene un periodo de cinco años y luego se establece un nuevo mandato de manera continua y punto. La misma modalidad existe en Estados Unidos, donde muchos presidentes han sido reelectos por un periodo adicional y se acabó.

El detalle anterior lo establece el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (cpe), lo mismo señalaba el artículo 87.1 de la anterior ley fundamental.

Se trata, por lo tanto, de un esquema que se lo ha construido no por capricho, sino por lo que decíamos: evitar las permanencias demasiado largas en el poder.

Prorrogar los mandatos se está convirtiendo en la regla y no en la excepción. El poder tiene sus ventajas, ¿quién lo podría negar?

Pero ese detalle tiene otro componente muy importante, es la proliferación de lo que se podría llamar líderes, caudillos o quienes se convierten en tales por varios motivos. En este caso, aquellos no se consideran solamente elegidos por el pueblo, sino que, además, se presentan como infalibles y, por lo tanto, creen que sólo ellos han nacido para que los ciudadanos se pongan de hinojos.

Entre los varios argumentos esgrimidos en el país para explicar y justificar la reelección del actual primer mandatario, el Vicepresidente declaraba que la reelección era un “imperativo histórico”. Asimismo, se dice además que el proceso de cambio no ha terminado y que el único que puede garantizar su continuidad es el actual Presidente.

Pero aquél ha sido todavía más terminante, cuando prácticamente “cerraba” la discusión, afirmando que el texto constitucional era muy “claro” y que, por lo tanto, no se necesitaba consulta, referéndum ni nada.

Nos preguntamos, ¿qué competencia les corresponde a los primeros dignatarios de Estado para convertirse en “intérpretes de la Constitución? Y, en concreto, el Presidente ha pretendido hacer de juez y parte. Pero es peor todavía que ambos “definan” el tema, desconociendo la competencia de interpretación de los textos constitucionales, lo que sólo corresponde al Tribunal Constitucional.

Para enredar más el tema, el Senado decide enviar en consulta un proyecto de ley al Tribunal Constitucional, adelantando el criterio de que la prendida reelección es correcta en atención a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del texto constitucional vigente.

Queremos advertir que el tema que abordamos, como en buena parte se ha pretendido, no puede reducirse a sólo argumentos políticos. Por el contrario, para nosotros es un asunto jurídico de interpretación constitucional.

Este último detalle puede ejercerlo, sin duda, el Tribunal Constitucional en el fallo respectivo en relación a la consulta enviada por el Senado.

En cuanto a una especie de referéndum que se plantea sea realizado en forma directa, no es aceptable. Creemos que aquí se confunden las cosas. El Tribunal Constitucional, ante la consulta expresa formulada por el Senado Nacional, obligatoriamente dictará lo que se denomina “no sentencia”, sino Declaración Constitucional; según tenor del artículo 4 (inciso III) del Código Procesal Constitucional.

Pero, analicemos lo que dispone la Disposición Transitoria Primera, numeral II, que dice textualmente: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”.

Es decir, lo anterior implica que el primer periodo presidencial que comenzó el 2006, aunque en los hechos terminó antes de los cinco años, sólo permite la aplicación del texto del artículo 168 de la cpe, o sea, sin duda está permitida la reelección que aquél artículo establece, pero –insistimos–, es solamente por UNA VEZ.

Esa disposición transitoria citada no sólo ha suprimido la posibilidad de una segunda reelección, sino que, en la práctica, está manteniendo el esquema constitucional del artículo 168.

El artículo 2.II del Código Procesal Constitucional dice que corresponde al Tribunal Constitucional “la interpretación sistemática de la Constitución y la interpretación según los fines establecidos en los PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES”.

Otra alternativa sería la reforma parcial del texto constitucional. El artículo 411.2 de la CPE permite este extremo, pero el tema es complicado, porque primero pide firmas del 20 por ciento de los ciudadanos o, en su caso, una Ley de la Asamblea por dos tercios de votos y, finalmente, un REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL APROBATORIO. Las autoridades que pretenden ser reelegidas, ¿tendrán paciencia para ello? Parece que no.

*    Es abogado, ensayistas y analista constitucional.

Espere…

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