La Gaceta Jurídica

La reelección presidencial

La reelección presidencial presenta dos posiciones, una permisiva y otra opositora. En cuanto a la prohibición de la reelección, debe establecerse que ésta vulneraría los derechos políticos de los ciudadanos y, en lo que acontece con el derecho al voto, vulneraría el derecho a ser elegido o, en este concreto, el derecho a ser reelegido.

Luego de la consulta a la población, la Asamblea Legislativa podrá interpretar las posiciones.

Luego de la consulta a la población, la Asamblea Legislativa podrá interpretar las posiciones. Foto: cambio.bo

Micaela Alarcón Gambarte

00:00 / 10 de julio de 2015

El ciudadano posee el derecho, a través del voto, de premiar o castigar al gobernante y el gobernante, en dicho supuesto, tiene la obligación de actuar en respuesta a las demandas sociales del electorado para ser votado otra vez.

El límite para permitir la reelección de un gobernante, en el caso particular del Presidente del Estado, se encuentra enmarcado en la Constitución; dicho límite, como efecto del carácter irradiador de la supremacía constitucional, no permitiría en un futuro prever una reelección presidencial, sea en su modalidad de continua o indefinida de determinado gobernante o presidente y tampoco permitiría al electorado pronunciarse sobre su aceptación o rechazo, a través de su voto, a favor o en contra del candidato presidencial.

Esta imposibilidad de que el elector o el votante castigue o premie al candidato y, por parte del gobernante, la vulneración de lo que significa su derecho a ser reelegido, rompería con la lógica del accountability (responsabilidad), aspecto que se constituye en central para la evaluación de las democracias.

Esta posición establece que permitir la reelección presidencial tiende a resguardar el valor intrínseco fundamental, consistente en que los ciudadanos posean cierto ejercicio de control sobre su representante nacional.

La reelección presidencial que responde al régimen del sistema presidencialista genera intensos debates políticos y académicos, mientras que en la reelección en relación a los regímenes parlamentarios, por ejemplo los europeos, se presentan incluso consensos que permiten la reelección indefinida del jefe de gobierno y, al menos, la reelección consecutiva del jefe de Estado.

Este hecho que se genera principalmente en el régimen presidencialista, sobre el debate de una reelección presidencial, reside principalmente en la unificación de una misma persona de la figura de jefe de Estado y de jefe de Gobierno y en las fuertes atribuciones constitucionales que le otorgan al mismo, en lo que se refieren al control de la administración pública.

Ventajas y desventajas

Es importante aclarar que los límites constitucionales a la reelección rompen con la relación de acciones y responsabilidades que pudiera existir entre votante y gobernante.

Es decir, en los países donde se prohíbe la reelección presidencial, este vínculo existe solamente en el momento en que el actor político no está en el poder (candidato), después de llegar al él la relación se quiebra automáticamente, ya que no existe el sistema de premios y castigos que genera la reelección.

Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de la República estadounidense, defendía la continuidad del mandatario en su versión de reelección inmediata, “nada parece más plausible a primera vista, ni resulta más infundado al reconocerlo de cerca, que un proyecto que tiene conexión con el presente punto y se ha conquistado algunos partidarios respetables: hago referencia al que pretende que el primer magistrado continúe en funciones durante un tiempo determinado, para que en seguida excluirlo de ellas, bien durante un periodo limitado o de manera perpetua. Ya sea temporal o perpetua, esta exclusión produciría aproximadamente los mismos efectos y éstos serían, en su mayor parte, más perniciosos que saludables”.

La reelección fue defendida por Hamilton por varias razones que se describen claramente en El Federalista. Para Hamilton la reelección era necesaria para que el pueblo pudiese prolongar el mandato presidencial cuando se aprobara su gestión y así seguir aprovechando los méritos y virtudes del mandatario, toda vez que su exclusión acarrearía más problemas que ventajas.

Entre otras desventajas, disminuirían los alicientes para conducirse correctamente, aumentaría la tentación para entregarse a finalidades “mercenarias”, se privaría a la comunidad de gente que ha adquirido experiencia en el cargo y sabiduría en el manejo de la política. Se correría el riego de dejar fuera de servicio a ciudadanos que pueden ser fundamentales para la preservación del sistema político.

Por último, el cambio de personas implicaría un cambio de políticas que podría no ser conveniente.

En sus palabras, la reelección significa aprovechar las cualidades de un individuo “cuando encuentre motivos para aprobar su proceder, con el objeto de que sus talentos y sus virtudes sigan siendo útiles, y de asegurar al gobierno el beneficio de fijeza que caracteriza a un buen sistema administrativo”.

Seguidamente, Hamilton señala las desventajas que implicaría dejar de lado a un mandatario que puede optar por la reelección, advirtiendo que se eliminaría el estimulo para el obrar correcto. “Entre otros perjudiciales resultados, la exclusión disminuiría los alicientes para conducirse correctamente. Son pocos los hombres cuyo celo en el desempeño de su deber no decrecería mucho más en el caso de saber que en un momento dado deberían renunciar a las ventajas pro- venientes de un puesto público, que si se les permitiera abrigar la esperanza de lograr que continúen mediante el hecho de merecerlas”.

La segunda desventaja es la corrupción, que aparece como un lógico derivado: “Otro inconveniente que acarrearía la exclusión consistiría en la tentación de entregarse a finalidades mercenarias, al peculado y, en ciertos casos, al despojo. El hombre voraz que ocupara un puesto público y se transportara anticipadamente al momento en que habrá de abandonar los emolumentos de que goza, experimentará la propensión, difícil de resistir dada su índole, a aprovechar hasta el máximo y mientras dure la oportunidad que se le brinda, y es de temerse que no sentirá escrúpulos en descender a los procedimientos más sucios con tal de obtener que la cosecha resulte tan abundante como es transitoria”.

La tercera desventaja la sufriría la propia sociedad que se privaría “de valerse de la experiencia adquirida por el primer magistrado en el desempeño de las funciones. Que la experiencia es la madre de la sabiduría, es un adagio cuya verdad reconocen tanto los hombres más sencillos como los más doctos”.

La vía posible

La vía más expedita, sin duda alguna, y la más previsible para nuestro contexto democrático es la propuesta de una ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Con la aprobación de la misma, someterla a la consulta popular, para conocimiento de su voluntad. Más aún si consideramos que en este tipo de reforma parcial de la Constitución se activa un poder constituyente constituido, es decir, derivativo, a diferencia del poder constituyente último que emerge del pueblo de forma directa a través de lo que vendría a ocurrir en una reforma total de la Constitución, es decir, a través de una Asamblea originaria.

Ahí radica la importancia por la cual la propia norma constitucional establece como condición para su procedencia un pronunciamiento del pueblo a través del mecanismo del Referéndum Aprobatorio, tomando en cuenta la naturaleza jurídica del instituto de la reforma parcial con el ejercicio del poder derivado o constituyente constituido.

El único eje rector deberá ser el consentimiento popular, contrario sensu, desnaturalizaríamos el fundamento del Estado Constitucional de derecho vigente.

Es abogada constitucionalista.

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