La Gaceta Jurídica

La reforma judicial no es patrimonio de un Gobierno

Horas después, sirios y troyanos enfilaron sus baterías para descalificarlos exhibiendo un desconocimiento de datos y cifras que –vistos de modo coherente en orden a lo que es un sistema de justicia– niegan la posibilidad de que el oj posicione sus propuestas y avance hacia su independencia.

La Razón (Edición Impresa) / Eddie Cóndor Chuquiruna*

16:47 / 27 de abril de 2016

Tenía previsto no opinar más, al menos por el momento, sobre la ruta crítica que debe transitar la justicia boliviana para iniciar su reforma desde una perspectiva de política pública. No obstante, debido a los últimos sucesos que dan cuenta de una propuesta del Órgano Judicial (oj), tras su “precumbre”, y de las reacciones de la Ministra de Justicia, de otros interlocutores del Gobierno y de algunos generadores de opinión, resulta irresponsable no pronunciarse por la identidad, compromiso y trabajo de décadas en la materia.

Más allá de la forma en que fueron elegidas y el perfil de las autoridades que han gobernado a las instituciones de justicia y lo que ha caracterizado su relación con la población, es la primera vez en 10 años que el oj, liderado por su Presidente y gracias a la cooperación de la Unión Europea (ue), realiza el ejercicio de discutir pluralmente su situación y plantea al país una propuesta con firmeza.

Horas después, sirios y troyanos enfilaron sus baterías para descalificarlos exhibiendo un desconocimiento de datos y cifras que –vistos de modo coherente en orden a lo que es un sistema de justicia– niegan la posibilidad de que el oj posicione sus propuestas y avance hacia su independencia.

No entiendo, sobre todo a quienes critican con sesgo y mezquindad, haciendo comparsa al discurso predominante, pese a haber tenido gestión y gobierno en instituciones judiciales en décadas pasadas.

¿No es acaso una tarea pendiente en el país consolidar la autonomía judicial y la independencia de los jueces? Sin estos presupuestos, ¿en Brasil habría un Tribunal que investiga al expresidente Lula?, ¿en Colombia la Corte Constitucional le hubiese negado a Álvaro Uribe la opción de ser reelegido presidente? o ¿en Perú la Corte Suprema, en un proceso impecable, hubiese dispuesto el encarcelamiento (por 25 años) de Alberto Fujimori por violación a derechos humanos?

Soy de los que creeen las propuestas formuladas por el oj, sobre todo en materia económica por ser precondición para su autonomía institucional y lo que suma al desarrollo del pluralismo jurídico. No habrá reforma judicial con un presupuesto reducido al 0,56 por ciento, cuando en propaganda estatal se gasta 4 ó 5 veces más.

La justicia jamás será accesible si es que existen jueces, fiscales y defensores de oficio en menos de la mitad de municipios del país. La mora judicial no desaparecerá si para 10,5 millones de habitantes (con crecimiento de 3 por ciento anual) hay apenas 1.006 jueces y si en los tribunales del país anualmente se atiende más de 810.000 casos.

Los procesos judiciales seguirán enmarañados y demorados si es que el Órgano Legislativo no cumple su función, aplazada por años, de dictar un marco jurídico coherente con el mandato constitucional y el Derecho Internacional de los derechos humanos, pero coordinado con el Ejecutivo para asegurar su implementación y respetando al Judicial.

Puedo seguir enunciando realidades que se ignora deliberadamente, por lo que igual o mayor responsabilidad tienen de la crisis judicial los órganos Ejecutivo y Legislativo. Así, una Cumbre Nacional de Justicia resulta innecesaria porque no exhibe una real voluntad política de dar independencia ni recursos económicos y legales a la justicia. El oj ya hizo mea culpa en la “precumbre” y está dispuesto a trabajar –coordinadamente– con los demás órganos del Estado. El reto está planteado y el país debe saberlo.

En esa perspectiva, la Ministra de Justicia y su equipo cometen el grave error de seguir excluyendo, descalificando e irrogándose la titularidad y exclusividad de propuestas de cara a mejorar la justicia. Han tenido 10 años para hacerlo.

Están perdiendo la perspectiva de proceso  plural  y  de  consenso  Pág. 27que conlleva una reforma judicial; la que –además– deberá estar respaldada por las instituciones independientes de la sociedad civil, con opinión, propuesta y apoyo crítico, una cooperación internacional desconcentrada y ampliada y medios de comunicación responsables. No se le puede seguir negando al pueblo de  Bolivia, con un doble discurso, la posibilidad de una justicia democrática.

*    Es abogado, analista y director ejecutivo de Fundación Buen Gobierno.

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