La Gaceta Jurídica

La reforma a la justicia es más grave que el ladrón detrás del juez

Debate

La Gaceta Jurídica / José Antonio Gutiérrez D.

00:20 / 20 de diciembre de 2011

“La experiencia histórica de Colombia rectifica la generalizada creencia de que el absolutismo político sólo existe en aquellos países donde se han instalado cínicamente gobiernos de fuerza y no puede funcionar en un sistema de legalidad. En realidad, el absolutismo político nunca ha aparecido en la historia como una carencia absoluta de legalidad, sino como un sistema que es capaz de crear, a su arbitrio, su propia y acomodaticia legalidad” (Antonio García, en “América Latina, Historia de Medio Siglo”, Ed. Siglo XXI, 1977, p. 224).

Una piedra en el zapato que ha enfrentado en la última década el régimen colombiano para consolidar la hegemonía absoluta del gran Capital, en medio de la prolongada crisis que erosiona al Estado colombiano, ha sido la independencia relativa de la Corte Suprema que, frecuentemente, ha cuestionado el carácter antidemocrático y algunos elementos de la guerra sucia de las élites. Desde luego, las Cortes no funcionan al margen de la sociedad (de clases) en que vivimos y, por lo mismo, no representan la personificación de una “justicia” prístina, inexistente en la práctica. Pero sí simbolizan un factor de contrapeso y de resistencia al proyecto autoritario impulsado primero por Uribe Vélez y luego por su sucesor Juan Manuel Santos, quien ha logrado aprobar, con mayor tacto político, todos los elementos fundamentales de la política uribista que su predecesor no pudo sacar adelante. Uno de esos elementos es la reforma judicial. Las posiciones

Uribe Vélez se caracterizó por sus choques frecuentes con la rama judicial del Estado, a la que amenazó e intimidó de manera abierta o velada. Estos choques respondían a la lógica misma del sistema colombiano, de su crisis de legitimidad y de la respuesta que los sectores del bloque dominante buscan para imponer su hegemonía absoluta. Santos, con poses de diálogo, de respeto a los equilibrios del Estado logró sacar adelante una reforma estancada desde el 2008, que constituye un golpe silencioso en contra de las cortes civiles por parte de un Ejecutivo hipertrofiado y un Congreso de bolsillo. Se rompe así definitivamente el cada vez más frágil equilibrio de poderes a favor del Ejecutivo, como lo denunció la propia Corte Suprema en su momento, y los sectores vinculados al bloque dominante ganan libertad de acción (impunidad), desembarazándose de contrapesos institucionales y de regulaciones legales, para consolidar, a sangre y fuego, su proyecto de país. Fuero Militar

Un elemento central de la reforma, el cual pese a su gravedad y trascendencia fue incorporado a última hora por el gobierno es la ampliación del fuero militar. El texto de la reforma establece que:

“De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del código penal militar y policial. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro”.

En criollo, esto quiere decir que cualquier denuncia de crímenes cometidos por la fuerza pública estando en servicio, será potestad de la “Justicia” Penal Militar, la cual, aparte de ni siquiera pertenecer a la Rama Judicial, es famosa por fallar en el 100 por ciento de los casos de violaciones de derechos humanos a favor de los uniformados.

La gravedad de esta reforma no puede ser pasada por alto en un país en el cual la fuerza pública ha estado investigada por el secuestro y asesinato de más de 3.000 personas, amén de un cúmulo de casos de violación sexual y acceso carnal violento, secuestro, extorsiones, infanticidio, asesinato indiscriminado de civiles durante operaciones militares. Ahora, serán los mismos militares quienes se juzgarán a sí mismos.

Las críticas del fuero militar no se han hecho esperar, incluso por parte de organizaciones que han sido tradicionalmente tímidas en sus denuncias del régimen colombiano, como son el Alto Comisionado de la onu para los Derechos Humanos y Human Rights Watch. Vale la pena citar en cierto detalle la carta enviada por el director de esta organización, José Miguel Vivanco, a las autoridades colombianas:

“(…) de conformidad con el proyecto de reforma, la justicia penal militar asumiría automáticamente la competencia respecto de casos de torturas y violaciones sexuales de civiles cometidas por miembros de la fuerza pública durante dichas operaciones. También se iniciarían automáticamente en la justicia penal militar las investigaciones sobre ‘falsos positivos’, es decir, aquellos casos en que miembros del Ejército asesinan a civiles para luego vestirlos con prendas de tipo militar y presentarlos como miembros de grupos armados ilegales muertos en combate, ya que las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales se presentan como personas muertas durante enfrentamientos. (…)

El fuero militar, empero, no puede ser visto como una mera decisión desafortunada del gobierno colombiano. Es un elemento fundamental de la nueva ofensiva militar anunciada por Juan Manuel Santos para profundizar la guerra sucia y el despojo de territorios para beneficio de la explotación agroindustrial, la ganadería y la minería.

Es, por lo demás, una demanda que abiertamente venían haciendo los propios intereses económicos que se benefician de la guerra sucia, encabezados por los ganaderos, así como el mismo Ejército que reclamaban que juicios por violaciones de derechos humanos (ie., los “falsos positivos”) los estaban “desmoralizando”.

Concentración de Poderes

Otro elemento de la reforma que refuerza el control del Ejecutivo sobre la Rama Judicial es el cambio aprobado en relación a la elección de dos mecanismos de control claves como son el Procurador y Contralor: ya no se presentará una terna de candidatos presentados por la Corte Suprema, Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Ahora, los candidatos serán nominados directamente por el presidente y éstos serán elegidos por el Congreso. Nunca antes fue más acertado el conocido proverbio popular que dice que la ley es solamente para los de ruana.

Hay otros aspectos que no ahondaremos, pero que son parte integral del mismo control del Ejecutivo sobre la Rama Judicial, como son dotar de funciones administrativas a la Sala Disciplinaria, trasladar funciones jurisdiccionales de la Rama Judicial a notarios (designados por el gobierno), etc.

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