La Gaceta Jurídica

La reforma procesal penal y detención preventiva en Bolivia

Una investigación de la Fundación Construir, con asistencia técnica del Centro de Estudios en Justicia de las Américas y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, examinó el proceso de implementación del Código de Procedimiento Penal y el sistema de medidas cautelares en Bolivia entre 2008 y 2012.

Las audiencias y el sistema carcelario todavía son contradictorios en sus objetivos.

Las audiencias y el sistema carcelario todavía son contradictorios en sus objetivos. Foto: megalink.biz

La Gaceta Jurídica / Raúl Morales Romero

00:00 / 21 de mayo de 2013

El director ejecutivo de la Fundación Construir, Ramiro Orías, reveló que la investigación desarrollada a través del proceso de observación presencial ciudadana en las audiencias cautelares y la investigación de la Reforma Procesal Penal y Detención Preventiva en el país busca aportar nuevos escenarios que contribuyan a descongestionar el sistema de administración de justicia penal.

El documento cuenta con seis capítulos referidos a la Reforma Procesal Penal en Bolivia; Sistema de Administración de Justicia Penal en Bolivia; el Proceso Penal en Bolivia; Detención Preventiva en Bolivia, a la luz de los estándares; Observación ciudadana de audiencias cautelares, y Conclusiones y recomendaciones.

El sistema procesal penal

Actualmente el Estado transita hacia una reforma estructural del sistema de justicia, que ha hecho que se ponga en agenda nuevamente la discusión de reformular el sistema procesal penal.

Desde hace doce años que el Código de Procedimiento Penal, Ley 1970, se encuentra vigente, sin embargo, la justicia penal continúa con altas cifras de causas sin sentencia, lo que se traduce en índices de sobrepoblación carcelaria que hacen que la aplicación de detención preventiva se convierta en un serio problema en la aplicación de los derechos humanos.

El debate público habría cuestionado numerosas veces el espíritu garantista de la reforma, principalmente en aspectos relacionados al régimen de medidas cautelares, ya que se ha cuestionado el espíritu garantista de la reforma y el sistema acusatorio bajo el argumento de ser demasiado “complaciente con los delincuentes”, aspecto que ha motivado al Estado nuevamente adoptar modificaciones a las normas penales con enfoque meramente punitivo.

Así, entre 2003 y 2012 se han producido múltiples modificaciones al ordenamiento normativo penal y procesal penal, todas ellas tendientes al endurecimiento de penas y a la ampliación de las facultades discrecionales en fiscales y jueces para solicitar y determinar la detención preventiva.

En este sentido, los delitos de menor relevancia social, que hasta entonces tenían abierta la posibilidad para solucionarse por vías alternas a juicio, son encausados al proceso penal y con esto se produce sobrecarga procesal y se agravan los niveles de retardación de justicia, puesto que las medidas adoptadas no fueron acompañadas con la creación de nuevos juzgados, la inyección de recursos humanos y de infraestructura que permitan al aparato judicial responder a la demanda judicial.

Los altos índices de criminalidad, la excesiva duración de los procesos, así como la poca y débil respuesta del sistema de justicia a las demandas de los ciudadanos generan en la práctica que las medidas cautelares se apliquen como una especie de pena anticipada, frente a la imposibilidad del aparato judicial de llevar la persecución penal a una sentencia condenatoria a través de un proceso oral, público, contradictorio y fundado en el respecto de las garantías del debido proceso.

Ejes de estudio

El estudio trabajó en dos áreas. La primera destinada al análisis basado en la estadística judicial y penitenciaria en el país, inherente entre las gestiones 2008 a 2011, y la segunda destinada a la recolección de información sobre el funcionamiento del sistema de programación y desarrollo de audiencias cautelares en las ciudades de La Paz y El Alto, que albergan cerca del 20 por ciento del movimiento de las causas en la etapa preparatoria en Bolivia, buscando identificar cómo funciona el sistema de justicia penal en esta etapa y cuáles son los factores que motivan a la solicitud y a la aplicación de la detención preventiva en el país.

Esto fue posible gracias a la observación presencial del desarrollo de audiencias cautelares en los 15 juzgados de instrucción penal cautelar existentes en ambas ciudades.

La Fundación Construir, el Centro de Estudios en Justicia de las Américas, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, promovieron de forma conjunta la investigación Reforma Procesal Penal y Detención Preventiva en Bolivia con la finalidad de identificar los principales problemas que trascienden al uso excesivo de la detención preventiva para contribuir a la adopción de nuevas alternativas que permitan efectivizar la persecución penal y, a la vez, favorecer a la reducción progresiva de los índices de detención preventiva en Bolivia.

Es periodista.

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